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México, México :: 01/06/2016

A 9 años de la desaparición forzada de nuestros compañeros

PDPR-EPR

Al pueblo de México
A los pueblos del mundo
A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A los organismos no gubernamentales defensores de los Derechos Humanos
A las organizaciones políticas, populares y revolucionarias
¡Hermanos, hermanas, camaradas!

A un año de cumplirse una década, a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez el Estado mexicano los sigue manteniendo en condición de detenidos desaparecidos por motivos políticos, por su condición de revolucionarios y su militancia en nuestro Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR).

Nueve años de impunidad del Estado mexicano; nueve años de creciente espiral represiva contra el pueblo; nueve años de maniobras dilatorias para tratar de sepultar en el olvido los crímenes de lesa humanidad; nueve años de terrorismo de Estado; nueve años de permanente revictimización de las víctimas del terrorismo de Estado; nueve años de constante hostigamiento a los familiares de todos los detenidos desaparecidos; nueve años donde no han cesado las detenciones desapariciones por motivos políticos o sociales.

Nueve años que confirman que el terrorismo es política de Estado.

Desde los gobiernos profascistas de Ulises Ruiz y Felipe Calderón primero se negó el crimen de lesa humanidad mientras nuestros compañeros eran sometidos a tratos crueles y degradantes en instalaciones de los cuerpos policíaco militares; después se pretendió desvirtuar su condición de revolucionarios al sostener la burda versión del “ajuste de cuentas”; posteriormente se maniobró para presentarlos como muertos y dar carpetazo al crimen de Estado respaldados en nefastos peritos gubernamentales armando guiones a modo; en la actualidad se pretende diluir la responsabilidad del Estado en el cometido del crimen omitiendo o violando su propio marco jurídico oligarca.

En conjunto constituye parte de la respuesta gubernamental para apuntalar la impunidad y la protección a los criminales de Estado para que sigan cometiendo nuevos crímenes de lesa humanidad, que en la actualidad las víctimas directas –tan sólo de ejecutados extrajudicialmente y detenidos desaparecidos por motivos políticos o sociales- suman más de medio millón en el transcurso de 16 años. Se configura la magnitud del genocidio contra los oprimidos y explotados en México.

Durante todo este tiempo desde la dictadura de opinión, los monopolios de la comunicación y los voceros oficiosos del régimen han justificado, avalado, promovido y exigido la implementación del terror como política de Estado, amparándose en el fetiche de la seguridad como condición para el desarrollo económico y la “paz pública”, que desde el régimen se sostiene como política para diseminar el terrorismo de Estado en todo el país.

En estos nueve años se confirma también que los dueños de los monopolios de comunicación y los voceros oficiosos del régimen enfundados en su oficio de “columnistas”, “analistas”, “titulares de espacios noticiosos”,… son parte del engranaje represivo del régimen y al mismo tiempo corresponsables de los crímenes de lesa humanidad, al desarrollar la criminal labor de propagandistas y hacer apología a la política profascista del régimen.

Los políticos de oficio elaboraron leyes que fortalecieron el estado de derecho oligárquico y establecer un Estado policíaco militar, avalando los crímenes de lesa humanidad contra todo “transgresor” de la ley; ante la magnitud del fenómeno y la creciente protesta popular que exige juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado, oportunistamente estos mismos politicastros suman en su discurso la “exigencia” del “esclarecimiento” y no más “desaparecidos”, es decir, sólo buscan asegurar su modus vivendi sin enjuiciar al Estado mexicano.

Tanto el gobierno y políticos de oficio son hipócritas y lucran políticamente con los crímenes de lesa humanidad y el dolor de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, en sus discursos e “iniciativas” sólo proponen la especialización y crecimiento del aparato represivo, simulan resolver los crímenes de Estado con más represión, medran con el dolor de las víctimas del terrorismo de Estado para hacerse llegar más cotos de poder político y económico.

Para el pueblo va quedando cada vez más claro que la detención desaparición forzada de personas por motivos políticos o sociales, así como otros crímenes de lesa humanidad, son práctica y política del Estado, dichos crímenes se cometen contra el pueblo en acciones de carácter fascistas. También es obvio que desde el Estado nunca enjuiciarán a los perpetradores al ser parte de ellos.

Se equivocan quienes piensan que con el terrorismo de Estado van a quebrantar la voluntad de combatir de nuestro pueblo y van a aniquilar su lucha y organización por la emancipación popular; equivocados están si consideran que se abandonará la demanda de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos. En contra partida, todo este tiempo ha significado:

Nueve años de lucha popular contra la impunidad y el olvido; nueve años de exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos que se suman a las víctimas de los años 60’s, 70’s y 80’s del siglo pasado; nueve años de indignación popular y dignidad combativa que no olvida, ni perdona, ni lo haremos jamás.

Nueve años de la detención desaparición de nuestros compañeros donde hemos encontrado y recibido la más fraternal y sincera solidaridad por parte de nuestro pueblo; nueve años donde sin intención de lucro o protagonismos mezquinos muchos han levantado la bandera de la presentación con vida de nuestros militantes poniendo a disposición de esta exigencia sus conocimientos, experiencia y disposición de lucha, porque los detenidos desaparecidos son del pueblo.

La Comisión de Mediación, la Comisión Civil de Búsqueda y Seguimiento y otros esfuerzos organizativos, en su labor humanitaria y de solidaridad han coadyuvado a la búsqueda de nuestros compañeros, los resultados de su invaluable acción han demostrado y confirmado que el responsable de la detención desaparición forzada de nuestros compañeros es el Estado mexicano. Para ellos nuestro más sincero reconocimiento, seguros estamos que su labor sigue siendo necesaria en tanto coadyuva al conocimiento de la verdad histórica.

Por experiencia compartida al lado de nuestro pueblo, hemos reflexionado conjuntamente respecto a la espiral de terrorismo de Estado que se vive en el país: ¿Qué pasaría si cada uno de los detenidos desaparecidos hubiese estado organizado y armado? ¿Si hubiera tenido un arma en la mano para defenderse en igualdad de condiciones ante el aparato represivo? ¿Qué hubiera sucedido si los más de 300 mil detenidos desaparecidos hubieran recurrido a la autodefensa armada para hacer frente a los criminales de Estado? ¿Qué pasará si este pueblo agraviado y ultrajado desde el Estado se arma contra sus opresores para no permitir nuevos crímenes? ¿Qué pasará cuando nuestro pueblo decida ejercer la justicia popular?

Sólo la práctica y la historia serán el juez y darán el veredicto de estas interrogantes. De lo que estamos seguros es de la necesidad de que el pueblo se arme y procure su propia autodefensa ante el terrorismo de Estado.

La exigencia popular sigue siendo la presentación con vida y en libertad de todos los detenidos desaparecidos de manera forzada; a lo largo y ancho del país se debe seguir exigiendo juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad y alto al terrorismo de Estado.

¡A organizar la lucha contra el terrorismo de estado!
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos de ayer y hoy!
¡Por la revolución socialista!
¡Vencer o morir!
¡Por nuestros camaradas proletarios¡
¡Resueltos a vencer!
¡Con la guerra popular!
¡El EPR triunfará!

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO - PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO - CG-EPR

 

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