Transgénicos, mentiras y agronegocio

El 25 de febrero de 2013, los estados miembros de la Unión Europea (UE) acordaron un protocolo para las pruebas que evalúan la toxicidad de los alimentos transgénicos destinados a alimentación humana y animal. Dichas pruebas toxicológicas se realizan alimentando ratas de laboratorio, hasta ahora durante 17 días, ampliados a 90 por el nuevo protocolo. De 27 estados miembros participantes en el Comité Permanente sobre Cadena Alimentaria y Salud Animal, 20 votaron afirmativamente, cuatro votaron en contra (Reino Unido, Holanda, Bélgica y Suecia) y se abstuvieron Portugal y Letonia.

Este acuerdo se produjo tan sólo 5 meses después del revuelo provocado por la publicación, en la revista científica “Food and Chemical Toxicology” el 19 de septiembre de 2012, de un estudio de toxicidad a largo plazo (2 años) del glifosato Round up Ready y del maíz transgénico NK-603 resistente a este glifosato propiedad de Monsanto. Este estudio, realizado por Gilles Eric Seralini y su equipo, probó que se producían daños en riñones e hígado y se desarrollaban tumores tras una alimentación prolongada con este maíz transgénico. Estos daños se agudizaban si los animales bebían agua en la que se había diluido glifosato (1).

Esta investigación fue desautorizada inmediatamente por Monsanto, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y científicos vinculados a las multinacionales biotecnológicas por emplear “métodos científicos poco rigurosos” a pesar de ser los mismos que utiliza esta multinacional. Algunos científicos defendieron la conveniencia de evaluar los riesgos a largo plazo y el carácter innovador de este estudio al combinar transgénicos resistentes a herbicidas y los herbicidas que se aplican en el propio cultivo que alimenta a seres vivos. La difusión de esta controversia en medios científicos y de divulgación ha promovido que, agencias de seguridad alimentaria de los países de la UE –en particular la Agencia francesa de Seguridad Alimentaria (ANSES)- se sumen a las reclamaciones de las ONGs sobre normas más rigurosas para las pruebas experimentales.

Aunque esta nueva legislación parece un avance a favor de la seguridad alimentaria, no lo es. Pasar de 17 a 90 días no es suficiente.

En primer lugar, se trata de un cambio formal. El 75% de los estudios que presentan las multinacionales realizan pruebas toxicológicas a 90 días, sin los cuales, no podrían acreditar el 80% de significación estadística obligatoria (2) para que sean aceptables sus resultados.

En segundo lugar, 90 días no bastan para evaluar efectos crónicos sobre la salud y comprobar si producen tumores y daños en órganos como riñones e hígado, encargados de eliminar tóxicos. El estudio de Seralini ha demostrado que se necesitan, al menos, 2 años de seguimiento y tener en cuenta el paquete agrotóxico que acompaña al transgénico.

En tercer lugar, la evaluación de riesgos seguirá empleando la Evaluación Comparativa, procedimiento desarrollado desde el año 2000 por el International Life Science Institute (ILSI), institución creada por la industria biotecnológica para influir en los protocolos científicos de evaluación de riesgo de la Unión Europea (UE), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización para la Alimentación (FAO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Codex Alimentarius (Comisión creada en 1963 por la FAO y la OMS que establece las reglas sanitarias que se aceptan como científicas en caso de conflicto comercial entre países y a la que se ha denunciado por su alineamiento con la industria).

La Evaluación Comparativa es una nueva versión del desacreditado Principio de Equivalencia Sustancial desarrollado por la OCDE en 1993 (3). “Evaluación Comparativa” y “Principio de Equivalencia Sustancial” sirven para escamotear una evaluación de riesgos exhaustiva al considerar que existen semejanzas (en el primer caso) o equivalencias (en el segundo) entre transgénicos y sus homólogos convencionales. Por tanto, son procedimientos aparentemente científicos para exonerar a la industria de pruebas toxicológicas completas, ahorrándoles costes y facilitando su autorización. Hace años que se denuncia a diversos científicos que participan o han participado en el Grupo evaluación de transgénicos (GMO Panel) de la Agencia europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) por haber pertenecido al ILSI. Pero estas denuncias no acaban con el compadreo entre instituciones públicas e institutos privados al servicio de las multinacionales.

Esta decisión levantó la moratoria relativa que mantenía la Comisión Europea al tener que reconocer -tras la denuncia de Seralini- que los estudios de evaluación que se han estado validando todos estos años, no eran suficientes. Aunque la Unión Europea había suspendido las autorizaciones pendientes hasta adoptar una decisión sobre los protocolos oficiales y acordar un test toxicológico obligatorio de 90 días, los gobiernos, reunidos en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria, han acordado que la nueva legislación no se aplique a los 93 casos pendientes. Es decir, el acuerdo entre gobiernos sólo sirve sortear un bloqueo y reabrir de nuevo el proceso, sin que nada cambie.

Las empresas químicas, farmacéuticas y biotecnológicas tienen que probar la efectividad de los productos que sacan al mercado, pero también su inocuidad. Pero las investigaciones deben acortarse lo más posible para que el negocio sea rentable. Por eso, el complejo químico-farmacéutico-biotecnológico presiona a las autoridades encargadas de las autorizaciones y del seguimiento de los productos en el mercado, para que los protocolos sean lo menos exhaustivos posible (4). A su vez, para evitar la competencia, pero también para no sean acusados de falta de rigor científico (aunque no tienen empacho en desacreditar los estudios de científicos independientes que llegan a conclusiones contrarias a sus intereses), procuran poner a científicos afines en las instituciones de evaluación que, por un lado, avalen sus resultados diciendo que son eficaces y seguros y, por otro, que no revelen los datos en los que se basan dichos resultados apelando al secreto comercial.

Aparece también una controversia que no es menor: los estudios toxicológicos experimentales emplean animales de laboratorio, lo que va contra el bienestar y una mínima ética en nuestra relación con los animales. La Comisión Europea está desarrollando iniciativas para reducir el testeo con animales. En esta carrera para exigir a las empresas exhaustividad y minimizar los daños por la introducción de tóxicos en nuestras vidas, cada vez se realizan más estudios en los que llevan la peor parte los animales que nacen, viven y mueren en el laboratorio. Su existencia está destinada a crearles enfermedades mediante la manipulación genética y otros métodos y después probar en ellos los nuevos tratamientos. En el caso que nos ocupa, en el laboratorio los animales son sometidos a pruebas toxicológicas de alimentos transgénicos que no necesitamos y, fuera de él, están causando daño a animales, plantas y personas en un experimento social a gran escala en el que el único beneficio cierto es el negocio de las multinacionales.

El 13 de enero de 2013, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) anunció en un comunicado que iniciaba un proceso de transparencia en la evaluación de riesgos dando acceso al público y a los científicos que lo requirieran a los estudios de evaluación toxicológica que justifican sus decisiones. En ese comunicado divulgaba los datos del maíz NK603, de los estudios propiedad de Monsanto, añadiendo una nota en la que decía que no asumía la responsabilidad legal del copyright de estos informes (5). Inmediatamente, Monsanto amenazó con denunciarla si revelaba datos confidenciales de los maíces transgénicos de la compañía. No se ha dado acceso a ningún otro dossier sobre los transgénicos de Monsanto u otra multinacional desde entonces a pesar del casi centenar de autorizaciones pendientes. No resulta muy creíble que la EFSA lleve a cabo una reforma para priorizar la seguridad de l@s consumidor@s y la protección del medio ambiente y la imponga al complejo químico-farmacéutico-biotecnológico. Más bien parece ser un lavado de imagen.

Año y medio después, la situación no es muy diferente. La EFSA, que debería velar por nuestra salud, sigue en manos de científicos que trabajan, sobre todo, para los intereses de las multinacionales del agronegocio. Antes del verano se ha abierto la posibilidad de vetar los cultivos transgénicos a nivel estatal (aunque no podrán prohibir importaciones de piensos ni la comercialización de alimentos transgénicos), en una controvertida norma que ha obtenido el apoyo de los gobiernos protransgénicos como el español porque así se desbloquea el proceso de autorizaciones por parte de los estados que apuestan por el principio de precaución. Por último, el Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio EEUU-UE, aun en negociación pero empoderando a las multinacionales sobre la soberanía de los estados miembros, favorecerá una adaptación de las normas europeas a las de EEUU que impiden un simple etiquetado para proteger el derecho a no consumir alimentos transgénicos.

Por la seguridad y soberanía alimentaria de todas las personas y todos los pueblos, reclamemos el derecho a una Alimentación Agroecológica, sin químicos ni transgénicos, cultivada por familias campesinas y distribuida en circuitos cortos de comercialización.

Notas
(1) “Seralini y la ciencia, una carta abierta”, Tachai 36, pag 23-25.
(2) “Alimentos transgénicos, Principio de Precaución y Consumo responsable Agroecológico”, Tachai 36, pag- 28-29.
(3) “Alimentos transgénicos, Principio de Precaución y Consumo responsable Agroecológico”, Tachai 36, págs. 28-29.
(4) “Salmon transgénico. Enfermedades y negocios”, Tachai 37, pag. 30 y 31.
(5) Enlace al comunicado: “EFSA promotes public access to data in transparency initiative”

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN AGROECOLÓGICA
(16 OCTUBRE 2014)

Alimentar al mundo, cuidar el planeta
Defender la Agricultura Familiar Agroecológica
Garantizar una Alimentación sin Transgénicos ni Agrotóxicos