¿Operación Toga contra la Ley de Amnistía?

La nueva investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno habría
encendido todas las alarmas en los despachos del establishment
españolista, formado por las élites financiera-empresarial, política,
judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del
Estado español por lo que habrían preparado una trama para impedir la
entrada en vigor de la llamada Ley de Amnistía que beneficiaría a cerca
de 500 procesados por los sucesos del 1 de Octubre.El
pistoletazo de salida de dicha asonada popular correspondió al vocero de
la FAES, el ínclito Aznar y tuvo lugar en la inauguración del máster de
Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria, desde donde
pontificó: 'todos los que puedan hablar, hablen, y todos los que puedan
actuar, actúen".Operación Toga del lobby judicial tardofranquistaEl
lobby judicial tardofranquista habría fagocitado los principales
estamentos judiciales del Estado español (CGPJ, Tribunal Supremo y
Tribunal de Cuentas) y tendría al Tribunal Supremo como muro de
contención de los decretos-leyes aprobados por el "rodillo progresista"
del Congreso; a su Presidente Francisco Marín Castán como croupier en la
ruleta de cargos y adjudicación de procesos judiciales, a los jueces
Marchena y Llarena como sus estrellas mediáticas y a los fiscales del
"Clan de los indomables" como sus abnegados peones. Asimismo,
el Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado "clan de los
políticos" en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo, y
habría devenido en "un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha
tardofranquista que mediante controvertidas decisiones judiciales se ha
afanado en intentar paralizar o revertir las decisiones políticas o
económicas del anterior Gobierno de Sánchez. Su
misión actual sería hacer inviable la entrada en vigor del sucedáneo de
la Ley de Amnistía que habrían consensuado Santos y Puigdemont como
condición ineludible para lograr el apoyo de Junts en la reciente
investidura de Pedro Sánchez como nuevo Presidente del Gobierno. Así,
como aperitivo, asistimos a las declaraciones del Presidente interino
del caducado CGPJ, Vicente Guilarte llamando a los jueces a" la rebelión
si son citados a declarar sobre presuntos casos de lawfare judiciales".

Carrera de obstáculos de la Ley de Amnistía La
ley de amnistía será tramitada por el procedimiento de "lectura única"
que permite simplificar los plazos pero debe contar con la aprobación
del Senado y dado que el PP dispone de mayoría absoluta en la Cámara
Alta, recurrirá al filibusterismo político para dilatar los plazos hasta
el paroxismo, por lo que se antoja altamente improbable la entrada en
vigor de dicha ley antes de la primavera del 2024. Por
otra parte, dicha Ley deberá relatar simplemente los presuntos hechos
delictivos susceptibles de ser amnistiados sin mencionar a las personas
beneficiarias de dicha medida y la aplicación de dicha Ley a cada
supuesto delictivo será individualizada y corresponderá a los jueces,
siendo el inclito Llarena el encargado de dilucidar la situación
procesal de Puigdemont y vistos los precedentes, se antoja altamente
improbable que Llarena conceda al ex Presidente catalán los beneficios
de dicha medida legal.Asimismo, en su campaña para dilatar los plazos de
aplicación de dicho al Ley, los jueces tardofranquistas procederán a
presentar una cuestión prejudicial al TJUE , lo que dilataría "in
eternis" la aplicación práctica de dicha Ley.Puigdemont imputado por terrorismoLa
nueva estrella mediática del Tardofranquismo Judicial, el juez de la
Audiencia Nacional, García Castellón habría imputado tanto a Puigdemont,
a Marta Rovira y al llamado "estado mayor del procés" por un presunto
delito de terrorismo por su implicación en la puesta en marcha en 2019
de la plataforma " Tsunami Democrátic", responsable de organizar
protestas masivas, desórdenes y atentados contra bienes públicos para
protestar por las condenas del procés.

El juez García Castellón, habría iniciado el sumario basándose tan sólo en
sospechas y presunciones contando tan solo como prueba con un informe
elaborado ex profeso por la Guardia Civil, aplicando en consecuencia la
llamada "investigación prospectiva" (prohibida en España).En la
jurisprudencia española podemos citar el Auto de la Sal Penal del
Tribunal Supremo de 1 de Julio de 2014 en el caso conocido como "chalet
de Estepona del Presidente de la Comunidad de Madrid" en el que
manifiesta rotundamente que "no puede pretenderse el inicio por este
Tribunal de una investigación meramente Prospectiva para tratar de
averiguar si una persona o ente jurídico ha cometido en algún momento
algún delito en relación a los hechos que se le imputan en ausencia de
cualquier dato o elemento objetivo que apoye esta posibilidad".Sin
embargo, a pesar del recurso de apelación presentado por la Fiscalía en
el que sostiene que " no existe delito de terrorismo sino desórdenes
públicos, por lo que la Audiencia Nacional no sería competente en este
caso", el juez Castellón habría derivado el asunto al Tribunal Supremo
quien previsiblemente se declarará competente en el caso y podría
dilatarlo en el tiempo.Escenario político inestable Tras
el fracaso de los escraches ante la sede de Ferraz, el PP de Feijóo
procederá a la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad al
TC, lo que podría suponer sus suspensión cautelar aunque contará con
escasas opciones de ser anulada por el Constitucional.En
el supuesto de que finalmente la Ley de Amnistía logré vencer todos los
obstáculos y produzca sus efectos benéficos en los presuntos
beneficiarios, corresponderá al Senado el turno de obstaculizar y
dilatar en el tiempo las iniciativas legislativas del Congreso así como a
las Comunidades Autónomas del PP quienes se declarán insumisas y se
negarán a aplicar las nuevas leyes aprobadas por el Congreso, lo que
significará de facto la consagración del "escenario teleónomico" en el
panorama político español que vendrá marcado por altas dosis de
volatilidad.

Germán Gorraiz López - Analista