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Comunicado del Parlamento plurinacional de los pueblos del Ecuador
Las nacionalidades y pueblos del Ecuador, las organizaciones sociales y ambientales, de trabajadores de la ciudad y el campo, de profesionales, jubilados, estudiantes, juventudes, movimientos de mujeres, y todos los hombres y mujeres comprometidos con el cambio y la transformación de la Patria
AL PAIS
A LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
AL GOBIERNO NACIONAL
“La izquierda que busca el centro, abandona a los trabajadores y por último, pierde hasta la única bandera que le queda: la de la ética”
José Saramago
Estamos ante un riesgo inminente: los anhelos de cambio pueden terminar en una nueva frustración. En los temas fundamentales la cúpula del Movimiento PAIS y el Gobierno destapan su verdadero rostro: continúan las políticas privatizadoras y neoliberales, los compromisos con las transnacionales mineras, petroleras, de telecomunicaciones, eléctricas, alimentarias, madereras, farmacéuticas; los ataques a trabajadores y sus organizaciones, a indígenas, a profesionales y a los movimientos sociales.
Los círculos de poder se cierran en torno a los nuevos grupos de una burguesía parasitaria y corporativa, que busca utilizar el poder público para los negocios con las antiguas y las nuevas transnacionales, a menudo con la cobertura de ser empresas estatales o hasta “latinoamericanas”. El asistencialismo y la multiplicación de bonos – de la pobreza – son paliativos y velos que pretenden ocultar esta realidad.
En nuestro pueblo hay un estado de angustia y desazón. El costo de la vida ha subido, la inflación al fin del año puede llegar al 14%, afectando a la gran mayoría de la población. La economía se ha estancado, el PIB en el 2007 ha crecido apenas al 1,8%, a pesar del alza del precio del petróleo.
El Presidente Correa menoscaba la dignidad de la gente: la lucha de las nacionalidades y pueblos indígenas, criminaliza las luchas populares, insulta a los migrantes, acusa de traición a quien ose levantar alguna crítica frente a errores y desvíos, persigue y encarcela en nombre de la seguridad nacional, como en el caso Dayuma, Molleturo.
La incapacidad del régimen para resolver la crisis e impulsar un proceso de cambios estructurales puede abrir la puerta al resurgimiento de los viejos y los nuevos grupos de poder y la prolongación de la “larga noche neoliberal. A pesar del discurso oficial que se disfraza de radicalidad, no se ha condenado hasta el momento a un solo banquero, ni se ha castigado a las mafias apoderadas de los negocios públicos.
La mayoría de los asambleístas del Movimiento País y de la izquierda “oficial”, han renunciado a su misión y se han sometido dócilmente a las decisiones del Presidente Correa. el resultado una Constitución que repita el discurso de principios y derechos, pero con un retroceso que implica la vigencia de modelo económico. Los avances sobre algunos temas, como la definición de la soberanía, terminan disueltos en políticas contradictorias, un ejemplo está en las ampulosas declaraciones sobre derechos o soberanía alimentaria que terminan abriendo las puertas a l entrada de los transgénicos.
El régimen impulsa, como salida a la crisis económica, proceso extractivista (minería, explotación maderera, camaroneras, reprivatización del petróleo, privatización del agua, etc.), enclave de las viejas y nuevas trasnacionales, desoyendo no sólo las voces de las comunidades afectadas, sino la amenaza del calentamiento global. El símbolo es el ordenamiento económico en torno al nuevo eje Manta-Manaos, que destruiría a nuestra madre tierra, en particular a la Amazonía , con la privatización del Río Napo, y convertiría al Ecuador en un país de peaje global, articulado al plan imperial del IIRSA.
El Gobierno se niega a aceptar las propuestas de las nacionalidades y pueblos indígenas y pretende enmascarar su política discriminatoria con el apoyo a una declaración formal de “plurinacionalidad” vaciada de contenido, sin el consentimiento libre, previo e informado, sin el reconocimiento a los derechos territoriales de las nacionalidades y pueblos indígenas, para abrir las puertas a las imposiciones de las transnacionales.
La soberanía empezar por el rescate nacionalización de nuestros recursos estratégicos: energía, petróleo, espectro radioeléctrico, telecomunicaciones, biodiversidad, agua.
En 16 meses de gestión no se ha avanzado en la recuperación de la soberanía petrolera: en lugar de recuperar los bloques entregados ilegalmente a las transnacionales, como el Bloque 18 y Palo Azul, la amenaza de la privatización se cierne sobre los cinco grandes campos de PETROECUADOR. Se ha entregado dolosamente los llamados campos marginales a empresas piratas y “gansters”. El Gobierno no ha cobrado 880 millones de dólares que deben las compañías petroleras por el 50/50 y 99/1 de los excedentes petroleros, mientras la gente se hunde en la pobreza, Continúa la política de debilitamiento de la empresa estatal y el ataque al movimiento laboral.
EL Estado ecuatoriano no ha cumplido con las disposiciones dispuestas por la Corte Interamericana para proteger a los pueblos libres tagaeri, taromenane y otros, y ha entregado los territorios de los pueblos waos libres, a la transnacional PETROBRAS, incumpliendo incluso con el pronunciamiento del Procurador del Estado de declarar la caducidad de los contratos petroleros con esta transnacional. Estas prácticas definen el delito de genocidio en contra de los últimos pueblos libres.
El Gobierno y su Procurador han aceptado el arbitraje del CIADI, con lo cual la heroica lucha de nuestro pueblo por la salida de la OXY puede terminar en el fracaso y en la “devolución” del Bloque 15 a la transnacional norteamericana.
La publicitada renegociación con PORTA y MOVISTAR significa un sometimiento a los designios del magnate Carlos Slim y del Rey de España, una evidente reprivatización de las telecomunicaciones, generando perjuicios económicos al país, debilitando las empresas públicas ANDINATEL, PACIFITEL y ALEGRO entrega a dedo y con yapa los servicios de tercera generación (banda de 1.900 MHz), tarifas altas para el usuario, cuando en otros países, como Costa Rica, la empresa estatal garantiza un costo de 2 centavos de dólar el minuto, aquí se establece 22 centavos. Se renuncia a recuperar la soberanía en los campos claves del conocimiento y las nuevas tecnologías.
La política laboral del régimen, instituida en los Mandatos Constituyentes 02, 04 y 08, y en los artículos aprobados y por aprobarse en la nueva Constitución, significa un retroceso de 70 años, desconociendo los principios básicos como: intangibilidad e irrenunciabilidad y derechos fundamentales como: la estabilidad, a la organización, a la contratación colectiva, a la huelga, al trabajo digno, establecidos en Convenios internacionales, en la Constitución “neoliberal” vigente y en las leyes de la República. El objetivo es la destrucción del movimiento laboral, presentándolos en el discurso oficial como los culpables de la crisis. En esta misma línea se inscribe el ataque a los colegios profesionales. La farsa de la reestructuración institucional disfraza el despido masivo e indiscriminado de trabajadores, para llenar esos puestos con gente vinculada al régimen.
En esta línea de agresión a las organizaciones sociales, el Presidente Correa ha realizado declaraciones racistas en contra del movimiento indígena en una situación inédita en los últimos años, y que no se produjeron ni siquiera durante el gobierno de Lucio Gutiérrez.
La creación de Ministerios y Superministerios, agrandan de manera desmedida e injustificada el tamaño del Estado y el gasto público, para pagar cuotas políticas y cumplir objetivos electoreros y de control regional y local.
El Estado laico puede reducirse a un Estado “lightco”, con retrocesos graves en la independencia ante las religiones, sobre todo en el campo educativo, y con el debilitamiento de los derechos de género.
El discurso de la universalización de la seguridad social ha sido usado para debilitar al IESS, en lugar de apuntar a una reforma integral. Se pretende escamotear la deuda que el Estado mantiene con el IESS, y debilitarlo financieramente para justificar sus reticencias al incremento de las pensiones jubilares.
El Gobierno de Correa contraviniendo su slogan “primero la vida luego la deuda”, ha sido muy disciplinado en el pago de la inmoral deuda externa (el año pasado entregó 2.900 millones de dólares), con lo cual ha obtenido una muy buena calificación del capital financiero internacional, con la reducción del índice de riesgo país a 587 puntos, y anuncia un sobreendeudamiento con el BID por más de mil millones de dólares. La anunciada reforma bancaria se ha quedado en el tapete, mientras las tasas de interés continúan altas, afectando a los sectores productivos.
Al amparo de seudo emergencias, se han adjudicado a dedo los megaproyectos hidroeléctricos, que terminan atrapados en negociaciones con nuevos grupos de poder “latinoamericanos”, con la participación de brokers locales articulados a los neo-sectores empresariales, resultado de lo cual los costos de los proyectos se han disparado injustificadamente, generando prácticas corruptas de gestión de los recursos públicos.
El inusitado impulso a la minería transnacional y la creación de una empresa estatal minera, deja claro que el interés del gobierno, lejos de avanzar hacia un modelo distinto de desarrollo, pretende la dependencia del modelo extractivista. La minería no puede ser considerada una opción para el futuro y menos si se la impulsa junto al gran lobby minero, mediante una descarada y propaganda financiada desde el Estado y los grupos empresariales, enfocada a desorientar y confundir a la población.
La defensa de la soberanía territorial ante la agresión del gobierno Bush-Uribe, puede quedarse a medio camino y convertirse en una estrategia de distracción de otros temas fundamentales.
EXIGENCIAS
El Gobierno de Correa y la Asamblea Nacional Constituyente, si quieren ser coherentes con el mandato popular y cumplir las ofertas de terminar con “la larga noche neoliberal”, deben dar un viraje total:
Debe apoyar de manera coherente y consecuente la declaratoria de ESTADO PLURINACIONAL para la nueva Constitución, no sólo en términos declarativos, sino como uno de los fundamentos de la reforma integral del Estado, que permita la descolonización al Estado, la superación del racismo y la construcción de la UNIDAD EN LA DIVERSIDAD. La Plurinacionalidad es la garantía para descolonizar la democracia y abrir el cauce para la participación en una política orientada al “buen vivir” para todos y todas.
Debe cesar el clima de persecución y descalificación a los movimientos sociales, a los trabajadores, a las nacionalidades y pueblos indígenas, a quienes luchan por la defensa de la naturaleza, a los profesionales, entre otros; y establecer un diálogo serio, público y responsable, para recuperar el proyecto originario de cambios profundos..
La Asamblea Nacional Constituyente debe ejercer el Mandato Popular de PLENOS PODERES, con independencia y mando sobre el poder constituido. Empezar por suspender la privatización de los cinco grandes campos petroleros y de los recursos de telecomunicaciones; retirar a la Armada de Petroecuador, ordenar la caducidad con PETROBRAS y la suspensión de las negociaciones para la explotación del ITT y del dragado del Río Napo, para garantizar la protección del Parque Nacional Yasuní y de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario; suspender la negociación con PORTA y MOVISTAR; fiscalizar los contratos de los megaproyectos hidroeléctricos, exigir y fiscalizar el cumplimiento del mandato minero, nacionalizar el agua.
La Asamblea y el Gobierno deben depurar el Gabinete y los principales equipos del Ejecutivo, expulsando a los elementos vinculados a intereses transnacionales, como en el caso del Ministro de Minas y Petróleo, Galo Chiriboga, la Ministra del Ambiente, así como a los ministros reciclados de anteriores gobiernos. Deben asumir un cambio de las autoridades y los organismos de control, empezando por la remoción del Superintendente de Compañías, Contralor, Procurador y Superintendentes de Bancos y Telecomunicaciones, el director del CONADIS; pues hasta el momento no se ha obtenido resultados en la lucha contra la corrupción y en la defensa del patrimonio nacional.
La nacionalización y recuperación de los recursos estratégicos, en particular energía, petróleo, agua y telecomunicaciones; el no pago de la deuda externa; la repatriación de las utilidades de los banqueros y la baja de las tasas de interés, el cobro de los dineros del salvataje bancario, debieran ser la base para a un plan de reactivación productiva orientada a la soberanía alimentarias, a la producción de los bienes y servicios básicos y a la provisión de una canasta básica familiar. Empezar por un Plan de Solidaridad para una atención integral a un millón de familias empobrecidas.
El gobierno debe detener el anacrónico e inconsulto proceso de elaboración de la nueva ley de minería, que se hace a espaldas del pueblo y de la mano de los mismos grupos transnacionales que auspiciados por el Banco Mundial, fueron los gestores de la ley minera neoliberal del año 2001.
La soberanía plena, que incluye ante todo la propiedad y la gestión de los recursos estratégicos – energéticos, en particular petróleo, telecomunicaciones, agua y biodiversidad – la soberanía y seguridad alimentarias, la soberanía monetaria, es el eslabón para una transición a un nuevo modelo de economía y de Estado.
La recuperación de la dignidad del trabajo significa fortalecer y ampliar los derechos laborales fundamentales: a la organización, a la huelga solidaria, a la estabilidad, a la jornada de trabajo, a la vigencia del Código del Trabajo como único estatuto que proteja a los trabajadores públicos y privados y a la universalización de la protección de la seguridad social.
La salida a la crisis económica y alimentaria, debe fundamentarse en una revolución agraria, sustentada en una reforma agraria y redistribución de la tierra, que reoriente el campo a la producción de bienes de consumo masivo, que democratice la tenencia de la tierra productiva a favor de quien la trabaja y que impulse un nuevo modelo productivo y tecnológico, basado en el diálogo de saberes.
La transparentación de la penetración de la Central de Inteligencia Americana CIA, del poder del imperialismo norteamericano y de organismos de inteligencia de otros países en el Estado y la sociedad, debe servir de base para una reestructuración profunda de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional , sobre el fundamento de los principios de soberanía nacional y unidad latinoamericana, empezando por la depuración de los mandos vinculados a poderes externos.
Por responsabilidad con la lucha histórica de nuestro pueblo, emplazamos al Gobierno y a su Asamblea a darnos una respuesta hasta el 30 de junio de 2008. No puede salir con el discurso de que hacemos juego a la derecha, pues lo que buscamos es garantizar que los cambios no se frustren y empecemos a construir el Ecuador que queremos para todos y todas. Luego de esa respuesta las nacionalidades indígenas, movimientos sociales y ciudadanos que conformamos esta alianza social-política, adoptaremos una posición frente al Plebiscito y las acciones que la historia ha puesto en nuestros manos para defender los derechos de los pueblos.
Suscribimos: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, Coordinadora por la Vida y la Soberanía , Coordinadora de Movimientos Sociales, Federación de Trabajadores Petroleros FETRAPEC, Federación Unitaria de Trabajadores de la Industria Eléctrica FEDELEC, Comité de Empresa de Trabajadores de Andinatel, Trabajadores de los Consejos Provinciales, Trabajadores de EMASEO, Acción Ecológica, Frente de Defensa de la Amazonía , Empelados de la Superintendencia de Compañías, Polo Democrático, Pachakutik, Movimiento Recuperar, Colegio de Periodistas de Pichincha, Colegio de Médicos de Pichincha, Estudiantes politécnicos, Movimiento al Socialismo, Colegio de Odontólogos de Pichincha, Frente de Defensa del IESS, Asamblea Nacional Ambiental, Cordinadora Zonal de Intag, Asamblea de los pueblos del Ecuador. Federación Nacional de Empleados de Rehabilitación Social, Asociación de Empleados de la Función Electoral , ex trabajadores de la CAE , Red Amazónica, Comité de Empresa de Trabajadores de PACIFICTEL.
“La Patria será de todos, solo cuando la liberemos”
