Brasil: legalizar lo ilegal

Hasta enero de 2019 muy poca gente sabía de la existencia de la señora Damares Alves. Se trataba de una oscura auxiliar en el Congreso brasileño, trabajando siempre al lado de figuras igualmente oscuras y evangélicas.

Tan pronto asumió la presidencia, el ultraderechista Jair Bolsonaro hizo una reforma ministerial. Y no se le ocurrió una idea mejor que nombrarla para el Ministerio de la Mujer, la Familia y los DDHH. Su única credencial: ser una pastora evangélica de la línea más radicalmente fundamentalista en Brasil.

La señora Damares Alves se vio involucrada en denuncias por haberse quedado con una niña indígena, a quien llama hija adoptiva, pero que nunca fue adoptada de manera legal. La familia dice que fue una especie de secuestro. Nunca se supo la verdad.

Para Bolsonaro no hubo ningún problema. Al fin y al cabo la niña recibió formación cristiana. Él se dice católico, pero vive cercado por evangélicos, esos explotadores de la fe y la miseria ajenas autonombrados obispos de iglesias creadas con el único objetivo de recaudar millones.

La señora Damares se hizo famosa por haber visto a Jesucristo en un árbol de guayaba, por defender –como ministra– que los niños deben vestirse de azul y las niñas de rosa, por haber intentado impedir que una niña de 10 años violada abortase, en fin, todo muy bizarro o muy peligroso. Exactamente la cara del actual gobierno de mi pobre país.

El pasado miércoles se supo que en su ministerio se estudia una medida insólita: clasificar a garimpeiros y quien trabaja con ganado como pueblos tradicionales. Garimpeiros son los mineros ilegales que contaminan ríos y destrozan tierras en busca de oro y otros metales preciosos.

Parte sustancial del agronegocio le da pleno respaldo al ultraderechista. Devastan la naturaleza, invaden reservas supuestamente protegidas y, por supuesto, las tierras indígenas. Y pueblos tradicionales son precisamente las comunidades indígenas, los pueblos originarios.

La reacción negativa fue inmediata, y la medida fue archivada. Pero algo quedó claro: la idea del gobierno es cumplir rigurosamente lo que Bolsonaro defiende desde su época de diputado nacional, o sea, terminar con las reservas de tierras indígenas y avanzar con el sector más violento y destructor del agronegocio.

De momento, la idea de situar en el mismo plan legal garimpeiros y agronegocio con los pueblos originarios de los indígenas, está en suspenso. Pero seguramente el gobierno de Jair Bolsonaro volverá al tema.

¿Logrará hacer legal lo que hoy día es rigurosamente ilegal, aunque ocurra un día sí y otro también, siempre bajo la protección, cuando no el incentivo, del peor y más abyecto gobierno de la historia de la República de Brasil?

¿Logrará en el Congreso, cuya mayoría él tiene comprada, su objetivo? El mundo teme, Brasil tiembla.

Página 12