Seis saharauis deportados a Marruecos el domingo por la noche

Alfonso Lafarga.- El Ministerio de Fernando Grande Marlaska ha deportado en septiembre y octubre a más de cuarenta activistas saharauis que buscaron refugio en España huyendo de la represión marroquí. Desde julio, Interior solo ha permitido la entrada de ocho activistas saharauis.

Seis activistas saharauis han sido deportados a Marruecos en la noche del 13 de octubre, domingo, con lo que son ya más de cuarenta los ciudadanos del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo pendiente de descolonización ocupado por el régimen marroquí, a los que el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, no ha permitido encontrar refugio en España.

En la sala de inadmitidos del aeropuerto de Madrid-Barajas todavía quedan pendientes de la resolución de su petición de asilo otros dos activistas saharauis.

Los seis activistas han sido expulsados tras serles negadas las peticiones de asilo, a dos de ellos en tres ocasiones; el pasado día 10, jueves, fueron enviados a Marruecos otros dos saharauis a los que también se denegó asilo político y la condición de apátrida, indicaron fuentes jurídicas.

Estas denegaciones a activistas saharauis, que en algunos casos han estado cerca de un mes en la sala de inadmitidos del aeropuerto de Madrid-Barajas, se han adoptado en contra de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNU), de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), de las peticiones de los partidos Sumar -socios de gobierno del PSOE-, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG, del sindicato CC.OO y de las organizaciones profesionales Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

A las peticiones para que los saharauis pudieran acceder a territorio español se sumó, después, el Defensor del Pueblo y en el pleno del Congreso de los Diputados del 9 de octubre Bildu, PNV, Podemos y BNG censuraron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por las deportaciones.

El Ministerio del Interior, tras impedir visitar en la sala de inadmitidos del aeropuerto a la diputada de Podemos Ione Baelarra, a la diputada Tesh Sidi y el diputado Enrique Santiago, de Sumar, y a las eurodiputadas Irene Montero e Isa Serra, de Podemos, y Ana Miranda, del BNG, autorizó a integrantes de la Comisión de Interior del Congreso visitar a los activistas saharauis para conocer la situación en la que se encontraban, pero después la anuló por “razones organizativas”.

Entre los saharauis que buscaron refugio en España destacaron el caso de la mujer Rbab al-Tarad Yahi, de 27 años, que sufrió un aborto en Barajas, que llegó a Madrid con su marido, Mohamed Ali Mohamed Slimani, de 34, y la hija de ambos, Aziza, de año y medio. También el del activista sordomudo y en tratamiento por cáncer Ali Hammou, del que se publicó una foto en el avión de vuelta con bridas de plástico en las muñecas y sujeto al asiento.

En el mismo vuelo viajaron a Marrakech otros quince activistas saharauis, que fueron entregados por la Policía Nacional a agentes de una empresa de seguridad marroquí en la sala de inadmitidos del aeropuerto. Allí, los agentes maniataron a los saharauis entes de ser llevados hasta el avión, donde aun no habían accedido los pasajeros. Las bridas no les fueron quitadas hasta que el avión sobrevoló territorio marroquí, según fuentes cercanas a los deportados.

En una deportación posterior más de una veintena de saharauis fueron entregados a los agentes marroquíes, dos por al menos por cada activista, esta vez en el mismo avión, donde se advirtió a los activistas que serian maniatados si oponían resistencia.

Desde julio, el Ministerio del Interior solamente ha permitido la entrada en España a ocho activistas saharauis que huyeron de la represión marroquí en el Sáhara Occidental ocupado y a los que inicialmente denegó la petición de asilo, entre ellos hombre y una mujer con discapacidad.

Y el recordatorio: Esta deportación, como las anteriores, ha sido adoptada por el Ministerio del Interior, cuya máxima autoridad, Grande-Marlaska , en su época de presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional firmó el Auto 40/2014 en el que se considera a España la “potencia administradora de iure” del Sáhara Occidental, “y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso”.