Argentina: ¿Qué hacer con la deuda pública?

Y en cada nueva negociación para regularizar la situación se profundizan los mecanismos de la dominación y subordinación a la lógica del capital mundial. A modo de ejemplo veamos la foto actual de la dinámica de los vencimientos para el 2020.

Según información de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda de la Argentina, los vencimientos de la Deuda Bruta de la Administración Central, lo que excluye a la asumida por los Estados provinciales, para el 2020 ascienden a 63.806 millones de dólares, de los cuales, 48.968 millones son de capital y 14.838 millones a intereses.

Lo que interesa discutir es la capacidad de pago de esos vencimientos, los que deben hacerse con divisas. Argentina obtiene las divisas del resultado comercial superavitario, de préstamos internacionales o de ventas del capital público.

El capital público se agotó en las privatizaciones de los '90 del siglo pasado, aun cuando pueden enajenarse recursos naturales que pertenecen a las provincias, según la reforma constitucional de 1994. Los préstamos están cerrados desde el mercado mundial, por lo que se acudió en 2018 al FMI.

El balance comercial, equivalente a los vencimientos de los intereses es ilusorio, ya que, ante la mínima reactivación productiva de la dependiente industria local de insumos externos, crecerían las importaciones de esos insumos en bienes de capital e intermedios y por lo tanto mermaría o desaparecería el superávit.

La Argentina no emite divisas y tiene limitaciones para acceder a las monedas internacionales, salvo acuerdos bilaterales o multilaterales similares al realizado con el FMI en 2018 por 57.000 millones de dólares, claro, con condicionalidades.

¿Cuáles serían las condicionalidades de un próximo prestamista a la Argentina desde el 2020? Observar la demanda que hay desde los principales países del capitalismo desarrollado de los bienes comunes no resulta extraño. El país mantiene abundante tierra, agua dulce y cuantiosos recursos bajo tierra, especialmente los contenidos de gas y petróleo no convencional en el yacimiento Vaca Muerta, o las reservas en litio.

La información del Ministerio de Hacienda ofrece también la secuencia de pagos anuales hasta el año 2117, producto del bono a 100 años suscrito en 2017. El total de deuda bruta nacional al 2117, excluyendo a las provincias alcanza los 423.842 millones de dólares, de los cuales, 308.743 millones corresponden al capital y 115.099 millones de dólares a los intereses. La deuda pública es una hipoteca impagable a sufrir por varias generaciones.

Mecanismo de dominación

En definitiva, la deuda es un mecanismo de dominación. Señala Carlos Marx en su estudio sobre los orígenes del capitalismo que “La deuda pública se convierte en una de las palancas más efectivas de la acumulación originaria”.

Luego destaca Marx la relación entre la deuda y el sistema impositivo, asociado el endeudamiento con la cuestión fiscal, algo que está presente en la coyuntura en las políticas de austeridad sustentadas en los acuerdos que promueve el FMI.

Cancelar deuda vía ajuste fiscal no es ninguna novedad y está en el origen de la construcción del orden capitalista. Si de origen se trata, para el caso de la Argentina, la construcción del Estado Nación se asocia al préstamo de la Baring Brothers en 1824, gigantesca hipoteca cancelada un siglo después.

De igual modo, el endeudamiento público externo argentino durante la dictadura genocida (1976-1983) constituyó el mecanismo privilegiado de inserción subordinada del país en la nueva lógica que asumía la reproducción del capitalismo mundial bajo hegemonía de las transnacionales financieras.

Vale recordar en ese sentido la crisis de los '70, que incluyó la dimensión monetaria con la “inconvertibilidad del dólar” declarada por Richard Nixon, Presidente de EEUU, en agosto de 1975.

La decisión unilateral estadounidense rompió con los acuerdos de Bretton Woods de 1944, de dónde surgió el acuerdo financiero con el FMI y el Banco Mundial como organizaciones rectoras. La capacidad de acción unilateral estadounidense es aún mayor que entonces.

La inconvertibilidad del dólar es un antecedente de no pago de la deuda de una nación ante tenedores externos de títulos de ese país. Con la medida EEUU incumplió el canje de dólares que devolvían países europeos por oro en garantía de esos dólares y custodiado por EEUU, acuerdo suscrito en 1944.

Está claro que la dominación económica incluye las distintas dimensiones de la política económica, sea la producción o aquellas relativas a la circulación, tal como la política monetaria, financiera o cambiaria; y muy especialmente la política fiscal y de ingresos.

Por ello, no debe sorprender lo manifestado por el propio ministro de la Dictadura genocida, José Alfredo Martínez de Hoz a la salida del gobierno, al señalar que la medida más revolucionaria gestada bajo su gestión (abril de 1976 a marzo de 1981) fue la Ley 21.526 de Entidades Financieras promulgada bajo la dictadura en 1977 y aún vigente.

La deuda pública es un mecanismo de dominación en el origen del capitalismo y constituye una fuerte referencia para pensar los modos contemporáneos de reproducción de la lógica de dominación del capital transnacional más concentrado.

Iniciativa del poder y la del contrapoder

Constituye la deuda una parte sustancial de la iniciativa del poder, lo que resulta evidente en el caso de la Argentina. La deuda era impagable en 2018 y sin embargo el FMI otorgó el préstamo más grande de su historia, por unos 57.000 millones de dólares, a un país que no podía reembolsar esos fondos.

El interrogante sobre la decisión trasciende la economía y las finanzas y se asienta en la política. El gran decidor en el FMI es EEUU y el gobierno de Donald Trump apostó a la continuidad en el gobierno de la Argentina por Mauricio Macri, quien mejor expresaba en la región la política exterior estadounidense y su interés por el petróleo de Venezuela y la erradicación de toda propuesta crítica a EEUU y al capitalismo.

No tuvo éxito en el propósito, pero asumirá el “acuerdo” como un chantaje para llevar adelante el programa del ajuste y las reformas estructurales, que actúa sobre una parte de la sociedad que asume la irreversibilidad del pago de la deuda.

Todo el arco ideológico a la derecha y cierta parte de la llamada centro izquierda está sujeta al chantaje de “honrar” la deuda, por lo que resulta imprescindible llevar adelante una Auditoría Integral con participación ciudadana para determinar la legalidad y legitimidad de la nueva y de la vieja deuda.

Investigaciones de la deuda hay muchas, no solo en la Justicia, sino en diferentes ámbitos del movimiento popular y la sociedad, los que deben sistematizarse cruzando la información digitalizada en el BCRA, relativo al movimiento internacional de capitales. Se trata de descifrar quiénes fueron los responsables y beneficiarios del endeudamiento.

Los responsables de la gestión económica y financiera deben ser investigados, tanto como los principales operadores del movimiento internacional de capitales, estrechamente asociados al fenómeno fuga de capitales.

Todo lo señalado supone la organización de una gran y amplia campaña de esclarecimiento sobre la deuda pública, su origen y motivaciones, sus condicionantes y las perspectivas de asumir uno u otro rumbo.

Por lo pronto, el Presidente electo anticipó que no se demandarán los desembolsos por el remanente del acuerdo suscrito entre el Gobierno Macri y el FMI. Ya se desembolsaron 44.149 millones de dólares para un total de casi 57.000 millones de dólares. También se sostuvo que no se cancelará deuda hasta que no se recupere la economía local, es decir, primero crecer y luego pagar. Con ambas declaraciones se augura un conflicto importante con el FMI y su socio fuerte detrás, EEUU.

Las negociaciones con el FMI ya empezaron y se puede lograr plazo para la cancelación, pero no la quita de intereses o de capital, y mucho menos concesiones en las “condicionalidades”, las que apuntan a reaccionarias reformas laborales, previsionales y tributarias, sin perjuicio de un profundo ajuste fiscal contra los gastos sociales.

Por eso se impone un gran debate ideológico para una movilización social en la disputa por el consenso mayoritario por la Auditoría integral de la deuda con participación ciudadana para definir la legitimidad de las deudas.

Para confrontar la iniciativa del poder hace falta enfrentarla con otra iniciativa contraria, que tiene que superar la ilusión relativa a la posibilidad de negociar la deuda y generar condiciones para su cancelación. La deuda es impagable y la prioridad deviene por satisfacer demandas de la mayoría social.

Apuntamos a la necesidad de resolver los problemas de la pobreza, en torno al 40% estimado para fines de año, dentro de lo cual aparecen las necesidades alimentarias: el hambre y otros aspectos que hacen a la reproducción de la vida cotidiana de la mayoría social empobrecida, unos 16 millones de personas.

Se trata de recomponer ingresos populares de manera inmediata: salarios, jubilaciones y planes sociales. Es la mayoría de la población en Argentina y que anima el consumo, que resulta el 80% de la ecuación macroeconómica actual, producto de la baja inversión y el escaso volumen del comercio exterior.

¿Es posible avanzar por este camino?

Lo definitorio será la voluntad social organizada y movilizada, por eso se requiere un accionar deliberado, programado para instalar la contradicción entre atender la demanda de los acreedores externos y la de los acreedores internos de alimentación, salud, educación, energía o cuantiosos derechos detrás de las reivindicaciones de la mayoría social empobrecida.

Se me consulta si hay recursos para atender estas necesidades. En principio habrá que acudir a la emisión monetaria y postergando pagos de la deuda pública, lo que habilita el uso de recursos de las reservas internacionales para estimular la activación de la economía, vía producción y consumo. No es una novedad. Así ocurrió en el 2002, lo que supuso una recuperación económica con base en la suspensión parcial de los pagos en diciembre del 2001.

La Argentina está en default selectivo, que deberá ampliar ante la imposibilidad de hacer frente a los vencimientos de la deuda. Eso agravará las posibilidades de financiamiento en el mercado de capitales y, de hecho, el país tendrá que procesar su política económica sin acudir al crédito externo y favorecer un proceso dinámico de acumulación sustentado en la inversión pública, solo posible postergando pago de intereses y capital de la deuda pública, además de una progresiva reforma tributaria que grave a las principales fortunas.

Complementariamente deberá reformar el régimen financiero, que data de tiempos de la dictadura genocida, la Ley de Entidades Financieras de 1977, para avanzar en mecanismos de socialización de la banca, con participación social en la toma de decisiones. Al mismo tiempo deberá avanzar en el control de cambios y del comercio exterior, lo que supone la re-estatización de puertos y el transporte.

El control de la inflación es clave y requiere terciar en la disputa de poder que está en el trasfondo de la escalada de precios, especialmente tarifas de servicios públicos lo que generará una muy fuerte resistencia del poder económico.

Se trata en definitiva de una confrontación entre los beneficiarios de las políticas en curso y la mayoría de la sociedad, que no puede quedarse en la espera de soluciones “mágicas”. Lo que se requiere es más que el consenso electoral para derrotar a Macri y generar condiciones políticas relativas a una conciencia mayoritaria para transformar el orden económico y social.

La Haine