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Ante la baja de 10 militares: Es hora de reflexiones serenas y no belicistas
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, abril 16 de 2015
El pasado martes 14 de abril en debate en el Congreso, sobre la reforma constitucional del fuero penal militar, que otorga más blindajes jurídicos a las fuerzas armadas, todos los poderes públicos se alinearon con la tesis según la cual debe prevalecer el Derecho Internacional Humanitario (DIH), para que sean sus normas las que se apliquen a la investigación y valoración o eventual juzgamiento de las conductas de los miembros de la fuerza pública en relación con el conflicto armado.
Horas después y como producto del asedio de la Fuerza Pública se produce el combate tras el cual perecen varios miembros del ejército y un guerrillero, como lo ha dicho el alto mando militar. El país y el mundo ya conocen nuestra posición sobre los hechos luctuosos, los cuales lamentamos profundamente.
Siendo claramente un suceso de enfrentamiento o confrontación típica entre dos ejércitos o contendientes para los que rige el estatuto del combatiente, que es una institución obligatoria de Derecho Internacional, con alcance en cuanto a derechos, riesgos, contingencias y obligaciones de los integrantes de una y otra parte, nos hallamos ahora con declaraciones sin fundamento, como las que ha hecho el Fiscal General, acerca de que las FARC-EP incurrió en infracción al DIH.
¿De dónde saca entonces el Fiscal Montealegre la tesis de que los miembros del ejército entran en la categoría de persona protegida? ¿De qué crimen internacional nos habla?
No entendemos que en pocas horas, para una parte se valide el marco del DIH a fin de que las acciones del ejército oficial sean vistas al amparo de esa normativa, y en cambio, para la guerrilla, se niega la aplicación de sus principios de manera injusta pretendiendo equiparar a los integrantes de la fuerza de Tareas Apolo a personas civiles, obviando la existencia de un conflicto armado que se ha reconocido durante el debate del fuero penal militar por las propias leyes colombianas. La unilateralidad, parcialidad, distorsión e imposición, siguen siendo el instrumental usado por el Estado en la maraña jurídica y mediática con la que tapona el proceso de paz.
Estamos no sólo dispuestos al debate abierto sobre los marcos jurídicos y reglas que deben servir a la regulación del conflicto armado en el cual se empeña el gobierno y una parte del establecimiento desoyendo los clamores ciudadanos de un cese bilateral al fuego, sino a dar con franqueza la discusión y llegar a acuerdos sobre los mecanismos de justicia que deben regir para todos en el post-acuerdo.
Dadas las circunstancias, con la negativa del gobierno a firmar el cese bilateral del fuego, el único responsable de las víctimas que se están generando por la persistencia de la guerra, es el Estado.
