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Brasil y un nuevo plan de despojo del Paraguay
Brasil y Paraguay son copropietarios de Itaipu Binacional, la mayor hidroeléctrica del mundo en producción de energía, superando al “Tres Gargantas” de China. Brasil utiliza más del 98 % de la energía generada por la represa, mientras que Paraguay se queda con menos del 2%. Ese 98% representa casi el 20 % de toda la energía consumida por el gigante sudamericano, energía que compra como baratija, gracias a un oscuro tratado firmado en tiempos de la guerra fría en 1973, entre las dictaduras militares de Stroessner y Garrastazu Médici. Y lo más grave, según las cláusulas del tratado, la energía excedente, no utilizada por Paraguay, solo puede ser vendida a Brasil. Stroessner, un militar “nacionalista”, con la firma del tratado había consumado el mayor despojo contra su país. Accediendo a los legítimos beneficios de la hidroeléctrica, Paraguay se hubiera convertido en uno de los países más prósperos de la región, pero hoy sigue ostentando niveles de pobreza solo comparables con Haití.
El enorme crecimiento del Brasil, convertido en la quinta economía mundial, en gran medida se debe a la energía barata cedida por Paraguay. Unos 70 millones de brasileños dependen de Itaipu. Las ciudades más populosas como São Paulo, el portentoso polo industrial, su capital Brasilia, y uno de los destinos turísticos más grandes del mundo, Río de Janeiro, se nutren de su energía. Itaipú constituye la columna vertebral de la matriz energética brasileña, contribuyendo en más de 140.000 millones de dólares en su Producto Interno Bruto. Sin Itaipú, Brasil colapsaría, y sería un país económicamente insostenible. “Sin la energía generada por Itaipú, no podría existir el Brasil de hoy", diría en sus memorias Mario Gibson Barboza, ex canciller de Garrastazu Médici y firmante del tratado.
Según los precios internacionales, Brasil debería pagar entre 2.000 a 3.000 millones de dólares anuales por la energía cedida por Paraguay, pero solo pagó un promedio de 64 millones de dólares anuales hasta el 2011, cuando pasó a abonar 360 millones, gracias a un acuerdo entre Lula Da Silva y Fernando Lugo.
La historia se repite
En el 2023 se cumplirán 50 años del tratado que debe ser revisado. Paraguay, negociación mediante, puede empezar a disponer libremente del 50% de la energía, y venderla a otros países o al propio Brasil, pero a precio de mercado. Desde el lado paraguayo, las negociaciones en torno a la hidroeléctrica fueron tradicionalmente fraudulentas. Hace apenas unos meses, fue descubierta un acta secreta firmada entre autoridades de los dos países, que beneficiaría a Brasil en detrimento de Paraguay. El escándalo desatado costó el cargo al canciller y al presidente de la binacional, y estuvo a punto de desembocar en la destitución del presidente paraguayo vía juicio político.
Mientras que para Brasil, Itaipú representó históricamente un factor estratégico para su desarrollo, para el Paraguay fue simplemente una especie de botín de guerra para los grandes negociados de una elite partidaria, que siempre antepuso sus intereses particulares sobre la nación.
La dependencia estructural del Brasil a la hidroeléctrica, hace que el tratado sea prácticamente innegociable, y por la forma de cómo están avanzando estos acuerdos, se sospecha que la revisión del tratado en el 2023 sea una nueva entrega de la soberanía paraguaya, tal como ya sucedió 50 años atrás. Recordar simplemente que en la mesa de negociaciones se sentarán representantes de una burguesía nacional brasileña con vocación imperialista, y por la otra, una obtusa clase paraguaya, heredera de la dictadura stronista, que no llega ni al grado de oligarquía nacional.
Brasil necesita de la energía para seguir creciendo como economía emergente del BRICS, y Paraguay solo la precisa para satisfacer la apetencia de una cofradía partidaria, vacía de proyectos, y que fácilmente quedará satisfecha con alguna dudosa regalía del nuevo tratado.
Pareciera ser que para el Paraguay la suerte está echada, y la revisión de tratado va a significar un nuevo despojo como en tiempos de la dictadura, a no ser que en el 2022 las elecciones sean ganadas nuevamente por Lula, y que los paraguayos por fin despierten del letargo de cinco lustros, y exijan una tratado igualitario y justo en el 2023.
