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Cinco meses de acampe de pueblos originarios en la Avenida 9 de julio
Los derechos humanos continúan siendo violados por gobiernos con democracias formales y están sufriendo una crisis conceptual. Frente a las protestas sociales de pobladores e indígenas los gobiernos, a veces el nacional, a veces los provinciales, responden con represión, persecución y/o intimidación, judicializando las protestas por oponerse a la minería a cielo abierto, a los daños ambientales y a la destrucción productiva regional. Políticas que provocan el éxodo de pobladores de sus territorios y el aumento de zonas marginales periféricas en las grandes ciudades, generando mayor pobreza y marginalidad.
El Gobierno quiere la continuidad de su política de “proyecto nacional y popular” contradictoria, que entrega a las empresas transnacionales los bienes y recursos del pueblo como el petróleo, el gas o los minerales y amplía las fronteras sojeras, los agrotóxicos, las semillas robadas, la destrucción de la biodiversidad por empresas como Monsanto y la Alumbrera, la Barrick-Gold y Chevron entre otras, que contaminan el ambiente generando enfermedades cancerígenas en los pueblos fumigados y pretenden implementar la minería por fracking en territorios ancestrales. Todos elementos que influyen sobre la situación de los pueblos originarios, ya que está en juego el territorio. Territorio de negocios para algunos, pero la Madre Tierra para los pueblos originarios.
Merced a todo esto los pueblos originarios están desde hace más de cinco meses acampados en las avenidas de Mayo y 9 de julio, reclamando que los reciba el Gobierno nacional frente a las continuas violaciones de sus derechos por los gobiernos provinciales y la judicialización de las protestas sociales, siendo víctimas de la violencia social y estructural. El Gobierno busca invisibilizar a los pueblos originarios con la complicidad de organizaciones nacionales y provinciales como el poder judicial de Formosa, el INAI- Instituto Nacional de Asuntos Indígenas- y el Gobierno de Formosa. Parece que enviar, como hace dos semanas, carros de asalto, la guardia de infantería, tanquetas y camiones de agua para desalojarlos del lugar sin escucharlos y sin resolver sus problemas es parte del llamado “proyecto nacional y popular K”.
Varios organismos de derechos humanos y organizaciones solidarias acompañamos a los indígenas en el acampe y logramos detener el desalojo por la policía.
El cardenal Poli me llamó muy preocupado y, por pedido de la Iglesia, la presidenta dio orden de que los indígenas fueran recibidos por el Secretario de Derechos Humanos de la nación, Martín Fresneda, para tratar los reclamos planteados por las comunidades. A la reunión no se presentaron el representante del INAI ni el de la gobernación de Formosa.
Durante la reunión se trataron problemas medulares del conflicto como:
1.- Realizar nuevamente el relevamiento de los territorios indígenas, que se hizo sin la presencia de las comunidades y sus representantes, quitándoles territorios.
2.- Terminar con la judicialización de las protestas sociales de los pueblos originarios y la represión de que son objeto en Formosa como en otras provincias.
3.-Enviar un camión del ministerio del Interior para que puedan sacar el DNI, ya que muchos integrantes de las comunidades no tienen documentos. Que la emisión sea gratuita y directa entre la nación y los indígenas, lo que facilitaría, una vez logrado el DNI, el reconocimiento de las comunidades y gestionar la personería jurídica.
La Secretaría de Derechos Humanos quedó en gestionar los pedidos y lograr la presencia de los responsables del Gobierno de Formosa y del INAI en una próxima reunión, que esperamos a la brevedad, ya que en otras reuniones anteriores en el ministerio del Interior no se logró avanzar en la solución de los conflictos existentes.
En el acampe hay muchas mujeres y niños, algunos de ellos con problemas de salud, que necesitan apoyo y solidaridad del pueblo y que las autoridades atiendan sus demandas.
Sólo la decisión política puede resolver estas demandas, no la intimidación.
El papa Francisco fue muy claro, pidió perdón por los daños y la violencia contra los pueblos originarios de América cometidos por la Iglesia. Esperamos que la presidenta y los funcionarios del Gobierno nacional y de la provincia de Formosa sigan su ejemplo con hechos concretos y las comunidades, una vez resueltos los conflictos, puedan regresar a sus provincias.
