¿Anticipo del Futuro? Con el agua en las rodillas saquearon una farmacia

Se llevaron sin pagar medicamentos y algunos artículos sanitarios y de belleza. Ocurrió el día anterior a que el Ministerio de Desarrollo Humano de la Nación cerrara 300 unidades de gestión que beneficiaban y contribuían a organizar barrios populares.

En la madrugada del domingo 3 de marzo, cayeron en pocas horas 300 mm en la ciudad de Corrientes. El temporal provocó la inundación de muchos barrios, destrucción de infraestructura y vivienda y dejó un saldo de miles de evacuados. La lluvias fueron calificadas por las autoridades provinciales como “la peor catástrofe natural de la historia”. Esa provincia viene transitando en los últimos años una sucesión de hechos y fenómenos, asociados al cambio climático, que no tienen antecedentes.

En 2022 se produjo el mayor incendio de su historia, cuando distintos focos ígneos, que se iniciaron en enero y se prolongaron hasta el mes siguiente, consumieron más de un millón de hectáreas, el doce por ciento de la superficie provincial. En 2023. La provincia de Corrientes al igual que toda la región pampeana (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa) sufrieron la peor sequía de los últimos 20 años. Lo que ocurrió en Corrientes no es producto de la mala suerte. Son las consecuencias del cambio climático y el modelo productivo con avance del monocultivo sobre el bosque nativo, y quemas intencionales para el establecimiento de nuevos cultivos o especies forestales exóticas.

En un país como Argentina, donde 47% de sus habitantes son pobres según el último informe de la UCA, Corrientes es una de las provincias más afectadas por la indigencia y la pobreza. También es una de las provincias con más migración hacia otros lugares del territorio nacional con más posibilidades de ofrecer trabajo. Las políticas de ajuste del gobierno de Milei han empeorado las condiciones de vida de la mayoría de la población. A los vecinos detenidos por los saqueos se les secuestró un botín de dos bolsones de pañales de 36 unidades cada uno, 16 cajas de analgésicos Actron, un blister de máquina de afeitar Gillette Match 3, un pote de átomo desinflamante, 5 pinturas para uñas, 3 labiales, y 2 latas de un kilo de leche especial Ensure.

Al día siguiente de producidos el saqueo en Corrientes, el Ministerio de Desarrollo Humano de la Nación dio de baja 300 unidades de gestión que aportaban a canalizar la ayuda social a los barrios populares. En estas oficinas, que se constituían en locales de organizaciones populares territoriales, militantes sociales hacían trabajos que les corresponden al Estado para garantizar que los recursos lleguen a los beneficiarios y que las obras emprendidas con dineros estatales, fueran realizadas y rendidas en tiempo y forma.

La decisión de la Ministra Petovello es un nuevo golpe a las organizaciones sociales caracterizadas como “intermediarias”, o “tercerizadas” por un amplio marco político que incluye a todas las fuerzas con representación parlamentaria, con excepción de la izquierda.

En junio de 2022 Cristina Kirchner afirmó que “el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”. Patricia Bullrich denunció que “toda aquella persona que recibe una ayuda del Estado debe tener un trabajo, una salida hacia la libertad y no un dominio de este tipo de organizaciones”. Javier Milei fue más contundente: “La ayuda la tendrían que recibir de manera directa las personas vulnerables y que nada quede en el medio. Lo único que vamos a hacer es transparentarlos (los planes) y quitar del medio los intermediarios. No solo es una perversión que les quiten dinero sino que también es una perversión que después los obliguen a participar de marchas y demás, para mantener el negocio de cuatro o cinco vivos”.

El intento de desactivar a las organizaciones territoriales, que se ha ido convirtiendo en un punto donde no hay grieta, no resiste el registro histórico para quienes alguna vez festejaron la consigna “Piquetes y cacerolas, la lucha es una sola”.

Tampoco parecen recordar que cuando se hizo el mapa de saqueos de 2001, estos advertían que se habían producido donde no había organizaciones sociales territoriales (los MTD de aquellos años) y donde los liderazgos eran asumidos por organizaciones más silvestres, muchas veces asociadas a la delincuencia.

Por ejemplo en el Gran Buenos Aires, los plantones exigiendo alimentos que organizaron la coordinadora Anibal Veron y el MTR a los Hipermercados, las grandes avícolas o los frigorificos exportadores, contrastaban con los saqueos a kioscos, almacenes y supermercados de barrio que se produjeron en barrios poco organizados. En estos últimos, se produjeron los incidentes y las muertes.

La irresponsabilidad de la clase política argentina que ha gobernado en los últimos años nos plantea un escenario futuro de catástrofes ambientales, aumento de la pobreza e indigencia y saqueos o enfrentamientos entre pobres, aplastados por represiones feroces. Las y los saqueadores de Corrientes nos traen una postal del futuro.

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