Comienza la negociación de la "deuda odiosa" argentina

De acuerdo con el Balance Cambiario del Banco Central (BCRA), en 2019 la fuga de capitales alcanzó los U$S 26.870 millones de dólares, a pesar del cepo implementado en la segunda mitad del año, siendo la segunda fuga más importante de la historia luego del récord del propio Macri en 2018, cuando se fueron del sistema nacional U$S 27.230 millones de dólares.

Si se suma todo el período macrista, la fuga habría sido de U$S 88.371 millones, un monto cercano al de la deuda en dólares tomada por el Gobierno.

Todo este proceso, ruinoso para la economía nacional, demuestra que la implementación de políticas de liberalización y endeudamiento solo benefició a unos pocos que pudieron comprar masivamente dólares y fugarlos en lugar de invertirlos.

Prácticamente ninguno de esos miles de millones de dólares se usó para ampliar infraestructura, capacidad industrial, posibilitar avances tecnológicos, modernizar el aparato productivo. La cuantiosa deuda que posibilitó el atesoramiento y fuga queda como verdadera “deuda odiosa” para el conjunto de la sociedad argentina.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que mantiene conversaciones con el FMI en tono “constructivo” para reestructurar los pagos programados, con vencimientos concentrados entre 2021, 2022 y 2023. En ese contexto, a fin de enero tendrá una reunión con parte del staff del organismo en Nueva York y en febrero se reuniría con la titular, Kristalina Georgieva, en el Vaticano.

El plan de facilidades extendidas exige metas fiscales, pero también la aplicación de reformas estructurales, como la previsional y laboral. “El programa económico fue diseñado y ejecutado por nosotros, no vamos a permitir ninguna condicionalidad, lo nuestro es nuestro”, aseguró Guzmán en conferencia de prensa, al anunciar el envío de un Proyecto de ley para avanzar en el canje de deuda en moneda extranjera.

También hizo referencia a la situación de la deuda bonaerense, donde la administración de Axel Kicillof, busca posponer un pago de 256 millones de dólares de deuda. Guzmán calificó a la propuesta como “prudente y responsable” y dijo que fue coordinada en conjunto con la Nación.

Reiteró que no habrá un “salvataje” para la Provincia, argumentando que iría en contra del ejercicio que está llevando a cabo para que la deuda se vuelva sostenible: pagar intereses y posponer el pago de capital. Ambas administraciones, nacional y provincial, se están moviendo bajo el mismo esquema de negociación. “Mantenemos el principio que se sirven intereses pero no por demasiado más tiempo, por eso es necesario resolver esto rápido. Esperamos que haya voluntad de los bonistas, porque si la solución es desordenada, se van a perjudicar todas las partes”, dijo, en tono de advertencia, en relación a la posibilidad de un default bonaerense.

Mientras tanto, la cartera provincial de Hacienda y Finanzas informó a los tenedores de bonos US$ 750M 10.875% con vencimiento en 2021, que extendió hasta las 17 (hora de Bruselas-Luxemburgo) del 31 de enero de 2020 “el plazo para otorgar su consentimiento a diferir el vencimiento del pago de capital previsto para el 26 de enero de 2020 hasta el 1° de mayo de 2020”.

Esto “para que la comprensión más acabada de las circunstancias de emergencia social, económica, productiva y energética existentes, y la voluntad de dar tratamiento equitativo a los acreedores en su conjunto, permitan a los bonistas oportunamente aceptar la propuesta realizada el 14 de enero último”, agregó el Ministerio bonaerense.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, señaló por su parte: “a la fecha hemos recibido el apoyo de un número significativo de bonistas, y continuamos en diálogo con inversores institucionales cuya participación permitiría arribar al resultado buscado”.

De acuerdo con las cláusulas de acción colectiva incluidas en el Contrato de Fideicomiso del bono U$D 750M 10.875% con vencimiento en 2021, si la propuesta de diferir el pago de capital correspondiente al 26 de enero es aceptada por los tenedores de al menos el 75% del capital en circulación de dichos bonos, estos serán modificados con efecto vinculante para todos sus tenedores.

Bajo los términos del bono, la Provincia cuenta con un período de gracia adicional de 10 días para el pago de capital y de 30 días adicionales para el pago de intereses, sin incurrir en una causal de incumplimiento bajo dichos instrumentos, recordó el gobierno de la Provincia.

Las claves del proyecto de Ley

El Proyecto de ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública ingresó a la Cámara de Diputados en la tarde del martes 21. Dispone la autorización al Poder Ejecutivo para renegociar la deuda pública emitida bajo ley extranjera al tiempo que le otorga una serie de herramientas para alcanzar ese objetivo, como la posibilidad de contratar a Bancos y agencias que oficien de coordinadores y colocadores de nueva deuda.

Los nueve artículos del proyecto de ley -que comenzarán a debatirse desde el martes 28- muestran la voluntad del gobierno nacional de llevar a cabo una renegociación sin sobresaltos para los acreedores externos.

El proyecto dispone en su artículo uno que se declare “prioritaria” para el interés de la Argentina “la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa” y a tal fin “autoriza(se)” al Poder Ejecutivo Nacional a llevar adelante las operaciones de ingeniería que considere pertinentes.

Entre ellas enumera a la “administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital” de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera.

Según los datos oficiales, al 31 de diciembre del año pasado, la deuda pública nacional emitida bajo ley extranjera en situación de pago normal sumaba 140.394 millones de dólares. Para una deuda pública bruta de 320.637 millones de dólares, equivalía al 43,8%. El resto de la deuda fue emitida bajo legislación nacional.

Cuando la legislación es argentina quiere decir que las diferencias entre las partes (el Estado argentino y los acreedores) se sustanciarán en los tribunales argentinos. La mayoría de las veces que se apela a la legislación extranjera se colocan a los bonos bajo la legislación de Nueva York. En rigor, se trata de una cesión de soberanía para atraer a inversores que, de otro modo, quizá pedirían una mayor tasa de interés a cambio de su capital.

En su artículo dos se designa al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación de la ley. En el tercer artículo se sostiene que “para recuperar en su integridad el ejercicio de la autodeterminación financiera y económica”, el Ministerio de Economía podrá mantener la “prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros”, es decir, sostener la cesión de autodeterminación. Al mismo tiempo, Economía podrá incluir en los nuevos contratos y operaciones de crédito que se realicen, cláusulas por las que Argentina se abstendrá de reclamar la inmunidad soberana en los tribunales de Nueva York para los nuevos contratos de deuda con los que se reemplacen a la deuda ahora en proceso de renegociación.

Con todo, esta renuncia a oponer la defensa de la inmunidad soberana tiene límites. El mismo artículo tercero incluye 10 ítems en los que no correrá esa renuncia: activos del Banco Central; bienes de dominio público localizados en la Argentina; bienes que presten servicios públicos esenciales; los bienes relacionados con la ejecución del Presupuesto; cualquier bien utilizado por una misión diplomática; bienes militares (la Fragata Libertad, por caso); y bienes culturales, entre otros.

El artículo cuarto autoriza al Ministerio de Economía a contratar coordinadores para la estructuración de la deuda; a agentes financieros para la colocación de deuda; a agentes fiduciarios y de pago y a agencias calificadoras de riesgo, entre otras.

El artículo también prevé que el pago de las comisiones por estos servicios será “en condiciones de mercado” y no podrán superar el 0,1% del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado. Si se canjeara o reestructurara el 100 % de la deuda pública bajo legislación extranjera, ese monto ascendería a 140 millones de dólares.

Según el mismo artículo, estos contratos no estarán sometidos al régimen de contrataciones (otra excepcionalidad, como la prórroga de jurisdicción), que exige que los contratos que firme el Estado deben tener por objeto que las “obras, bienes y servicios sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible”. Por último, el artículo octavo dispone que la ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial hasta el 31 de diciembre de este año.

El proyecto de sostenibilidad de la deuda se vota el 30 de enero en Diputados

El Proyecto de ley que buscará darle sostenibilidad a la deuda externa de la Argentina que ingresó el martes 21 por la Cámara de Diputados, el martes 28 se tratará en la Comisión de Presupuesto, el miércoles 29 pasa a labor parlamentaria y el jueves se debate en sesión en el recinto.

Se espera un tratamiento acelerado por parte de la comisión de Presupuesto, que preside el diputado oficialista neuquino Darío Martínez, para que llegue a tiempo a la sesión del jueves, en donde el oficialismo cuenta con un mega bloque de 120 diputados, y puede ir a buscar votos en dos bloques minoritarios de la Cámara Baja: Interbloque Unidad Federal y de Consenso Federal, que presiden José Luis Ramón y Eduardo “Bali” Bucca, respectivamente. Una vez aprobada, el pase por el Senado se hace más fácil. Paralelamente, el ministro Guzmán cuestionó la negociación con el Fondo Monetario, que en 2018 le permitió al Gobierno de Cambiemos acceder al préstamo “más grande en la historia” de ese organismo, y conforme el discurso que viene desarrollando la administración del Frente de Todos el mismo “se usó para financiar deuda y salida de capitales”. El Proyecto de ley, denominado “de sostenibilidad de la deuda”, busca brindar a los acreedores señales de “buena fe y voluntad de pago”, sostuvo. “Nos dará condiciones para poder estructurar y ejecutar las operaciones necesarias para lograr el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública”, señaló Guzmán. “Estamos pidiendo (a los acreedores) que nos den tiempo para resolver un problema de descalabro macroeconómico que ha afectado a todo el país”, enfatizó, precisando que la idea es que el proyecto sea tratado en estas extraordinarias.

El premio Nobel de Economía, Stiglitz, alertó: «Habrá recortes significativos de deuda»

El economista destacó que los inversores deben entender que habrá recortes en el capital que recibirán. Señaló que «sería una fantasía pensar lo contrario» porque «ningún modelo razonable» se puede concebir sin estos ajustes. Lo dijo el mismo día que el ministro de Economía Martín Guzmán presentó su proyecto de sostenibilidad de la deuda.

El premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, se refirió a la crisis de deuda argentina y opinó que los inversores se deberán preparar para perder, porque deberán llevarse a cabo pérdidas en valor presente a cobrar por el capital adeudado. «La realidad es que tendrá que haber recortes significativos», aseguró en el Foro Económico Mundial que se llevó adelante la semana pasada en Davos.

“No puedo concebir ningún modelo razonable que no diga que tiene que haber recortes significativos. Sería una fantasía pensar lo contrario”, aseguró Stiglitz. Consultado sobre estas declaraciones, Guzmán aseguró que la propuesta concreta a los bonistas todavía no será presentada, porque aún mantienen conversaciones con los tenedores. La fecha límite para terminar de negociar es el 31 de marzo.

No es la primera vez que Stiglitz se refiere a la deuda argentina. En una nota de opinión que escribió en Project Syndicate criticó a los acreedores: “Los tenedores de bonos sabían que había riesgo, por eso demandaron y recibieron tasas de interés tan altas”. Además, dijo que algunos van a entender que la capacidad de repago del país dependerá del crecimiento económico , tal como plantea Guzmán, pero otros “sólo pensarán en las ganancias a corto plazo” aunque condenen a la Argentina a sufrir las consecuencias de un duro programa de ajuste.

«La deuda es con el pueblo y la naturaleza»

El documento, titulado «Señor Ministro: Los acreedores somos los Pueblos y la Naturaleza» , fue en respuesta al pedido de aportes formulado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, a instituciones financieras y acreedores de la República Argentina. En ese sentido, las organizaciones enviaron sus observaciones y propuestas como parte integrante del «Pueblo Acreedor», que desde hace tiempo se ve obligado a «prestar» forzosamente a la Nación una parte significativa de la riqueza que produce, sus bienes comunes y los Derechos Humanos que le asisten «sin consulta ni cobro de intereses o comisiones sino todo lo contrario».

«Demasiadas veces han sido incluso ‘préstamos’ impuestos con el engaño de que eran necesarios a fin de pagar otras deudas supuestamente prioritarias pero que en realidad han sido ilegítimas, fraudulentas, odiosas y verdaderos crímenes de lesa humanidad», sostienen.

Es por eso que proponen al ministro extender la consulta al conjunto del «pueblo acreedor» y la « realización de una investigación integral de la deuda, sus orígenes, usos, consecuencias y servicio, para descartar el pago continuo de reclamos que no corresponden al pueblo argentino, sancionar a les responsables y asegurar la reparación de lo cobrado injustamente».  Hasta que se realice esa auditoría, proponen «suspender todo pago así como también los términos y condiciones del acuerdo de financiamiento firmado con el FMI».

«La plena vigencia de nuestros Derechos a una vida digna, a la salud, la educación, agua pura y un ambiente sano, una alimentación suficiente y saludable, la tierra y los territorios, el empleo y salarios y jubilaciones justas, entre otros, debe establecerse como eje orientador de la política económica y parámetro central de evaluación de la pertinencia y resultados de toda política de endeudamiento y de pago», remarcan. En ese sentido, sostienen que cualquier intento de mantener el pago de la deuda «fracasará nuevamente si no se rompe con la lógica financierizada impuesta, y pone en el centro la necesidad y urgencia de saldar las deudas con el Pueblo y con la Naturaleza: la Deuda social e histórica, la Deuda ecológica y climática, la Deuda democrática y de género».

El Premio Nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, uno de los firmantes del texto enviado, llamó a instalar una «campaña de difusión y de movilización para revertir la realidad de despojo y dominación que la deuda impone».

También suscriben el documento Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y Beverly Keene, coordinadora de Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina.  

Convocaron a una concentración frente al Congreso Nacional este miércoles 29 a las 11:00, en reclamo de la «suspensión del pago e investigación de la deuda ilegítima, ilegal y odiosa», y que la «paguen los que se beneficiaron de la estafa de la deuda».

La Haine