El escándalo militar le explota al gobierno uruguayo en plena campaña electoral

El presidente Tabaré Vázquez destituyó al titular del Ministerio de Defensa, Jorge Menéndez, al viceministro Daniel Montiel y a los tres generales que integraban el Tribunal de Honor que consideró que el represor y asesino José Nino Gavazzo no afectó el honor del Ejército al desaparecer el cuerpo del militante Roberto Gomensoro.

Integraban el Tribunal de Honor el comandante en jefe del Ejército, José González, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún, y el general Gustavo Fajardo. Las actas del Tribunal de Honor, a las que tuvo acceso El Observador, fueron homologadas por el Poder Ejecutivo sin que se notificara a Vázquez sobre su contenido.

El escándalo llega en plena campaña para las elecciones presidenciales de fin de año, cuando temas extraños a la [medianamente] larga tradición republicana del país comienzan a frecuentar el paisaje público, con mucha semejanza con el proceso sucedido en Brasil, tales como la proliferación de iglesias neopentecostales con candidatos propios, la manipulada histeria anticorrupción, los discursos defensores del odio y la intolerancia en nombre de la seguridad, el activismo de los militares, la defensa de la intervención militar, la guerra cibernética y la demagogia del outsider.

Vázquez adoptó esta decisión después de de que el diario El Observador informara que Gavazzo admitió ante el Tribunal de Honor que él arrojó al río Negro el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro en marzo de 1973 para hacerlo desaparecer. “Yo lo cargué al vehículo, yo manejé el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote, lo tiré del bote. Yo solo”, declaró Gavazzo

Durante el fin de semana altos dirigente del gobernante Frente Amplio exigieron la destitución del general González, quien fuera nombrado comandante en jefe del Ejército en lugar del destituido Guido Manini Ríos, quien había criticado los fallos judiciales emitidos contra los militares hallados culpables de violaciones a los derechos humanos. Manini Ríos, con posiciones ultraderechistas, anunció que se dedicará a la política.

Otra de las consecuencias de que trascendiera esta información se produjo a nivel judicial: el fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió los antecedentes del caso a la Fiscalía de Flagrancia, para que investigue la posible omisión de confesión de delito relatada al Tribunal de Honor.

Además, Jorge Pajarito Silveira, también ex militar secuestrador y represor lo acusó de haber sido responsable de la muerte de otro detenido en el Grupo de Artillería 1 y de la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman. Silveira acusó a Gavazzo de no tener la hombría suficiente para asumir sus actos.

Sin embargo, el Tribunal de Honor concluyó que estas acciones no afectaron el honor del Ejército, como sí lo hizo que permitieran que el coronel Juan Carlos Gómez permaneciera tres años preso por el asesinato de Gomensoro, siendo que ellos sabían que era inocente.

El prontuario de Gavazzo

José Nino Gavazzo es considerado como uno de los personajes más siniestros del Uruguay, acusado de tortura, asesinato, secuestro, robo de niños, violaciones y diversos tipos de delitos económicos. Está procesado por 28 homicidios especialmente agravados, incluyendo el del maestro Julio Castro.

Fue un particular alumno del general Ramón Trabal, bajo cuyo mando participó en la represión contra el Movimiento de Liberación Nacional–Tupamaros y entre 1974 y 1975, actuó en la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA), con la que Uruguay participó en la coordinación represiva de las dictaduras de la región constituida en Chile bajo el nombre de “Plan Cóndor”.

En 1974 participó en el secuestro del militante tupamaro Washington Barrios en Argentina (cinco meses después su esposa Silvia Reyes, es asesinada junto a Laura Raggio y Diana Maidanick en Montevideo), y en el secuestro en Buenos Aires de seis uruguayos que trasladados a Montevideo fueron recluidos en el centro clandestino La Casona de Punta Gorda. Cinco de ellos fueron fusilados en la localidad de Soca como “represalia” por el asesinato del general Ramón Trabal en París.

Otras de sus víctimas fueron militantes del Partido Comunista del Uruguay (PCU), incluso en Argentina, desde donde se iniciaron los traslados ilegales de detenidos, a quienes llevaban al centro clandestino de represión “300 Carlos”, en los fondos del Batallón de Infantería Nº 13. Participó del secuestro del escribano Fernando Miranda, cuyo cuerpo fue recuperado, enterrado, junto a la cancha de fútbol de la unidad militar, donde se supone que podrían haber desaparecido otros seis militantes comunistas y la maestra Elena Quinteros.

En 1976, Gavazzo era el 2º jefe del Departamento III del Servicio de Información y Defensa (SID), base de operaciones en los operativos de secuestro, tortura, asesinato y desaparición de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en Buenos Aires. Gavazzo participó en el secuestro y asesinato en Buenos Aires de los parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw y la desaparición de Manuel Liberoff.

En Buenos Aires, Gavazzo comandó la contraparte uruguaya de la coordinación represiva en el centro clandestino Automotores Orletti, donde con la banda del paramilitar de Aníbal Gordon y elementos de la Policía Federal se concreta el secuestro y desaparición de medio centenar de militantes del PVP.

La mitad de ellos fue trasladada a Uruguay el 23 de julio de 1976 en un vuelo piloteado por el actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Enrique Bonelli, y fueron presentados como “capturados” en un falso operativo en el balneario Shangrilá que el propio Gavazzo narró en un comunicado de la Dinarp.

El resto de los militantes del PVP también fue trasladado a Montevideo en un “segundo vuelo”, piloteado por el ex comandante José Malaquín, y, entregados al Ejército. Éstos habrían sobrevivido un mes en una base desconocida antes de ser asesinado y enterrados, probablemente, en una fosa común no reconocida.

En los años siguientes Gavazzo se dedicó a negociados en la actividad privada, hasta que, tras la reinstitucionalización del país y denunciado por sus crímenes, se negó a comparecer ante la Justicia. Desacato que esgrimió el presidente Julio María Sanguinetti para aprobar la Ley de Caducidad en 1986.

Casi un decenio después, en enero de 1995, Gavazzo fue procesado con prisión por el delito de “extorsión”, en el marco de una falsificación junto a su socio, el policía Ricardo “Conejo” Medina. En los últimos años, Gavazzo ha exhibido su impunidad desde sonrientes fotografías que la prensa le pudo tomar durante el casamiento de una de sus hijas frente al registro civil o en los entierros de otros represores, como el inspector Víctor Castiglioni o el coronel Lamy.

Repercusiones

Las actas del Tribunal de Honor, con fecha de 2018, fueron homologadas por Vázquez y por el viceministro de Defensa (el titular de la cartera se encontraba de licencia), sin que se notificara al mandatario sobre su contenido. Toda la información estaba allí aunque el presidente lo ignorara. Por ello, el 12 de marzo pasado, Vázquez dio el visto bueno al nombramiento de González como jefe del Ejército luego de haber cesado a Guido Manini Ríos en ese puesto, precisamente por haber criticado a la Justicia ordinaria.

“Un militar citado como indagado por la Justicia no tiene las garantías del debido proceso y es condenado en base a conjeturas o convicciones inadmisibles sin pruebas fehacientes, fraguadas o inventadas” había dicho Manini Ríos. El gobierno de Vázquez decidió que las declaraciones del entonces número uno del Ejército eran incompatibles con su cargo.

Frente a este panorama, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Jorge Díaz, anunció ayer que se había designado a un funcionario de turno expresó a la prensa. “Lo que sí sabemos es que en ningún momento se puso en conocimiento de la Justicia este hecho y estas circunstancias entendiendo de que puede haber, eso se determinará en la investigación, un hecho delictivo en la omisión de parte de los funcionarios públicos en denunciar un delito”, aseguró Díaz.

El fiscal general uruguayo recordó que su país forma parte de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado a investigar y perseguir todos los delitos que se cometieron durante la dictadura entre 1973 y 1985, considerados delitos de lesa humanidad e imprescriptibles.

El escándalo le explota al gobierno en plena campaña electoral, cuando la coalición gobernante Frente Amplio busca un cuarto mandato a partir de 2020. El precandidato por el opositor Partido Nacional Luis Lacalle Pou dijo que aunque Vázquez había tenido responsabilidad política en la designación de González al frente del Ejército, la decisión de las destituciones había sido acertada. Así también lo consideró el precandidato colorado Ernesto Talvi.

El dirigente sindical y precandidato presidencial del FA, Oscar Andrade, había pedido el domingo la remoción del jefe del Ejército. “No puede seguir en funciones un comandante en jefe que avala las monstruosidades que se confesaron en el Tribunal de Honor”, mientras el intendente de Montevideo Daniel Martínez, otro de los precandidatos frenteamplistas, señaló su respaldo a Vázquez y dijo que “para gobernar hay que tener valentía política y la convicción que a la democracia se la defiende actuando con firmeza en los momentos difíciles. La lucha por los derechos humanos es una lucha permanente”.

CLAE