Nuevo caso de semiesclavitud en el campo murciano

El capitalismo se ceba nuevamente con los más débiles, tras el último caso de semiesclavitud.

El pasado lunes 24 de junio, la Policía Nacional ha detenido a 46 personas en dos explotaciones agrícolas de Alhama de Murcia y en la pedanía Lorquina de La Hoya, como resultado de una investigación sobre una red dedicada a la captación de personas en situación irregular en España para trabajar con documentación falsificada y bajo condiciones laborales abusivas donde imponían condiciones de trabajo semiesclavas a las jornaleras.

Los detenidos están acusados de los delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil, violación de los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración ilegal e infracción a la Ley de Extranjería, según un comunicado de la Policía Nacional.

La investigación policial reveló que los encargados y administradores de las empresas implicadas reclutaban a personas sin permiso de residencia para trabajar en fincas agrícolas, explotándolas laboralmente y utilizando documentación de otras personas con permiso de residencia que estaban dadas de alta en una Empresa de Trabajo Temporal (ETT).

Los agentes descubrieron que esta práctica provocaba un «importante fraude» a la Administración, generando un doble beneficio para los involucrados. Los trabajadores en situación irregular recibían ingresos por su labor agrícola, mientras que las personas que prestaban su documentación obtenían prestaciones y ayudas por las jornadas laborales que no realizaban.

En el operativo fueron arrestadas 19 personas a las que se les atribuyen delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal. A otras 27, trabajadores y trabajadoras de las propias ETT´s , personas en situación irregular, a quienes lamentablemente también se les imputan diversos delitos.

Uno de los principales responsables de la trama fue detenido en Sevilla. En estos momentos, la investigación continúa abierta para identificar a otras personas y empresas que pudieran estar involucradas en la actividad delictiva de esta red de explotación.

La izquierda carga contra el silencio de la clase dominante ante el último y grave episodio de explotación laboral en los campos de Lorca

El Coordinador Regional de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia, José Luis Alvárez-Castellanos, y el concejal de esa formación en Lorca, Pedro Sosa, sostienen que los delitos contra los trabajadores del campo en Lorca, con las 46 detenciones practicadas por la Policía el pasado lunes, necesitan del concurso de las ETTs y de la inexistencia de controles públicos en la contratación laboral.

La misma semana de las detenciones en los campos de Lorca y Alhama de Murcia por la posible comisión de diversos delitos contra los derechos de los trabajadores, el portavoz local de IU, Pedro Sosa, y el Coordinador Regional de la organización regional, José Luis Alvárez-Castellanos,comparecieron ante los medios de comunicación de Lorca para "declarar la guerra a las ETTs". Coincidiendo ambos en denunciar que este tipo de noticias siempre se ilustra con las fotografías de las víctimas, que son los trabajadores del campo, y nunca con las de los presuntos delincuentes.

Sosa ha comenzado afirmando que en un pueblo como el de Lorca, en el que los partidos políticos suelen opinar de casi todo, después de estos cuatro días trascurridos desde las citadas detenciones, y pese a que nuestro municipio ha vueltos a ser portada en muchos medios, se ha vuelto a trasladar una pésima imagen de Lorca y de la Región a toda España. "Todos callan salvo IU".

Sosa ha hecho un relato histórico del nefasto papel de las ETTS en el devenir de parte de la peor historia social de Lorca, de su comarca y de nuestra Región. El edil de izquierdas sostiene que la degradación de las condiciones laborales de los trabajadores lorquinos y murcianos y de sus derechos salariales y sociales corre paralela a la introducción en el derecho laboral español de la figura de las ETTs. Un hecho que debemos al gobierno del PSOE de Felipe González en los años noventa del pasado siglo.

La presencia masiva de las ETTs en la intermediación de la contratación laboral no sólo perjudica a los trabajadores que tienen la desgracia de caer en sus garras, sino que al final es la sociedad en su conjunto la que sale perjudicada: la brecha salarial genera más desigualdad social en nuestra poblaciones y al final acaba reflejándose en la calidad de vida de todos.

Tras reseñar el conjunto de iniciativas que IU de Lorca ha impulsado al respecto en los últimos años con el concurso de otros cargos públicos de IU de la comarca y la región, Sosa ha recordado que esta lacra de las ETTs también tiene derivaciones en el ámbito del fraude a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social. Cuando se explota a un trabajador, ha afirmado Sosa, paralelamente se está defraudando a estas dos cajas públicas de todos.

Alvárez-Castellanos, por su parte, ha recordado que en lo que llevamos de año 2024 se han producido al menos 4 episodios similares al del pasado lunes. Como el caso de hace tan sólo 3 meses, donde CC.OO. denunciaba la muerte de un trabajador nicaragüense también en Lorca en condiciones "de esclavitud laboral". Las detenciones por estos delitos contra los trabajadores son por lo tanto muy numerosas, superarían en este corto espacio del tiempo más del centenar, y por lo tanto no estamos ante una cuestión puntual sino ante un problema estructural de nuestro mercado laboral y de nuestro sistema productivo que es necesario atajar.

El Coordinador Regional de IU afirma que aplaude las intervenciones inspectoras y policiales contra el esclavismo laboral en el campo desarrolladas el pasado lunes en Lorca y Alhama de Murcia, y que la primera de las medidas que van a exigir es la de intensificar esas inspecciones para castigar y desincentivar estas conductas estructurales. De otro lado el líder regional de IU también ha adelantado que con un gobierno de coalición con ministros de izquierdas y con la cartera del Ministerio de Trabajo en manos de Yolanda Díaz, vamos a pedir formalmente que introduzca en la agenda de la reforma laboral la supresión de las ETTs, para que sean las agencias públicas de colocación quienes recuperen las competencias exclusivas y excluyentes para intermediar en la contratación laboral que le fueron hurtadas con la creación de las ETTs.

Además Alvárez-Castellanos también exigía a los gobernantes regionales que dejen de estar de perfil ante estas noticias y ante las implicaciones que tienen en los derechos de los trabajadores, y ha avanzado que impulsará la presentación de una iniciativa en la Asamblea Regional, a través del Grupo Parlamentario de Podemos+IU, para exigir al Gobierno de López Miras que con carácter inmediato y en el ámbito de sus competencias se preste a colaborar con el Ministerio de Trabajo para intensificar el control y las inspecciones en el campo y erradicar estas conductas.

Por último, en declaraciones recientes, el secretario político del Partido Comunista de la Región de Murcia, Ginés Fernández, ha coincidido destacando que es una práctica empresarial habitual, la explotación de trabajadores migrantes en la región, señalando que esta situación se ve exacerbada por prácticas delictivas como en este caso, la falsificación de documentación. Según Fernández, estas prácticas tienen como objetivo principal beneficiar a empresas de trabajo temporal, las cuales considera un verdadero cáncer tanto para la región como para las condiciones laborales de los y las trabajadoras, quienes sufren una falta total de derechos.

Para el PCRM, este problema se atribuye a un modelo empresarial en Murcia caracterizado por un enriquecimiento rápido a expensas del incumplimiento de los derechos laborales y de la ley. Fernández critica este modelo neoliberal, especialmente marcado en una región donde gobierna el Partido Popular y la extrema derecha de Vox. Según el Secretario Político Regional, esta situación "refleja un ataque a los derechos humanos fundamentales, como el derecho a una vida digna", que, como indica, "los neoliberales buscan eliminar".

En definitiva, "la explotación laboral y las prácticas delictivas en la contratación son una realidad arraigada en la Región de Murcia, exacerbada por un modelo empresarial que privilegia el beneficio económico sobre los derechos humanos básicos», subraya Ginés Fernández.

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