"Chiapas está al filo de la guerra civil"

Más de 800 organizaciones nacionales e internacionales, aunadas a 1.000 figuras del mundo de la política, la cultura y las artes, han firmado un pronunciamiento en apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para alertar que el estado mexicano de Chiapas está al filo de la guerra civil.

Todos ellos han convocado una jornada de protesta internacional el próximo 8 de junio, que tendrá su manifestación más grande en la capital del país con una marcha que partirá desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo.

El llamamiento ha tenido como escenario una rueda de prensa en Ciudad de México, protagonizada por el actor Daniel Giménez Cacho, que ha leído la defensa del EZLN.

Entre los firmantes se encuentran el intelectual estadounidense Noam Chomsky, la excandidata presidencia en 2018 María Jesús Patricio Martínez, el productor cinematográfico Carlos González García, el escritor Enzo Traverso, el filósofo estadounidense Michael Hardt, el sociólogo Yvon Le Bot, los actores Diego Luna, Gael García Bernal y Daniel Giménez Cacho, y la directora Bertha Navarro, entre un nutrido grupo de nombres del ámbito cultural.

La gota que colmó el vaso fue la agresión a balazos contra Jorge López Santíz, un zapatista que el pasado 22 de mayo recibió un disparo en el pecho, en medio de un ataque que duró cuatro días sin que las autoridades intervinieran. Desde entonces, se encuentra en estado grave.

El pronunciamiento denuncia que la agresión formaba parte de un ataque paramilitar contra la comunidad Moisés Gandhi, en el municipio autónomo Lucio Cabañas, parte del territorio zapatista.

El ataque de hace 10 días habría sido perpetrado por la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), una banda paramilitar que ataca y hostiga a las comunidades zapatistas desde hace años. En los últimos meses se calcula que esa estructura ha protagonizado una decena de agresiones de esas características.

"Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los Gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas [gobernador de Chiapas] y Andrés Manuel López Obrador [presidente de México]", denuncian los firmantes del comunicado que vio la luz el miércoles.

La Caravana "El Sur Resiste"

No son los únicos que se hacen eco de la violencia que azota Chiapas. El informe 'Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado' del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ya realizaba unas denuncias similares este mismo mes de mayo.

Según este documento, Chiapas se encuentra "en medio de una diversificación y opacidad de grupos armados que utilizan la violencia para el control social, político, económico y territorial", al tiempo que operan en medio de la "impunidad fomentada por actores estatales que abona al despojo, explotación y marginación social".

En el estado se denuncian detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados, agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos y se señala al Ejército mexicano como el "principal perpetrador de variados crímenes de lesa humanidad en la historia reciente", según el Frayba.

Los firmantes sostienen que el EZLN "ha mantenido la paz" y "ha tratado de evitar el choque violento con paramilitares y otras fuerzas del Estado mexicano", al optar "por la lucha política por caminos civiles y pacíficos, a pesar de que sus comunidades son atacadas a balazos, sus cultivos incendiados y su ganado envenenado".

Para los signatarios de la declaración, lo que sucede no es un conflicto entre comunidades, como lo han caracterizado algunas autoridades, sino una responsabilidad directa del Gobierno de Chiapas y del Ejecutivo Federal.

Además, se denuncia que programas como Sembrando Vida, una iniciativa del presidente de la República que proporciona fondos económicos a cambio de determinados tipos de cosechas, "propician la confrontación entre comunidades históricamente despojadas de sus tierras y sus derechos".

Según su visión, estos programas se usan como "mecanismos de control político y moneda de cambio" para grupos como ORCAO, que acceden a beneficios que ofrecen estos planes, "a costa del robo de las tierras recuperadas autónomas zapatistas".

La situación en Chiapas es grave con el aumento exponencial de la violencia: abundan ataques armados de paramilitares contra comunidades zapatistas, se organizan reclutamientos de jóvenes por parte del crimen organizado, los desplazados se cuentan por miles y los cárteles se enfrentan entre sí para obtener el control del territorio y las rutas de las drogas.

Según los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre de este 2023, los homicidios y las lesiones dolosas y culposas en Chiapas han aumentado en comparación con el mismo período del año anterior.

Hasta abril ya se habían registrado 1.215 homicidios, 344 más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.