El aislamiento, otra arma de guerra contra líderes sociales

Durante la cuarentena por el COVID-19 crece el exterminio sistemático de los líderes sociales, opositores y ex combatientes; focalizado en regiones donde las comunidades son consideradas como un obstáculo para la implementación de megaproyectos.

Los Gobiernos de las últimas 3 décadas han hecho lo posible por ocultar la violencia estructural y sistemática que sufren las comunidades que se oponen a megaproyectos mineros, petroleros y de agronegocios. El Gobierno actual continúa dándole trato de Guerra a la protesta social.

SOS por la paz y por la vida

Según el documento ‘SOS’ por la paz, por la vida y las garantías de no repetición realizado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), desde que apareció el primer caso de COVID-19 han asesinado 21 líderes sociales, 13 de ellos durante el confinamiento [1].

Entre 1 de febrero y el 1 de mayo el CAJAR recibió 175 denuncias por agresiones, de las que 64 fueron contra líderes sociales, 34 de ellas de homicidios que dejaron 37 líderes asesinados; los líderes fueron víctimas de 3 atentados, 3 amenazas, 5 hostigamientos, 6 abusos de las Fuerzas Armadas y el desplazamiento forzado de 20 líderes de la organización Afrorenacer en El Tambo, Cauca. En este mismo periodo se registraron 13 ataques contra ex combatientes de FARC, 11 asesinatos y 2 hostigamientos contra sus proyectos.

El CAJAR afirma que “mientras la pandemia de la COVID-19 ocupa nuestra vida, el aislamiento social es utilizado en los territorios como una nueva arma de Guerra. Los grupos armados legales e ilegales no están en cuarentena y controlan cada vez más la vida de las personas con la ausencia o complicidad de la actuación estatal” [2].

Desplazamientos forzados y control paramilitar de los territorios

Las comunidades del Cauca y Antioquia afirman que enfrentamientos armados durante marzo dejaron más de 2.190 víctimas, el desplazamiento forzado de 847 personas procedentes de 12 veredas de la zona de Cañón del Inglés en Ituango, 550 de Argelia en el Cauca, 400 indígenas de Bojayá en el Chocó, 300 de Urrao en Antioquia, 80 de ellos en las veredas de Nayita, Zabaleta y Agua Clarita por presencia paramilitar [3].

El CAJAR también denunció 10 graves infracciones al DIH referentes a combates en zonas pobladas, confinamientos y amenazas a comunidades, que son señaladas de pertenecer o encubrir a organizaciones ilegales; además existen 4 denuncias de otras violaciones a los Derechos Humanos, como la desaparición de los líderes comunales, padre e hijo, en Puerto Guzmán Putumayo, el pasado 10 de febrero [4].

Los persiguen hasta que los matan

Yilson Fernando Rojas de 20 años, fue herido de gravedad en el ojo izquierdo el 3 de mayo, por miembros de la Brigada XXVII del ejército y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante una operación de erradicación forzada en San Diego de Puerto Caicedo, Putumayo; además 4 campesinos sufrieron heridas, entre ellos un menor de 17 años.

Yolanda Echeverri Gómez, Secretaria Ejecutiva del Comité de Paro Cívico Buenaventura; desde el 24 de enero viene siendo objeto de amenazas y seguimientos, sin que hasta la fecha reciba la protección adecuada.

Carlos Andrés Sánchez Villa de 37 años, vicepresidente comunal de Caño Raya en Tibú, Norte de Santander y promotor de la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito; fue asesinado el 6 de mayo en el kilómetro 17, en la vía que conduce de La Gabarra a Tibú, a 500 metros de un puesto de control militar de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército.

Reinaldo Mantilla Blanco, docente de la etnia Barí; fue asesinado el 7 de mayo en la vereda El Seis del corregimiento Petrolea de Tibú, Norte de Santander.

Eduardo Medina, comunero indígena y transportador de un bus tipo Chiva; fue asesinado el 7 de mayo en la vereda Alto Come Dulce del corregimiento Bella Vista en Suárez, Cauca.

Wilder Daniel Marín Alarcón 22 años, ex combatiente de las FARC era estudiante del SENA en técnica de Auxiliar Contable. Fue asesinado e incinerado vivo en Bello, Antioquia el 7 de mayo.

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[1-2] Paz con justicia social y ambiental: La respuesta a la crisis humanitaria agravada por la pandemia. CAJAR, 07-05-2020.

[3] AGC controlan comunidades indígenas luego de combates con el ELN. Comisión Intereclecial de Justicia y Paz, 2-05-2020.

[4] En el aislamiento, la violencia ha cobrado 278 vidas en el país: colectivo José Alvear. El Colombiano, 7-05-2020.

CALPU