De privatizaciones y estatizaciones

Cuando en 1994 el tándem Menem-Cavallo con las directivas del Banco Mundial destruyeron el sistema previsional público cantando odas a la libertad de elegir dónde iban nuestros aportes, muchos de nosotros nos partimos en discusiones con amigos, familiares, vecinos, compañeros de militancia, para fundamentar por qué los recursos estratégicos para el desarrollo de un país deben permanecer en manos del Estado.
Nos decían, entonces: “te quedaste en el 45”, “el Estado es ineficiente”, “las AFJP van a cuidar mejor nuestro dinero”.
Y las privatizaciones se llevaron todo. YPF con el argumento de que ese dinero iba a ser usado para aumentarle a los jubilados; Segba, Entel, Gas del Estado, Obras Sanitarias de la Nación porque en manos del Estado perdían plata y eran ineficientes para prestar los servicios de luz, teléfono, gas y agua; Ferrocarriles Argentinos y Aerolíneas Argentinas, por la misma razón.
Y en la misma línea los medios de comunicación se fueron privatizando para que exista más “libertad de prensa”. Sin embargo hoy cuatro grupos económicos manejan el 80 por ciento (por ser optimistas) de lo que vemos, decimos y escuchamos. Libertad de empresa y no de prensa.
Recuerdo la lucha de los trabajadores de Somisa que llegaron en cantidades hasta la Plaza de Mayo para dar sus últimos gritos y evitar que esta empresa siderúrgica – la más grande de América- se entregara a lo que hoy es el Grupo Techint.
Las luchas de los ferroviarios, de los telefónicos, de los trabajadores petroleros, de los jubilados, recorrieron por entonces las calles ante el silencio cómplice de muchos de los políticos que hoy se presentan como defensores del sistema de jubilación estatal.
Todo fue posible porque la mayoría del pueblo compró en los 90 el discurso de que “todo lo que maneja el Estado da pérdida”.
Hoy, los que no nos creímos que las privatizaciones eran la entrada a un “primer mundo”, que hoy es de cuarta; a quienes no nos ganó la idea de que entrábamos en el “fin de la historia”; los “idealistas incorregibles”, seguimos sosteniendo que los resortes estratégicos de la economía de un país deben estar en manos del Estado.
Pero esto no significa que tengamos que hacernos cargo de los malos negocios y de las supuestas pérdidas de las empresas privadas. En el capitalismo la empresa que invierte para hacer su negocio toma el riesgo del resultado del mismo.
Aunque en el peor de los casos estas empresas realmente no pierden, sino que ganan menos de lo deseado. En el caso de las AFJP las altas comisiones que cobraron durante catorce años, sobre las cuales no pagaron ni un peso de impuesto, llegaron a promediar hasta mediados del 2003, un 43% del aporte realizado por los afiliados. De un aporte total por 27.000 millones de dólares por el período 1994-2001, los aportantes sumaban en sus cuentas de ahorro menos de 21.000. O sea que ya habían perdido más de 6.000 millones de dólares.
El Estado no debe cargar sobre sus hombros los malos negocios que hicieron estas empresas con los ahorros de los jubilados presentes ni futuros. La ley 24241, que abrió las puertas a la privatización del sistema previsional, establece en su artículo 117 las obligaciones de la Superintendencia de AFJP, organismo de contralor a cargo de un funcionario designado por el Poder Ejecutivo nacional. Dice textualmente debe actuar “en salvaguarda exclusiva y excluyente de los intereses de las personas incorporadas al SIJP como aportantes o beneficiarios al régimen de capitalización, procurando que la efectivización de la garantía estatal sea lo menos onerosa posible al erario público”. Además agrega entre sus funciones la de “Fiscalizar las inversiones de los recursos de los fondos de jubilaciones y pensiones y la composición de la cartera de inversiones”.
Entonces, ¿qué papel jugaron los distintos funcionarios de los distintos gobiernos en este sentido? ¿Cuál fue el control que ejercieron? Obligar a los responsables del descontrol de este robo al bolsillo de los jubilados a que rindan cuentas y si es necesario sean juzgados, sí sería realmente un acto soberano