Ecuador: Un crimen anunciado y/u organizado

La crisis carcelaria en Ecuador alcanzó su punto más álgido este año, en el que a solo dos meses de iniciado se contabiliza un récord de víctimas: 80 personas privadas de libertad asesinadas.

I. El rostro de la cárcel es el reflejo de la sociedad

La investigación realizada por la organización de derechos humanos “Kaleidos”, en base a información otorgada por la SNAI, determina que en el país existen 30 cárceles y 18 centros de detención provisional con 37.519 internos, donde 3.845 personas esperan su sentencia, en total son 48 centros distribuidos en todo el territorio nacional.

En estos centros, desde el 2010 hasta la fecha se han registrado 247 muertes violentas, el año menos violento fue 2014 que registró 3 muertes y el más violento y que recién comienza es el 2021 con 80 asesinatos, los últimos años vemos un incremento muy importante, 8 asesinatos en 2017, 32 en 2019, 51 en el 2020 y 80 hasta febrero del 2021 y cuyos motivos son: 128 en motines, 4 femicidios, 21 riñas, 29 ajuste de cuentas, 7 por deudas, linchamiento, robo, defensa propia, huida, y de 54 no hay información.

II. Algunos elementos, coadyuvan para que la crisis haya llegado a la situación que actualmente estamos viviendo en los Centros Penitenciarios del país

La administración y responsabilidad del sistema carcelario, deja de ser del Ministerio de Justicia y se traslada a la Secretaria Nacional de Atención a las personas privadas de libertad (SNAI). Esta última entidad creada para que asuma la rectoría y queda adjunta a la Presidencia, modificando así la visión y la administración. Además de lo indicado, por la política neoliberal de Moreno, se reduce tanto el presupuesto como el numerario de los funcionarios, en especial el de los agentes penitenciarios y como parte de la llamada austeridad, se suprimen departamentos y se entrega como parte del reparto político su administración a los miembros de la policía en servicio pasivo.

La concepción de una “nueva política” en cuanto a la visión, en lugar de redimir a los detenidos, asume una política represiva de la policía que se centra en el castigo y no en la rehabilitación social, no utilizan o subutilizan la infraestructura existente en los 4 centros mayores de reclusión, (Turi en Cuenca, Los rodeos en Manabí, Cotopaxi en Latacunga y Centro de detención zonal 8 en Guayaquil), grandes y bien equipados talleres de carpintería, costura, artesanías, peluquerías, etc. que han sido construidos para aportar a la rehabilitación por medio de la formación, capacitación y trabajo, pues entre los internos hay buenos artesanos y maestros muy cotizados en el exterior del Centro en distintas especializaciones, que no se aprovechan.

Las cuentas del Estado publicadas por el Ministerio de Finanzas señalan que: en 2018, año en el que se creó la SNAI, ésta conto con un presupuesto de 95 millones de dólares, en 2019 se redujo a 90 millones y en 2020 se volvió a reducir a 88 millones. Además, cuando era administrada por el ministerio de Justicia, hubo partidas presupuestarias para la contratación de personal, pero en 2018 se desmantelaron departamentos, entre ellos uno muy importante, el de Evaluación y Tratamiento, fundamental para el buen desarrollo de la institución y que contaba con el importante aporte de técnico psicólogos, trabajadores sociales y abogados por lo que la institución se quedó sin profesionales calificados.

Por otra parte, se cerró la supervisión penitenciaria que contaba con funcionarios técnicos conocedores del sistema penitenciario en todos los aspectos, y esas funciones pasaron a formar parte del departamento de inteligencia penitenciaria de la policía que era externa a la administración, con un personal que no tenía el conocimiento ni la experiencia suficiente para asumir una responsabilidad muy importante como delicada para la administración. La reducción del presupuesto también determinó el cierre de la escuela de capacitación de agentes penitenciarios “Tres Cerritos” en Pasaje, provincia de El Oro. Esto como parte de la política de Moreno de “descorreizar” al país, lo que significó que había que boicotear a dicha institución, abandonar al edificio, dejarlo sin mantenimiento ni cuidado. Ese Centro de capacitación en Pasaje formaba agentes penitenciarios en cursos que duraban 8 meses aproximadamente.

Esto se terminó y el último curso de formación se hizo en el 2017, y desde que se cerró el Centro no ha habido cursos en ninguna otra institución, como tampoco han ingresado nuevos agentes penitenciarios al SNAI, y el déficit de agentes penitenciarios no es solamente en el número de sus miembros (un agente para 27 internos), sino sobre todo es cualitativa, con pocas excepciones, pues los agentes no tienen capacitación ni actualizan sus conocimientos, y la evaluación ya no existe, por lo que se les envía a trabajar sin elementos de seguridad, teniendo los agentes que proveerse para su defensa de herramientas de trabajo como uniformes, botas, gases, con su dinero. En esas circunstancias son presa fácil de las redes delincuenciales que operan en el interior de los Centros, en muchos casos, se convierten en parte de la estructura delincuencial, de las famosas “líneas” (administración del comercio de drogas, alcohol, teléfono, banco, comida, y todo lo que se mueve en el interior)

Un elemento importante a tener en cuenta y que desató esta ola de violencia es la liberación o prelibertad de José Luis Zambrano González (alias: Jota ele o Rasquiña), según denuncia José Serrano ex ministro del interior. Este hecho se dio como parte de un acuerdo entre las autoridades del sector de seguridad ciudadana y las bandas delincuenciales vinculadas al tráfico y tránsito de drogas en el país, a cambio de que entregue información de las bandas criminales que operan al interior y fuera de las cárceles, pero, la prelibertad de “Jota ele” y su asesinato han profundizado aún más la crisis penitenciaria, la vendetta por ahora está en la cárcel, las autoridades deben utilizar la información que tienen de inteligencia penitenciaria para evitar que las ciudades se conviertan en escenarios de violencia y vendetta entre bandas. El papel de las fuerzas de seguridad en estos momentos está en la calle, en los barrios donde operan estas bandas que controlan el mercado de tráfico y micro tráfico de drogas.

Las autoridades conocían 15 días antes que se iban a producir varios motines en las principales cárceles del país, esto también denuncia José Serrano, por lo que surge la pregunta ¿Será coincidencia que el día anterior al motín, se realizan varios traslados, así desde la cárcel de Latacunga se le otorga el beneficio penitenciario de pagar la reclusión en su casa a Jacobo Bucaram, por otro lado, Salcedo es trasladado a un espacio de alta seguridad destinada a personas protegidas, habrá que investigar que otros traslados a personas privadas de libertad (VIP), se dieron los días previos a los motines? Será que la denuncia de Serrano tiene asidero o es otra coincidencia, a esto también tendrán que responder las autoridades, como decíamos, desafortunadamente la cárcel es el reflejo de la sociedad También tenemos personas privadas de libertad (PPL) VIP, a los que se les traslada o se cambia su condición antes de una masacre como la que se vivió en los Centros de detención de país.

La política dirigida por Moreno, ministros, funcionarios de Estado, el PSC y CREO, todos al grito de que “¡Hay que descorreizar el país!” o, repitiendo que “la culpa es de Correa”, invocan al odio, y así, el reflejo de la sociedad en la cárcel se expresa en la desigualdad y la discriminación. Por ello, los acontecimientos del 23 de febrero nos recuerdan los murales de Goya, “el cielo y el infierno”, esta obra de Goya es la más cercana a nuestra realidad, fijémonos en los ojos de esa gente, allí se expresan los grandes negociados de las crisis, el desempleo y las políticas antipopulares de quienes nos desgobiernan, la ley humanitaria y la reducción del Estado se retratan de cuerpo entero en los asesinatos.

Moreno dirige un Estado criminal que vela solo por los intereses de las grandes fortunas y sus áulicos que le apoyan como periodistas. La sociedad en los últimos 4 años se ha desvalorizado tanto, que tiene los síntomas de un sistema decadente que se está pudriendo. Lo acontecido el 23 de febrero fue el segundo llamado de auxilio, pues no se hizo caso a lo sucedido hace dos años, cuando los PPL al interior de los Centros se disputaban el territorio, quemaban cuerpos y jugaban futbol con las cabezas de sus víctimas, el de ahora es un llamado de atención y un grito de ¡aquí estamos!, todas las víctimas del sistema de odio, estamos condenados a triunfar para recuperar nuestros derechos, cuando hablamos de recuperar la patria se trata de esto, de terminar con un Estado criminal que gobierna para que sus altos funcionarios, familiares y amigos se enriquezcan a costa de la vida y la pobreza de la mayoría de los ciudadanos, en plena crisis económica y sanitaria.

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Referencias

Fundación de derechos humanos Kaleidos

Ministerio de Finanzas, cuentas del Estado

Secretaria Nacional de Atención a personas privadas de la libertad y adolescentes infractores (SNAI)

CALPU