Chile: El "pactito feo" constitucional y la bancarrota de la dignidad

Casi 100 días después de que la opción del Rechazo se impusiera en el plebiscito del 4 de septiembre, el lunes 12 se anunció que los dirigentes de las principales fuerzas políticas, en nombre de “lo posible”, lograron coincidir y bautizaron el pacto como “Acuerdo por Chile” para avanzar hacia una nueva Constitución.

A pocos días de alcanzando este acuerdo entre las cúpulas partidarias, algunas voces oficialistas advierten que la derecha debe ceder en su veto a las reformas previsional y tributaria, de lo contrario, lo convenido puede volver a caerse. 

El optimismo mostrado por los medios hegemónicos parece efímero con la serie de detalles que, de tan evidentes, parecen confirmar un retroceso en las pequeñas conquistas que entusiasmaron a millones de chilenos, quienes creyeron en que se abría un camino participativo y de soberanía popular a un nuevo pacto social y político. 

La agenda trazada señala que ya en enero se instalará la Comisión Experta, en abril se realizará la elección de Consejeros y Consejeras Constitucionales, con voto obligatorio, el 21 de mayo se instalará el Consejo Constitucional, el 21 de octubre se hará la entrega del proyecto de Constitución y el 26 de noviembre se realizará el  Plebiscito ratificatorio con voto obligatorio.

El acuerdo fue firmado por 14 partidos y tres movimientos políticos. Por el oficialismo, adhirieron el Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS), Convergencia Social (CS), Revolución Democrática (RD), Comunes, el Partido por la Democracia (PPD), la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), el Partido Radical (PR), el Partido Liberal (PL), Acción Humanista (AH) y Unir.

Por la derecha firmaron la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Evópoli, la Democracia Cristiana (DC), Demócratas y Amarillos. Entre los partidos con representación parlamentaria que no adhirieron al pacto está el Partido Republicano, el Partido de la Gente (PDG) y el Partido Humanista.

En un estudio actual sobre la indignidad humana, no podría faltar la referencia a la condición presente de la sociedad chilena, señala Marcos Uribe en El Clarín. Ese lote de burócratas “ocupas” secuestran la soberanía de un pueblo y deciden desconocer el mandato que nunca ha estado en cuestión: el nuevo órgano constitucional debe ser una propuesta realizada por una convención 100% electa por el pueblo.

Esta superestructura del poder político determina meterse en el bolsillo la voluntad de los ciudadanos, a fin de salvar el monopolio del poder y, haciendo abuso de sus facultades legales, decide actuar con total inmoralidad diseñando un proceso constituyente a través de un mecanismo expresamente reprobado en un referéndum de absoluta validez democrática. 

los medios nacionales adjudicaron el triunfo de las negociaciones a una reducida lista con nombres habituales de la política, un verdadero panel de hombres en donde no destaca ninguna de las decenas de mujeres que en todo este proceso han sido clave y se han preocupado de poner en la mesa e insistir con la importancia de la paridad.

De pronto, parece que Chile se volvió a dormir para despertar en la realidad que nos confunde con la política de la década de 1990, cargada de pactos mediocres porque apenas nos acostumbrábamos nuevamente a la democracia. Señala The Washington Post.

Si hay algo de lo que carecen las fuerzas políticas negociadoras es de sinceridad. Así ha quedado demostrado en estos 96 días de tira y afloja, pues el problema nunca ha pasado por la ausencia de especialistas. Es un hecho de que en el proceso constituyente que finalizó en julio pasado los hubo y fueron un número considerable con amplios currículos, por más que se les intente menospreciar, añade el diario estadounidense.

Todo rememora a los años 90, al pacto entre el dictador Augusto Pinochet y los democristianos Frei Ruiz Tagle y Edmundo Pérez Yoma. Los símbolos están en todos lados, en las calles, en el Chile “post-Rechazo” de la Constitución. La imagen del actual mandatario Gabriel Boric mirando la estatua del expresidente conservador Patricio Aylwin no es sino un ícono de que el aire se llena de los 90. El último discurso del joven presidente marca un antes y un después de su gestión. 

El doctor en Historia Yanny Santa Cruz recuerda –en El Desconcierto– que el pasto ha vuelto a Plaza Italia “y muchos dejamos de llamarle Plaza Dignidad. Ya no se alzan banderas mapuches. Ya no se canta el derecho de vivir en paz. Y el arte de resistencia ha quedado bajo las capas de pintura de las fachadas. De vez en cuando aparecen imágenes, frases…”

Se ha logrado un acuerdo de nueva Constitución “en la medida de lo posible”, lo que deja con un sabor amargo después de todas las violaciones a los derechos humanos y décadas de lucha en la calle solo por lograr derechos fundamentales, como educación de calidad. Pero en algo tiene razón, y es que “lo posible se define colectivamente”, y el abrumante triunfo del Rechazo lo selló de esa manera, añade Santa Cruz.

Las bases del “pactito feo”

El acuerdo contempla una Comisión de Expertos, un Consejo Constitucional y un Comité Técnico de Admisibilidad. El primero conformado por 24 expertos: 12 designados por la Cámara de Diputadas y Diputados y los otros 12 por el Senado. Estará encargado de elaborar un anteproyecto base para el Consejo Constitucional. 

El acuerdo define a los expertos simplemente como «personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica». No podrán ser parte de la Comisión quienes tengan inhabilidad para ser candidatos a cargos de elección popular. Esto incluye a los exconvencionales y serán elegidos en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicio de las respectivas Cámaras.

Los 50 miembros del Consejo Constitucional serán electos de la misma forma que los senadores, mediante listas abiertas regionales. A diferencia del proceso constituyente anterior, no habrá listas de independientes y será con voto obligatorio.

En tanto, el Comité Técnico estará formado por 14 expertos “de destacada trayectoria profesional y/o académica” designados por el Senado –a partir de una propuesta de la Cámara Baja–. Su labor será revisar las normas aprobadas en los dos órganos mencionados, para detectar eventuales inadmisibilidades respecto a la bases institucionales definidas en el acuerdo.

La idea de recurrir a un grupo de personas que dedicará su tiempo, experiencia y conocimiento sin remuneración genera ya una brecha. El riesgo de este punto es que una vez más sea solo un grupo exclusivo el que forme parte de este proceso que, desde un principio, se planteó como una salida democrática y participativa a una crisis política profunda que sigue latiendo en silencio tal como lo hizo los 30 años previos a la revuelta social de 2019.

Repercusiones

La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), advirtió que «si la derecha económica no levanta el veto a las reformas previsional y tributaria del gobierno, el acuerdo podría eventualmente caerse». Para la dirigenta oficialista, Apruebo Dignidad hizo «concesiones muy dolorosas, limitando nuestra propuesta de cambio transformador. Es hora de que las grandes empresas y los grandes grupos económicos se pongan la camiseta por Chile y aprueben estos proyectos emblemáticos».

El documento firmado este lunes aún tiene aspectos por resolver. Uno de ellos, y que ha concitado mayor atención mediática, es el que dice relación con la remuneración de los consejeros constitucionales, los 24 expertos y los 14 abogados que conformarán el Comité Técnico de Admisibilidad.

Es una polémica que escaló luego de una declaración del presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, quien aseguró que «no van a recibir dieta, ya que se trata de personas que, al tener un compromiso incondicional con el país, van a servir a Chile a través de esta instancia».

Y lo increíble, añade Marcos Uribe, es que van a salir jugando, a pesar de que el pueblo, hace solo un par de años, tuvo en las cuerdas dicha institucionalidad.

 ¿Qué se puede condenar moralmente de un pueblo que se levanta en protesta por el quiebre de la representatividad de sus instituciones, que respalda en un 80% dichas demandas, que despliega un movimiento de descontento activo durante más de dos meses; que consigue provocar un proceso de refundación constitucional; que determina libremente que para dicha refundación se debe constituir una Convención de ciudadanos 100% electos, que no ejerzan en las instituciones legislativas?, se pregunta. 

Y que elije, de hecho, a los integrantes de dicha Convención y que finalmente decide rechazar la propuesta emergente; que elige un programa de gobierno, al mismo tiempo que elige un poder legislativo contra-programático ¿Qué se puede decir de un pueblo que manifiesta esta y otras contradicciones? 

Poco o nada. “Sin embargo sí hay una patética indignidad que nos cruza”.

CLAE