Colombia: Líderes comunales en vías de extinción

Promover la sustitución de cultivos de uso ilícito y el desarrollo rural en el Bajo Cauca antioqueño se convirtió en una sentencia de muerte. Los dirigentes de Juntas de Acción Comunal y de organizaciones campesinas son el blanco en medio de una prolongada guerra entre grupos sucesores del paramilitarismo.

Los habitantes de los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza, que conforman esa región antioqueña que limita con el sur del departamento de Córdoba y el sur de Bolívar, vieron en la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc la posibilidad de que se saldaran las deudas históricas que padecen en materia de desarrollo y de derechos humanos.

Por esa razón le apostaron sin vacilaciones a la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y al Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) pactados en La Habana, Cuba. Sin embargo, cuatro años después de firmarse el pacto que le puso fin a una guerra que desangró al país por más de 50 años, los resultados no son los deseados y, por si fuera poco, se desató una ola de violencia contra quienes se atrevieron a impulsar las políticas del denominado posconflicto.

De ese modo se entiende que la mayoría de líderes sociales asesinados en esa región entre 2016 y 2019, que oscilan entre 26 y 46, según la fuente que se consulte, pertenezcan a los sectores comunales y campesinos.

La mayor cantidad de asesinatos se concentra en los municipios de Tarazá y Cáceres, que son los únicos municipios en donde inició el proceso voluntario de sustitución de cultivos de coca en aplicación del PNIS.

Un dirigente social de la región, que habló con este portal a cambio de que no se mencionara su nombre ni el de la organización a la que pertenece, no duda en señalar que apostarle a esa política los puso en la mira de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y de ‘Los Caparrapos’ a partir de 2017.

“El 80 por ciento de los asesinatos de líderes sociales en Tarazá, Cáceres y Caucasia está relacionado con el PNIS”, explica un investigador del Instituto Popular de Capacitación (IPC), que durante años ha documentado en terreno la situación del Bajo Cauca, quien también pidió mantener en reserva su identidad.

El perfil de esos líderes es muy característico: representa a una base de cultivadores coca organizada, que articula procesos comunitarios con la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac); la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam); y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc). Algunos también hacen parte el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

Para el investigador del IPC, con la dejación de armas de las Farc y la implementación del PNIS, los campesinos quedaron entre la espada y la pared por los incumplimientos del gobierno nacional y el accionar de nuevos grupos armados que se oponen a perder esa fuente de lucro. “Ahí es donde creemos que está el principal detonante de la violencia para municipios como Tarazá y Cáceres. ¿Por qué razón? Porque la zona PNIS es la más afectada por el homicidio de líderes sociales”, sostiene.

Y prosigue: “Los grupos armados de la región les empiezan a hacer campañas de desprestigio social; acomodándoles que los incumplimientos del gobierno se deben a la inocencia y debilidad de estos líderes. Otros grupos, como ‘Los Caparrapos’, les han pedido las bases de datos de las personas que reciben los subsidios del PNIS para extorsionarlos y les han exigido que recojan la extorsión de toda la vereda. Eso les ha generado que los estigmaticen y los señalen como parte del grupo armado”.

Dicha situación fue denunciada por la Coccam en septiembre de 2018, cuando alertó que ‘Los Caparrapos’ le estaban cobrando 200 mil pesos del subsidio bimensual de dos millones de pesos que recibieron quienes erradicaron sus matas de coca. De acuerdo con las cifras oficiales de la época, en Cáceres estaban registradas 1.600 familias y en Tarazá 2.800; por lo tanto, ese grupo que surgió tras la desmovilización del Bloque Central Bolívar de las Auc, se habría apoderado de por lo menos 880 millones de pesos provenientes del proceso de paz. (Leer más en: Frontera entre Antioquia y Córdoba, una línea borrada por la guerra)

Oídos sordos

Pero no sólo las organizaciones que trabajan en la región advirtieron sobre los riesgos que trajo consigo la sustitución de la coca. En cuatro de los cinco informes que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitió entre 2016 y 2019, se encendieron las alarmas al respecto.

La primera fue la Alerta Temprana 009-18, del 22 de enero de 2018, para el municipio de Cáceres, advirtiendo que los intereses de los grupos sucesores del paramilitarismo con presencia en la región, ponen “en riesgo a campesinos y en especial a líderes que promueven la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz, ya que esta actividad podría ser contraria a los intereses económicos de estas estructuras armadas”.

Dos meses después expidió la Alerta Temprana 028-18 dedicada a Tarazá, ya no advirtiendo riesgos, sino lamentando el asesinato de dos promotores de la sustitución de cultivos de uso ilícito. En ese documento también se recogieron los señalamientos que los grupos armados hicieron contra los promotores del PNIS, a quienes acusaron de los incumplimientos en su ejecución.

Y recordó que “el día 15 de febrero de 2018, varios líderes de la COCCAM expresaron su preocupación en materia de seguridad, ya que los campesinos cultivadores de la hoja de coca están presionados por los grupos armados ilegales, los cuales les impiden sustituir cultivos, se oponen a la erradicación forzada con acompañamiento de la Fuerza Pública y señalan el incumplimiento del Gobierno Nacional en el cronograma de pagos acordados por la sustitución voluntaria”.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo advirtió que los integrantes de Coccam, Asocbac, Anzorc, Asocomunal y Marcha Patriótica, se encontraban en un mayor nivel de riesgo. Y no sólo ellos, pues los funcionarios del gobierno nacional y de la Alcaldía de Tarazá que adelantaban gestiones de registro del PNIS, fueron expulsados del corregimiento El Doce por parte de grupos armados ilegales.

El 4 de abril, en su Alerta 031-18, el SAT volvió a lamentar el asesinato otro líder comunitario que promovía la sustitución de cultivos de coca: el 25 de marzo fue asesinado Víctor Alfonso Zabala Oviedo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Rizo. Hombres armados con fusiles lo sacaron por la fuerza de su casa y posteriormente su cuerpo apareció con varios impactos de bala.

El 17 de abril de 2019 fue emitida una nueva Alerta Temprana para Tarazá, la 020-19. En esta ocasión el SAT advirtió la situación de familias cocaleras del corregimiento de La Caucana vinculadas al PNIS que fueron víctimas de desplazamiento forzado. Además, lamentó que durante 2018 “fueron asesinados cinco dignatarios de Juntas de Acción Comunal, promotores de este programa en el territorio, situación que produjo varias situaciones de desplazamiento”.

Al cruzar las advertencias que emitió la Defensoría del Pueblo con los posteriores asesinatos de líderes sociales en el Bajo Cauca, se concluye que, debe haberse tomado los correctivos necesarios, se hubiera podido salvar la vida 22 de 25 de ellos.

Este portal consultó a la Fiscalía General de la Nación por los avances en materia de judicialización de esos asesinatos y refirió que en cinco se logró sentencia condenatoria. La mayoría están en fases iniciales de investigación o no se refirió respuesta.

En este rincón de Antioquia la aplicación de políticas y programas acordados entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc para cerrar las brechas del campo se ha dado en medio de fuertes disputas entre grupos armados ilegales. Su principal protagonista es la confrontación que desde hace años libran antiguos aliados de grupos sucesores del paramilitarismo. (Leer más en: La guerra ‘fratricida’ que tiene en vilo a una región)

Daniel Pardo, investigador de la Fundación Ideas para la Paz y autor del informe ¿En qué va la implementación del Acuerdo de Paz en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño?, plantea que después de la desmovilización de las Farc, “el Estado no logró copar de manera efectiva y oportuna esos vacíos de regulación; fueron llenados por los actores armados preexistentes y unos emergentes. En el Bajo Cauca están el Clan del Golfo, Los Caparrapos, el Eln y disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc”.

En materia de desarrollo rural, esa investigación, realizada en medio del proyecto del Capitolio al Territorio, reseña que se han realizado 72 obras de pequeña infraestructura: 55 de ellas son de infraestructura social o comunitaria, ocho son para el mejoramiento de servicios públicos, y nueve son de infraestructura vial.

De ese modo, resalta que “se han generado expectativas entre la población debido al carácter participativo que tuvo la elaboración de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como por la ejecución de algunos proyectos y la presencia institucional que llegó al territorio”.

Por otro lado, las comunidades lamentan los incumplimientos y cambios de reglas de juego en el PNIS. Si bien arrancó en Tarazá y Cáceres, habitantes de la región cuestionan la lentitud en su ejecución. (Leer más en: Las necesidades apremiantes de la Antioquia del posconflicto)

“Ya llevamos tres años y no se ha avanzado con todos. Faltan pocas familias para que se les termine de pagar los subsidios bimensuales que se darían en el primer año de ejecución del Programa. Supuestamente, se dio asistencia técnica a 1.600 familias y se va a empezar a 791; en proyectos de ciclo largo hay uno con Fedecacao para 262 familias. Hasta ahí va, después de tres años. Algunos están desmoralizados y otros resembrando porque no tienen con qué sobrevivir”, cuenta el líder local que pidió la reserva de su identidad.

También lamenta que por la contingencia ambiental producida por las fallas en la construcción de la central hidroeléctrica de Hidroituango, que comenzó el 28 de abril de 2018, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) suspendiera el trabajo de campo en El Bagre, Ituango, Nechí y Valdivia; y que su sucesor, Iván Duque (2018-2022), no le diera continuidad alegando que sólo cumpliría los convenios que estaban formalizados (Tarazá y Cáceres) y que recibió desfinanciado al PNIS.

Además, cuestiona el retraso de los PDET, pues su puesta en marcha se tenía que dar a la par con el PNIS para que los campesinos contaran con vías y puntos de acopios para comercializar los productos de sus proyectos productivos.

Otro investigador del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, quien también pidió no difundir su identidad por razones de seguridad, destaca que los campesinos del Bajo Cauca le apostaron al PNIS porque es el único proyecto de desarrollo alternativo que ha arribado a esa región.

“En un territorio donde el Estado no está y se lo entrega a grupos particulares, lo único que queda en esas veredas son los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. El asesinato de estos líderes muchas veces es una afectación directa contra lo único que queda organizativamente en términos sociales y estatales en esos territorios”, lamenta.

Y alerta que si bien los asesinatos se han concentrado en Tarazá y Cáceres porque es donde opera a marchas forzadas el PNIS, en Zaragoza, Nechí y El Bagre existe un fuerte control territorial por parte de los grupos armados ilegales, que han impuesto su ‘Ley del Silencio’.

“Si bien no hay tantos muertos, pasan muchas cosas todos los días. Suceden cosas que no salen a la luz pública porque hay formas de terror que se han instalado muy bien y como protocolo de autocuidado las comunidades no las evidencian”, refiere el investigador del IPC.

Como ejemplo pone de presente la situación de El Bagre: “Se han dado enfrentamientos en el casco urbano con el Ejército. En los otros municipios suceden cosas y que los líderes no se vean tan afectados en términos de homicidios, no es un buen indicador, porque hay amenazas, desplazamientos y confinamientos”.

Mientas continúa la guerra entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y ‘Los Caparrapos’, los habitantes del Bajo Cauca antioqueño esperan que se les garanticen condiciones de seguridad, se acaten las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y se cumplan los pactos firmados en materia de sustitución de cultivos de coca y reforma rural.

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Nota del editor: este portal contactó a la Alta Consejería para la Estabilización, encargada de la implementación del PNIS y de los PDET, para conocer los avances sus resultados, pero hasta el momento no recibió respuesta alguna. Estamos prestos a publicarlas cuando las suministren.
Verdad Abierta