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Brasil, Brasil, EE.UU. :: 05/04/2024

EEUU estuvo detrás del golpe de estado en Brasil hace 60 años

Responsible Statecraft / La Haine
Washington no sólo financió a los golpistas, sino que también trazó planes para una posible invasión y envió un grupo de trabajo para apoyar a los militares

El pasado 31 de marzo se cumplió un aniversario solemne en Brasil: hace 60 años, los militares anticomunistas arrebataron el poder al gobierno progresista de João Goulart, marcando el inicio de más de dos décadas de dictadura militar.

El informe de la Comisión de la Verdad de Brasil de 2014 es la única investigación formal del país sobre este período de gobierno dictatorial. Unas dos mil páginas de la comisión revelaron algunos detalles de los abusos contra los DDHH cometidos por la dictadura e identificaron a más de 400 personas asesinadas por el ejército y arrojaron luz sobre el importante papel jugado por Brasil en la desestabilización de otros países latinoamericanos.

Para ayudar con la Comisión de la Verdad, el entonces vicepresidente de EEUU Joe Biden entregó personalmente algunos registros desclasificados del Departamento de Estado a la exmandataria brasileña Dilma Rousseff, encarcelada y torturada por el régimen militar.

Los registros ofrecían detalles sobre la dictadura y la habilitación de abusos por parte de Washington, incluido un cable del exembajador en Brasil William Rountree argumentando que condenar los “excesos” del régimen en materia de DDHH sería “contraproducente”.

La entrega por parte de Biden de los registros desclasificados fue simbólica, si no cínica, ya que EEUU había apoyado el golpe. La Casa Blanca consolidó su apoyo y financiamiento a los golpistas, trazó planes para una invasión estadounidense si se consideraba necesario y envió un grupo de trabajo naval a Brasil para apoyar a los conspiradores militares.

Al final, la participación directa de EEUU no fue necesaria (aunque ya había enviado un portaaviones a las costas brasileñas en lo que se conoció como Operación Brother Sam): Goulart, al ver que el golpe triunfaba en los cuarteles y en el parlamento de derecha, se exilió en Uruguay el 2 de abril de 1964. El golpe fue llevado a cabo por los generales de Brasil, pero de todos modos Washington lo celebró como una victoria para sus intereses.

Por un lado, el apoyo de la administración norteamericana al golpe puso al descubierto la hipocresía del supuesto compromiso de EEUU con la soberanía y la democracia.

Atrás quedó la promesa de la administración Kennedy de rechazar una “Paz Americana impuesta en el mundo por las armas de guerra estadounidenses”. Prevaleció la lógica de la Guerra Fría de ponerse del lado de dictadores anticomunistas con el fin de derrotar a la Unión Soviética.

Sin embargo, muchos de estos regímenes se apartaron de la política estadounidense en cuestiones clave.

Varios historiadores de la relación entre EEUU y Brasil sostienen que durante este período sus vínculos a veces se parecían más a rivales que a socios cercanos. Rubens Ricupero, ex diplomático y ministro de finanzas de Brasil, escribe que “poco a poco, las dudas se convirtieron en decepción, y esto condujo a una retirada gradual del régimen que habían ayudado a crear”.

Cuando asumió el poder por primera vez la dictadura militar de Brasil siguió de cerca el ejemplo de Washington. Goulart quedó fuera, al igual que su “Política Exterior Independiente”, una postura de no alineación que enfatizaba la autodeterminación, la descolonización y la no intervención, ideada por el predecesor del presidente derrocado, Janio Quadros.

De acuerdo con los deseos de Washington, la dictadura, que tuvo cinco presidentes generales militares diferentes entre 1964 y 1985, rompió relaciones con Cuba e incluso ayudó a EEUU en su ocupación de la República Dominicana en 1965.

EEUU también veía a Brasil como un socio ideológico clave en la desestabilización de los gobiernos de izquierda en toda América Latina. Como dijo un general brasileño, EEUU quería que Brasil “hiciera el trabajo sucio”.

Lo más destacado, además de las torturas y asesinatos, es que el régimen brasileño jugó un papel fundamental en el derrocamiento del gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende en Chile, incluso al traer en secreto a miembros del ejército chileno a Brasil para discutir el posible golpe. Brasilia, bajo el mando de los generales, también participó en la Operación Cóndor, la cooperación secreta de dictaduras militares de derecha en gran parte de América Latina para asesinar o “desaparecer” a decenas de miles de militantes de izquierda durante la década de 1970.

Con el tiempo, el alineamiento del régimen brasileño con EEUU disminuyó y las tensiones aumentaron. Luiz Alberto Moniz Bandeira escribió en su libro “Brasil-EEUU: una rivalidad emergente” que “la alineación automática con las directrices del Departamento de Estado ya no podría continuar por mucho tiempo, ya que ya no correspondía efectivamente a los intereses nacionales de un país en desarrollo que aspiraba a convertirse en una potencia”.

A pesar de que EEUU quería los beneficios de subcontratar su trabajo sucio sin importarle que no se respetaran los DDHH, no estaba dispuesto a aceptar las consecuencias que conllevaba una mayor autonomía militar para Brasil.

El profesor de ciencias políticas en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Eduardo Svartman, expresó a Responsible Statecraft que uno de los primeros problemas que surgió fue la solicitud de Brasil de aviones de combate F-5.

"A los ojos de los políticos estadounidenses, si la gran amenaza en América Latina eran los insurgentes comunistas, no tenía sentido vender o transferir aviones de combate supersónicos modernos a países latinoamericanos cuando los helicópteros harían el trabajo mucho mejor", dijo Svartman. También temían la independencia que esos aviones podían proporcionar a Brasil, al que le permitirían atacar a otros regímenes apoyados por el imperio.

El régimen brasileño no estuvo de acuerdo, creyendo que era importante tener un ejército moderno para proyectar poder en América del Sur. En consecuencia, los generales se volvieron más dependientes de Europa y, a pesar de la gran pobreza de la población brasileña, se gastaron cientos de millones de dólares en comprar aviones de combate Mirage de Francia. Finalmente Washington se vio obligado a vender los F-5 varios años después, pero fue una primera lección de que EEUU puede no ser un socio muy confiable.

Aunque EEUU siguió siendo un importante proveedor de componentes críticos para la floreciente industria armamentista nacional de Brasil, el suministro de armas importadas de fabricación estadounidense disminuyó del 92 por ciento al 14 de su arsenal total durante el transcurso de la dictadura.

EEUU también se sintió frustrado por el avance de Brasil hacia posiciones asociadas con el movimiento de los países no alineados. Aunque Brasil nunca fue miembro pleno del movimiento, a principios de la década de 1970 apoyó la descolonización de los países lusófonos en África, enfatizó la no intervención y reconoció al MPLA en Angola. Habían regresado elementos de la Política Exterior Brasileña Independiente, que pretendía convertirse en líder reconocido de los países lusófonos.

Quizás la mayor fuente de tensión entre EEUU y Brasil fue el desarrollo de un programa nuclear. Brasil se negó a unirse al Tratado de No Proliferación Nuclear (al que ni EEUU ni Israel se unieron), argumentando que la tecnología nuclear era vital para su desarrollo.

Después de que EEUU suspendiera el suministro de uranio enriquecido para los reactores de investigación de Brasil, el régimen recurrió a Alemania Occidental y negoció un importante acuerdo nuclear en 1975.

En un informe interno, la CIA afirmó que las ambiciones nucleares de Brasil planteaban un “desafío fundamental” para las relaciones entre EEUU y Brasil. Sin informar a los brasileños, en 1977 el recién elegido vicepresidente (con el "progresista" Jimmy Carter) Walter Mondale intentó presionar al gobierno alemán para cancelar el acuerdo.

Washington también se sintió un poquitín frustrado por el autoritarismo y los abusos contra los DDHH de los generales. El régimen aprobó una serie de “actos institucionales” (el primero de los cuales se produjo pocos días después del golpe) que le otorgaron amplios poderes, incluida la suspensión de los derechos de los líderes de la oposición y el poder de declarar un receso en el Congreso.

Ricupero subrayó que “con cada nuevo ataque al orden legal o violación de derechos, la embajada en Río de Janeiro se vio obligada a realizar contorsiones dialécticas para calmar el malestar del Departamento de Estado de EEUU”.

La presión sobre el creciente autoritarismo y la cuestión nuclear llegó a un punto crítico durante la administración Carter, que aplicó los DDHH como criterio para la asistencia militar de manera más directa. Después de que el Departamento de Estado de Carter criticara a Brasil por sus abusos contra los DDHH en 1977, el gobierno brasileño tomó represalias suspendiendo la Comisión Militar Conjunta entre EEUU y Brasil, su Misión Naval y un acuerdo militar bilateral de larga data.

Según el entonces embajador de Washington en Brasilia, Robert Sayre, “las relaciones entre EEUU y Brasil simplemente se desmoronaron”. A pesar de un breve acercamiento con la elección de Ronald Reagan como presidente en 1980, Brasil se volvió crítico con el resurgimiento de políticas más intervencionistas por parte de Washington bajo su administración.

La decisión de la Casa Blanca de ponerse del lado de Gran Bretaña contra la vecina Argentina durante la Guerra de las Malvinas en 1982 confirmó las sospechas brasileñas de que EEUU no era un socio confiable. Por primera vez, “la hipótesis de la guerra con EEUU pasó a ser objeto de estudio en las Fuerzas Armadas”, escribe Bandeira.

Brasil también se opuso a la llamada Doctrina Reagan , que buscaba derrocar gobiernos de izquierda en Centroamérica y el sur de África. EEUU se había convertido no sólo en un socio distante sino en algo completamente nuevo: un rival emergente.

Hay mucho que aún se desconoce sobre este capítulo de la historia de Brasil y la relación de EEUU con el régimen militar.

El analista senior del Archivo de Seguridad Nacional, Peter Kornbluh, que también sirvió como enlace entre los gobiernos de EEUU y Brasil para la Comisión de la Verdad, estima que todavía hay miles de registros que permanecen clasificados, incluidos muchos registros confidenciales de la CIA y el Departamento de Justicia.

Ahora 16 organizaciones de la sociedad civil brasileña piden desclasificar estos registros. El llamamiento de los grupos afirma que la desclasificación “proporcionaría información valiosa sobre las violaciones de DDHH cometidas durante la dictadura brasileña y aclararía el grado de participación o conocimiento de los EEUU en estos acontecimientos.

 

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