Ecuador en la agenda imperial

En estos días el periodista australiano Julian Assange, quien ha sufrido un prolongado, injusto y cruel cautiverio por denunciar crímenes de guerra a través de Wikileaks, libra la que sería una batalla clave para evitar su ilegal extradición de Gran Bretaña a EEUU y lograr su derecho a ser liberado.

El gobierno de Rafael Correa (2007-2017) le había concedido asilo en 2012, convirtiéndose en ciudadano ecuatoriano en 2017, lo que no lo libró de pasar 7 años en condiciones lamentables, hasta que en 2019 el régimen de Lenín Moreno le retiró su estatus de asilo y quebrantando normas del derecho internacional y humanitario permitió una atrocidad: el ingreso de la policía inglesa en la misión diplomática en Londres, suelo ecuatoriano, para enviarlo a la prisión de máxima seguridad de Belmarsh.

Esta trágica situación expresa la decadencia y sumisión militar, política y diplomática que ha venido sufriendo Ecuador.

La crisis de inseguridad y caos que experimenta ese país ha sido pavimentada por las acciones y omisiones de los dos últimos gobiernos. Lenín Moreno hizo de la descorreización su modus operandi, lo que significó un paulatino desmantelamiento del Estado, de las políticas sociales, la ruptura con las izquierdas y el latinoamericanismo, dando un vuelco hacia el libre mercado y regresando a la condicionalidad acreedora del FMI. El primer resultado fue la represión del levantamiento indígena popular en 2019 contra el encarecimiento de los combustibles.

Ya con un Estado incapacitado, Ecuador se vio superado por la pandemia, dando la terrible imagen de gente muriendo en las calles en medio de un ya cotidiano estado de excepción.

La supresión de varios ministerios coordinadores, el replanteamiento del papel de las fuerzas armadas y la revisión de los conceptos de seguridad nacional, más la disminución de las capacidades estatales para efectos de favorecer el desarrollo, fueron apoyados por la prensa privada, dirigentes financieros e industriales y de la derecha vernácula.

Al finalizar su mandato y por medio de una salvaje persecución judicial contra el ex presidente Correa –de quien fue vicepresidente en dos ocasiones– y muchos de sus funcionarios, se alineó de manera incondicional a las políticas hemisféricas de EEUU, como un peón del tablero regional que perdió autonomía de decisión y que regresó al rebaño neoliberal bajo la atenta mirada de Washington.

Ya desde 2020, el entonces jefe del Comando Sur, Craig Faller, informó al Senado de EEUU que “El Comando Sur incrementará su presencia en Latinoamérica por mar, aire, tierra y espacio cibernético, en un plan que se está coordinando con los gobiernos del continente, que tendrá su momento culminante al final del 2020, agregando que esta zona es nuestro hogar compartido (sic).

Tamara Lajtman y Silvina Romano analizan el viaje de Faller a la Colombia de Ivan Duque y a Ecuador, el nuevo aliado, en el momento en que se imponían más sanciones contra Venezuela e incluso se hablaba de intervención militar. Importa señalar que Ecuador era la pieza del sur del continente americano que faltaba para que EEUU alcanzara el control de los países con costas al Pacífico (El Comando Sur de gira en escenario caliente, CELAG, 26/4/19).

La estrategia 2017-2027 del Comando Sur de EEUU teje una red de redes continental para enfrentar lo que llama las amenazas a la región. Ecuador está a punto de volver a esa red.

En este contexto, la actual jefa del Comando Sur, Laura Richardson vuelve a Ecuador a presentar su plan de 5 años para contrarrestar la actividad criminal a que el presidente Noboa declarara como conflicto armado interno (sic) el cual incluye, entre acciones varias, transferencia de equipo militar, adiestramiento militar y cibernético, intercambio de fuerzas especiales etcétera, pero lo que más preocupa son las operaciones militares conjuntas que implican la presencia de personal militar estadounidense, el cual gozaría de total inmunidad, privilegios, exenciones, libre movilidad aérea y terrestre; todo esto en el contexto de la enorme asimetría de un país que, contrario de lo que buscaba Correa, vuelve a ser principalmente exportador de bananas.

Ante esta situación, los pueblos y nacionalidades indígenas exhortan al presidente Noboa a transparentar los acuerdos y el alcance de la injerencia de EEUU, pues ya la general Richardson ha expresado con claridad su interés sobre las reservas estratégicas –minerales, metales, agua y biodiversidad– de la región.

Según la Corte Constitucional ecuatoriana estas operaciones militares conjuntas no constituyen una alianza política ni militar. Sin embargo se parece más a una toma de la jurisdicción territorial.