El Gobierno argentino se allana a las condiciones del FMI

Con fecha 19.2 la Misión del Fondo que estuvo varios días en Buenos Aires (entre el 12-19) -a cargo de la Subdirectora del Departamento Hemisferio Occidental, Julie Kozak (segunda en orden jerárquico de Alejandro Werner, que estuvo directamente involucrado en la concesión del mega-préstamo de los U$S 57.000 millones de salvataje al gobierno Macri) y de Luis Cubeddu (que reemplazó al italiano Roberto Cardarelli al frente de la Misión para Argentina)- emitió un Comunicado de Prensa que tiene como conclusión: “[…] se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad.” (negritas mías).

La postura del FMI a favor de una quita de los Tenedores de Bonos Argentinos no es nueva. Se viene rumoreando hace meses. Se mencionaba la idea de un descuento del 15-20 % sobre el Capital promedio de la Deuda. “[…] una quita de este tipo no le afectaría la extraordinaria ecuación de ganancia a los nuevos FB, los FI que compraron Deuda cuando la Crisis Macrista del 2018, y que lo hicieron al 40 y hasta el 30 % de su valor, dada la fuerte caída producida en la cotización de los títulos antes del salvataje del FMI. Aunque estos FB -que hoy se sientan reclamando al gobierno Fernández tales títulos al Valor Nominal 100- terminen aceptando una quita de ese orden, digamos un 20 %, terminarían ganando así el doble de lo pagado para la compra de dichos papeles”, sostiene Héctor Giuliano en su artículo “Deuda Pública: El cerco se cierra”.

Las medidas adoptadas por el Gobierno FF

1) Aceptar el acuerdo stand-by suscripto por la administración macrista sin quita para el FMI.

2) Monitoreo de las Cuentas Públicas. Kristalina Georgieva dixit: «Sobre la base de la reciente misión del personal técnico del FMI a Buenos Aires, también discutimos los planes de las autoridades para garantizar una solución sostenible y ordenada de la situación de la deuda de Argentina. En este contexto, acogí el compromiso de las autoridades argentinas de continuar profundizando nuestra colaboración, a través de una Consulta del Artículo IV (que supone la auditoría permanente de las Cuentas Públicas) y oportunamente obtener un programa respaldado por el Fondo. Las modalidades de estos próximos pasos se seguirán discutiendo.”

3) Pagar los servicios de la deuda mientras se negocia. Léase no caer en default. A través de recursos prestados internamente por Entes Oficiales (fundamentalmente con el BCRA, el FGS del ANSES y los Bancos Públicos).

4) Mantener en el anonimato a los acreedores privados. Y no cuestionar las operaciones de Colocación de deuda durante el macrismo.

5) Aumento sustancial de los Ingresos Fiscales vía Presión Tributaria y recorte de Gastos Públicos por caída de los Salarios Reales contra la Inflación, rebaja de los aumentos jubilatorios por DNU del Poder Ejecutivo, recorte de las Inversiones Públicas y limitaciones del aumento de Gastos del Estado (de Personal y Generales) por reducciones directas e incrementos menores que la Inflación.

6) Garantía de Superávit Fiscal Primario en los futuros Presupuestos anuales para cubrir los Intereses a Pagar de la Deuda Pública.

El descontento de jubilados y jubiladas contra el ajuste previsional

Para millones de jubilados y jubiladas, el último aumento anunciado por el Gobierno nacional significó un golpe. La decisión del oficialismo de congelar la movilidad jubilatoria -ocurrida en diciembre pasado- avaló un aumento por debajo de lo que hubiera correspondido para más de dos millones de personas.
Todo hecho en función de avanzar en un ajuste fiscal cuyo único fin es el pago de la deuda pública.

El viernes 21 de febrero, la Defensoría de la Tercera Edad -encabezada por Eugenio Semino- hizo una presentación ante el Poder Judicial. Acompañada por la firma de más de 7.000 jubilados y jubiladas que planteaba la «inconstitucionalidad» del decreto del Poder Ejecutivo que estableció los nuevos aumentos.

El Defensor de la tercera edad aclaró que se trata de un «amparo con un pedido de medida cautelar, para que se reajuste conforme al guarismo que había arrojado la Ley de movilidad (11,56%); es para todos los afectados, salvo para los que cobran la mínima, que con los cambios tienen un incremento».

La presentación fue rechazada por la jueza federal de la Seguridad Social, Silvia Saino. En su fallo, la magistrada manifestó que entiende que no hay unicidad en el reclamo y que los recursos deben presentarse en forma individual.

«La jueza de primera instancia no se expidió sobre el fondo de la cuestión sino que dijo que había que presentar demandas individuales (…). Siete mil adhirieron inicialmente (al amparo), pero siguen llegando adhesiones, y además se están haciendo reclamos colectivos también en provincias (…). Los tribunales están colapsados y es imposible que se puedan tramitar 2,5 millones de demandas si todos los jubilados deciden accionar. Es por eso que insistimos con una demanda colectiva”, explicó Semino.

Con el patrocinio de los letrados Adrián Tróccoli y Andrés Gil Domínguez, el Defensor de la Tercera Edad concretó la apelación el miércoles pasado y adelantó que en caso de que no haya respuesta positiva recurrirán a la Corte Suprema.

Cabe recordar que el cálculo de movilidad fue suspendido por seis meses con la sanción de la Ley 27.541 en diciembre pasado, y que los aumentos a jubilados y pensionados fueron otorgados por decreto, lo que generó este reclamo colectivo.

No se trata del único reclamo conocido. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires también recibió presentaciones cuestionando la decisión del Gobierno nacional. Así lo confirmó Alejandro Amor -titular del organismo- quien señaló que el jueves 20 “se presentaron 1.400 personas con una petición para que se retrotraiga la decisión de los aumentos de la jubilación”.

Finalmente, el lunes 9 de marzo, a las 10:30, la Defensoría de la Tercera Edad presentará el pedido de Per Saltum (es una herramienta legal que opera una vez que una causa tiene sentencia del juzgado competente de primera instancia) ante la Corte Suprema por el ajuste a los jubilados que ganan más de 17.000 pesos. Luego se realizará una conferencia de prensa. Será en el hall de los Tribunales, ubicados en Talcahuano 550 de la Ciudad de Buenos Aires.

El salario mínimo debería ser de casi 62.000 pesos

Los trabajadores del Indec, nucleados en ATE, llevan a cabo informes periódicos sobre la situación salarial del país. En ese marco, presentaron un documento que informa de cuánto debería ser el salario mínimo, actualizado al 31 de diciembre de 2019.

Según lo relevado, un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos (de 6 y 9 años) necesitó, en diciembre de 2019, 61.882,14 pesos para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de 19.910,48 pesos necesarios para adquirir una Canasta alimentaria mínima y de 41.971,66 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos.

El ejercicio de estimación que acerque a los trabajadores y su núcleo familiar a lo que serían los valores requeridos en la actualidad para cubrir las necesidades básicas para llevar adelante una vida digna, sin dejar de aclarar que esta cifra se hace en base a datos oficiales publicados por el Indec.

«Por tanto, ningún trabajador debería ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado en este ejercicio», explican desde ATE Indec en un comunicado de prensa. La cifra representa casi cuatro salarios mínimos, fijados en la actualidad en 16.500 pesos y explica en gran medida el fenómeno por el que muchos trabajadores aun siendo ocupados plenamente, no pueden salir de la pobreza.

Conflicto docente

Esta semana no comenzaron las clases o comenzaron con conflicto en casi la mitad del país. En rechazo a las propuestas salariales de los gobiernos, hubo paros de 72, 48 y 24 horas en Chubut, Entre Ríos, Tucumán, Santa Cruz, Catamarca, Neuquén, Santa Fe, Chaco, Misiones, Formosa, Salta, algunas localidades de la provincia de Buenos Aires y escuelas en CABA.

En Santa Cruz, la Asociación de Docentes de Santa Cruz (Adosac) rechazó los $2.000 de aumento ofrecido por el gobierno de Alicia Kirchner y resolvió no iniciar las clases con 48 horas de paro. La respuesta del gobierno fue decretar la conciliación obligatoria y luego cesantear a los y las docentes recién nombrados que se adhirieron al paro.

«Este es un brutal ataque al derecho de huelga, a la autonomía de los sindicatos y a las leyes laborales, cuyo único objetivo es quebrar la lucha por justos reclamos de la docencia santacruceña a través de represión, persecución y despidos», denunció el gremio.

Tras un congreso realizado el martes 3, Adosac emitió una declaración donde exige «la reapertura inmediata de la paritaria para seguir negociando la pauta salarial 2020» y denuncia la «ilegitimidad, improcedencia y carácter autoritario y disciplinador» de la conciliación obligatorio dictada por el gobierno de Alicia Kirchner. Asimismo, denuncian «las directivas con los que algunos cargos políticos y supervisiones cómplices pretenden generar el despido de cientos de compañeros en toda la provincia». Finalmente, convocaron a «los sindicatos docentes opositores a una reunión a realizarse la próxima semana en el marco de la situación nacional que atraviesa nuestro sector».

La propuesta de aumento en cuotas que envió el gobierno provincial no conformó a grandes sectores de la docencia en Córdoba. Un ofrecimiento que contempla un incremento escalonado hasta alcanzar un magro 20,1% recién en julio, con FONID y reducción de los aportes jubilatorios incluidos y con eliminación de la cláusula gatillo.

Con cortes de calles, carteles y pancartas, docentes de distintos puntos de la provincia de Córdoba hicieron escuchar sus voces. Los reclamos más sentidos se expresaron contra el desfinanciamiento de la educación pública, contra los salarios cada vez más hundidos bajo la línea de pobreza, en rechazo a la sobrecarga de tareas que impacta sobre la salud; denunciando la falta de útiles y materiales escolares, el aumento constante de la precarización y la falta de inversión en infraestructura de las escuelas.

La bronca docente se expresó en consignas como “que la departamental no nos traicione”, “Sr. Gobernador no aceptamos la propuesta indignante”, “no al ajuste a la educación” o “la deuda es con los docentes, no con el FMI”. También se expresó la bronca contra la conducción de UEPC y la necesidad del llamado a un plenario provincial de delegados con mandato.

En Salta el paro seguía el jueves por cuarto día consecutivo. Según lo difundido por medios como El Tribuno y los secretarios generales de UDA y ADP, el Gobierno de Sáenz realizó una contraoferta, luego de que la primera fuera rechazada masivamente. La misma sería evaluada el viernes en una nueva reunión de mesa salarial. La nueva oferta, según difundieron, consiste en un 25 % ahora (que absorbe el 8 % de febrero) al que debe sumarse un 3,7 % correspondiente a la inflación del mes de diciembre. De esta forma, implica un 28,7 % acumulado por tramos hasta julio, con algunas sumas en negro y otras en blanco que no fueron especificadas. A esto hay que agregarle el porcentaje de Fonid, acordado en la paritaria nacional: cuatro cuotas de $ 1.210 por cargo.

En Tucumán intentaron aplacar la movilización y el paro con una “conciliación obligatoria” trucha, pero los docentes desde todos los puntos de la provincia se movilizaron a Plaza Independencia en una marcha histórica. El sábado 7 convocaron a una asamblea provincial.

Los docentes que integran la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) se movilizaron el jueves a la Legislatura porteña para denunciar la falta de vacantes en las escuelas de la Ciudad: “Dejaron afuera del sistema educativo a más de 24.000 niños y niñas».

Otro de los ejes del reclamo fue la estabilidad laboral para los docentes de los niveles secundario y superior, que vienen reclamando desde hace años su titularización, y la recuperación de poder adquisitivo perdido en los últimos años.

En un comunicado, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) precisó que se acordó con la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense que «quedaran sin efecto todos los sumarios por escuelas cerradas y por omisión en contralor impulsados por el Gobierno de Vidal». Incluso, añadió el texto, «se dejarán sin efecto los ceses de aquellos docentes que ya hubieran sido sancionados».

Arcioni reprimió a estatales que reclamaban sus salarios

La policía de la provincia de Chubut reprimió una manifestación de gremios estatales que pretendía ingresar a la sede de Casa de Gobierno en Rawson, en protesta por la demora en el pago de los haberes que se adeudan desde el mes de enero.

«Estuvimos movilizándonos, cortando rutas, en asamblea permanente y ahora fuimos a Casa de Gobierno porque no sabemos ya qué hacer», dijo el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut (Sitravich), Carlos Milani. En tanto, en el marco de una protesta que realizaban frente a la sede de la Gobernación, integrantes de ATE Chubut -que desde el martes realizan un paro de 72 horas- fueron reprimidos por la policía.

Milani explicó que, en el caso de su sector, «la deuda asciende a más del 90% del sueldo de enero», y agregó: «No se nos liquidó ni siquiera los viáticos que cobran los compañeros que trabajan con la maquinaria (vial) en el interior».

La administración de Arcioni enfrenta una tensa situación en el distrito, con paros de docentes, trabajadores estatales, viales y de la justicia, a los que se suman los del sector sanitario que iniciaron un acampe frente al Ministerio de Salud, con cuatro trabajadores en huelga de hambre.

La conflictividad aumentó desde el lunes último, cuando el gobernador decidió pagarles a los diputados provinciales y los empleados de la Legislatura para que sesionen y pueda brindar el discurso de apertura del año legislativo, según denunciaron desde distintos gremios.

Por su parte, los docentes realizan un paro total de actividades desde el miércoles de la semana pasada y ratificaron la continuidad de la medida hasta el próximo lunes. «Tenemos el 70% de los compañeros que no cobraron y ya nos vienen los cortes de servicios. Estamos atendiendo problemas básicos de nuestros afiliados que van al sindicato en procura de ayuda», dijo el secretario de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, Santiago Goodman.

Mandan al Congreso primer proyecto para regular las App de reparto

El Gobierno enviará la semana que viene al Congreso un proyecto de regulación del trabajo en plataformas digitales de reparto de mercaderías como Glovo, Rappi y Pedidos Ya, considerado por los funcionarios el primero en el mundo de su tipo abarcativo de toda la actividad, que incluirá un régimen distintivo de remuneración, jornada laboral, licencias y vacaciones, cobertura frente a accidentes e indemnizaciones, entre otros aspectos. Se trata de impulsar la creación de un nuevo estatuto laboral asimilable a otros como los que rigen el trabajo doméstico, el de la construcción o el empleo rural, y cuya base será la facultad de los repartidores de estructurar sus horarios. Consagrará, además, el vínculo de relación de dependencia entre el repartidor y las empresas digitales.

El estatuto, pensado para regir la labor de entre 60.000 y 80.000 trabajadores de las aplicaciones PedidosYa, Glovo, Rappi y UberEats, fijará un desempeño máximo de 48 horas semanales y sueldos que serán calculados mediante un componente fijo, proporcional del salario mínimo, vital y móvil (SMVyM), y otro variable que dependerá del número de entregas, la distancia recorrida, el tiempo insumido y el lapso de espera. Por tratarse de una institución nueva con características distintivas estará por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo.

Uno de los ítems más novedosos del proyecto será el de licencias por enfermedad o accidente. Cada asalariado aportará para un fondo propio constituido por la remuneración de tres jornadas de trabajo -las acreditará el empleador- y del que podrá cobrar durante su recuperación. En caso de no haber utilizado las licencias al cabo de un año el repartidor podrá habilitar la continuidad del fondo acumulable o bien cobrarlo en su totalidad. Las empresas, en tanto, deberán contratar ART.

También habrá un capítulo sobre desvinculación. El texto estipulará que pasados treinta días sin logueo a una aplicación será considerado abandono de tareas y, por lo tanto, pasible de despido sin pago de indemnización. En caso de bloqueo unilateral por parte de la plataforma el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado, sobre la base de la remuneración promedio del último semestre. Los autores procuraron incorporar una garantía al derecho de información para cada trabajador al establecer la obligatoriedad de dar a conocer los algoritmos de asignación de tareas, así como los kilómetros recorridos y las calificaciones de los usuarios.

El proyecto dejará asentado el derecho a sindicalización y el reconocimiento de todos los derechos colectivos como el de negociar de manera colectiva y realizar una huelga. Hasta ahora un sólo gremio, la Asociación de Personal de Plataformas (APP), se inscribió ante el Ministerio de Trabajo con la pretensión de representar de manera colectiva a los trabajadores del rubro. Permitirá, además, como en la actualidad, el empleo de un mismo repartidor con más de una aplicación.

Trabajadores de Glovo llevan adelante jornadas de lucha por derechos laborales

Los repartidores de Glovo se manifestaron el miércoles 19 de febrero en la puerta de la Subsecretaría de Trabajo de Neuquén. Desde hace semanas se encuentran en estado de alerta y movilización con paros sorpresivos por sus condiciones de trabajo y contra la persecución gremial ya que uno de sus voceros, Fredi Silva, luego del primer paro fue dado de baja de la plataforma.

Horas después de una reunión con el Director de Trabajo el referente de los repartidores fue dado de alta nuevamente. Acompañaron la acción el diputado Andrés Blanco y la diputada Patricia Jure del Frente de Izquierda. Solicitaron que el subsecretario Ernesto Seguel atienda a los trabajadores. También presentaron una nota pidiendo información sobre las medidas de control a las empresas Glovo y Pedidos Ya, y todas aquellas empresas de transporte terrestre “a demanda” a través de plataformas, adoptadas por la subsecretaría de Trabajo.

El vocero de los repartidores denunció que este tipo de aplicaciones “han encontrado una forma fraudulenta para tratar con sus empleados. A ellos les sirve que seamos monotribustas para evadir su responsabilidad como patronal”.

Los trabajadores de Glovo reclamaron al subsecretario de Trabajo el pasado 27 de febrero que intervenga para controlar a las empresas y garantizar sus derechos como trabajadores. “Que les sirva de control para que no hagan lo que les dé la gana y maltraten a sus trabajadores”.

Durante los últimos semanas, Mar del Plata y Neuquén vienen siendo el epicentro de diversas manifestaciones de trabajadores de la aplicación de delivery, por mejoras en los derechos laborales y recomposición salarial.

Los repartidores de Glovo en Mar del Plata llevaron adelante una medida de fuerza con corte de servicio desde las 20 a las 24 horas en reclamo de recomposición salarial. Los repartidores marplatenses vienen exigiendo desde comienzos de febrero una suba de salarios y urgente recomposición salarial. Reclaman que la tarifa base pase a $70, el kilómetro recorrido a $18 y que se dupliquen los bonos que la firma concedió en los horarios de mayor demanda. “El aumento lo van a dar de una vez en marzo pero no nos dijeron de cuánto va a ser”, manifestaron desde la asamblea de trabajadores, mientras ratificaban el paro.

En Mar del Plata la desocupación es una de las más altas del país y quienes pueden acceder a un trabajo lo hacen de forma precaria, sobre todo en la temporada veraniega. Los más afectados por esta realidad son las y los jóvenes en diferentes rubros y sobre todo los repartidores. Los sueldos no superan los 20.000 pesos, muchos incluso no llegan a los 12.000. En la mayoría de los casos no gozan de ningún derecho laboral. Cualquiera que recorrió este verano las calles de la ciudad, vio como parte del paisaje a cientos de ellos pedaleando de aquí para allá llevando en sus espaldas grandes mochilas con pedidos.

Un sector de esa juventud empezó a decir basta y se organizó para mostrar la realidad que vive cotidianamente. Son alrededor de 130 jóvenes que trabajan como monotributistas para la empresa Glovo de pedidos on line, que se dedica a la compra, recogida y envío de pedidos.

La multinacional española, se había comprometido a aumentar la tarifa del envío que actualmente es de $42 más 9 pesos por kilómetro recorrido y un peso más por cada minuto de espera. También se vieron afectados por el aumento desmedido del monotributo.

Además de los paros, los “Glovers” realizaron una asamblea junto a trabajadores de otras apps y se movilizaron en caravana por la costa marplatense hacia el centro para finalizar en la Plaza del agua continuando el reclamo por aumento salarial.

Repositores de Sancor se movilizaron al Ministerio de Trabajo

Denuncian que hace más de un año la empresa les dio licencia y no perciben sus salarios en tiempo y forma. “Estamos de licencia hace más de un año esperando una respuesta por parte de Sancor y el sindicato que nos dice que tenemos que esperar. Vinimos al Ministerio de Trabajo a ver si podemos encontrar alguna respuesta”, señaló un trabajador. Los trabajadores denunciaron que la empresa ofrece el pago del 50 % de la indemnización y en cuotas. Son unos 150 trabajadores, solo de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentran en esa situación.

Trabajadores de SanCor en Mendoza denunciaron el vaciamiento de la empresa a partir de la imposición de despidos encubiertos bajo “jornadas liberadas de trabajo” y bajo la categoría de “retiro voluntario”. Denuncian que la patronal adeuda salarios y los últimos dos aguinaldos.

“A principios del 2016 había en SanCor 4.900 empleaos en todo el país, hoy en día, solo quedan acerca de 1.500. Con el comienzo de la crisis, muchos empleados se fueron por retiro voluntario ofrecidos por la cooperativa, y otros quedamos resistiendo la crisis y poniendo todo nuestro esfuerzo en nuestros puntos de trabajo para ayudar a sacar a flote a la empresa. Luego el gremio de la industria lechera, firmó un acuerdo con la cooperativa que incluía una quita del 15% del sueldo para evitar los despidos, entre comillas, con una devolución al año siguiente, cosa que nunca ocurrió, sino que se estiró por seis meses más. A mediados del 2017 comenzaron con las jornadas liberadas de trabajo, en donde el empleado era suspendido con una quita del 25% del sueldo, esto sin devolución”, manifestó uno de sus trabajadores.

“Mientras tanto el sindicato aducía que estas medidas eran para preservar nuestros puestos de trabajo el tiempo fue pasando hasta que todos los repositores del país quedaron en las llamadas “jornadas liberadas de trabajo”. Desde el mes de noviembre 2019 SanCor dejó de pagar los sueldos, y solo recibimos 10.000 pesos por mes teniendo en cuenta también que nunca se pagaron los últimos dos aguinaldos. Hace unos 20 días recibimos las peores noticias de parte del jefe de Recursos Humanos, el señor Beldi, que los repositores de todo el país no íbamos a ser tenidos más en cuenta por la cooperativa; pero que dicha empresa, SanCor tampoco nos iba a despedir, y el que quería se tenía que ir en concepto de retiro voluntario, con el 50% de la indemnización correspondiente y el que se quedaba cobraría 10.000 pesos en concepto de sueldo solidario, no se sabía hasta cuándo iban a ser pagados esos 10.000 pesos tampoco”, continuó el trabajador.

“Al interior del país nos enteramos de estas noticias mediante mensajes de whatsapp de delegados de Buenos Aires, que son los que acudieron a dicha reunión. En esa reunión no dejaron participar a gente del interior. Nos enteramos por ellos, ya que nadie de la cooperativa da la cara hace años.”

Finalizó comentando que “lo que los trabajadores de SanCor pedimos es la intervención inmediata del Gobierno Nacional, pedimos por la devolución de nuestros puestos de trabajo y para no olvidar pedimos que se pague todo lo adeudado, ya que este conflicto y todo lo expresado con anterioridad ha causado muchos problemas económicos a nuestras familias. Hoy en día nuestro secretario gremial a nivel nacional, Héctor Luis Ponce, dice que a SanCor es imposible hacerle alguna medida de fuerza, ya que terminarían por quebrar a la empresa; sin tener en cuenta que tanto ATILRA (Asociación Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina) en connivencia con SanCor, quebraron nuestra economía hace bastante tiempo”.

La brecha de género por salario en el punto más alto

La diferencia en el salario que perciben mujeres y hombres mostró su pico más alto desde 2016, con una brecha del 18% en enero último (en aquel año la brecha fue de 12%). El dato surge de un relevamiento llevado a cabo por el sitio de búsqueda Bumeran. Al mismo tiempo, el 53% de las postulaciones laborales es realizado por mujeres. No obstante, esta cifra se amplía en detrimento de ellas a medida que aumenta la jerarquía de los espacios a ocupar.

Respecto a los salarios, la diferencia también va en línea de acuerdo a los cargos: mientras en las categorías más bajas se percibe una escasa diferencia de apenas el 2%, en los cargos superiores la diferencia asciende al 20%.

“Ellos dicen que se trata de amor. Nosotras que es trabajo no remunerado”

Se creó la Dirección Nacional de Cuidados Integrales en el Ministerio de Desarrollo Social. Al frente del organismo fue nombrada la docente y socióloga feminista Carolina Brandáriz. La dimensión política y social del cuidado pensada en términos de derechos, con la centralidad de políticas públicas a largo plazo y que sea reconocido como valor económico, es uno de los desafíos que enfrenta el Gobierno para despegar del piso de la inequidad a una fuerza laboral postergada históricamente, ya que la mayor parte del trabajo doméstico recae sobre las mujeres en la Argentina.

El proyecto, entonces, es discutir el cuidado desde una perspectiva de géneros como fuerza de trabajo asalariada. “Debemos pensarnos en una sociedad diferente, que entienda que todas las personas necesitan cuidados en algún momento de sus vidas. Y resolverlo en comunidad, lo que significa que el Estado pueda reconocerlo como un derecho y construir una política pública en torno a eso”, señala Brandáriz.

¿Qué significa el cuidado en la vida cotidiana?

-En la Argentina, el primer acercamiento a la agenda del cuidado es a través del reconocimiento de su peso sobre las espaldas de las mujeres por acción de los mandatos culturales. Hace que tengamos una doble jornada laboral y trayectorias laborales recortadas, que todos los indicadores registren las cifras más altas cuando habla de nosotras y desocupación, informalidad y subocupación, y nos permite comprender la realidad cotidiana del trabajo que desarrollamos las mujeres, que en el caso de las trabajadoras formales se reparte entre la jornada laboral fuera de casa y, al regreso, el trabajo de cuidado y atención de niñas, niños y/o personas ancianas o con discapacidad. Ni hablar de aquellas trabajadoras de la Economía popular, que no tienen la garantía de los derechos laborales que el movimiento obrero conquistó históricamente, que afrontan una realidad más compleja porque son las que sostienen comedores y merenderos en esta situación de ajuste y de hambre, y además tienen a cargo el cuidado de sus hijxs.

Y además en una situación de informalidad, que preferimos llamar el circuito de la Economía popular. En ese marco nos parece importante que empiece a visualizarse el trabajo de cuidados no registrado, que el feminismo en esta Cuarta Ola que hemos construido de 2015 a esta parte con el grito de “Ni Una Menos” y, sobre todo, en los paros del 8 de Marzo con la consigna “Si no sirve lo que producimos produzcan sin nosotras”, pretende visibilizar en la sobrecarga de tareas que mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarixs sostenemos cotidianamente. Es un trabajo corporal y emocional, es la preocupación mental cotidiana por cómo se resuelve la comida de nuestrxs hijxs y es central que a través de acciones concretas vayamos construyendo una sociedad que considere el cuidado como una responsabilidad colectiva. Y que un Estado de bienestar debe garantizar como un derecho junto con salud, educación y seguridad social.

Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional conformó la primera Mesa Interministerial de Políticas de Cuidados, impulsada por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación que encabeza Elizabeth Gómez Alcorta. El objetivo de este nuevo organismo será implementar acciones y políticas para la igualdad de género.

Gómez Alcorta explicó al inicio del encuentro: “En los distintos ministerios y agencias se implementan distintas políticas vinculadas con cuidados, aunque a veces no se las nombre de esa manera. El objetivo de la mesa es pensar de manera conjunta e integral las políticas de cuidados para la Argentina”. Y añadió: “Se trata también de pensar políticas que nos permitan avanzar estratégicamente para distribuir mejor las tareas de cuidados. Mientras que no tengamos una agenda integral de políticas públicas explícita sobre el tema, el cuidado termina siendo un factor de profundización de desigualdades”.

También participaron de la Mesa la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, de Educación, Nicolás Trotta y de Trabajo, Claudio Moroni, el viceministro de Economía, Haroldo Montangu, la Directora Ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, el titular de ANSES, Alejandro Vanoli, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Espósito, y Patricia Vaca Narvaja en representación de la AFIP, entre otros funcionarios.

Si es evitable, no es accidente

El viernes 6 la Campaña Basta de Asesinatos Laborales (BAL) presentó el 2º Informe anual en el Anfiteatro de ATE. Según los datos recabados un trabajador murió cada 14 horas en 2019 por causas evitables en el ejercicio de sus tareas en condiciones precarizadas, lo que suma 500 decesos en el año.

Según información difundida por la empresa Ternium Siderar de San Nicolás (propiedad del Grupo Techint), alrededor de las 6:40 del lunes 10 de febrero se produjo “un accidente en la obra de Chimenea 4 en el área de Coquería en Planta General Savio. Se vieron afectados 6 empleados de nacionalidad española de la empresa Dominion que se encontraban realizando tareas de demolición de una chimenea en el sector”.

Ternium Siderar, propiedad de la familia Rocca, uno de los grupos empresarios con mayores niveles de negociados con el Estado desde hace décadas y con mayores niveles de superexplotación obrera. De hecho en sus plantas ubicadas en diferentes partes del país las muertes de operarios en condiciones de trabajo precarias (muchas veces pertenecientes a empresas tercerizadas que realizan tareas dentro de las plantas) así como graves accidentes son moneda corriente. Si en las plantas de ese grupo se producen este tipo de accidentes no es por falta de recursos, sino por una desidia deliberada que tiene responsables directos, empezando por la propia patronal, siguiendo por el Estado y sus organismos de control y la dirección sindical de la UOM que lleva años mirando para otro lado.

Las heridas de los seis operarios españoles accidentados en San Nicolás no son obras ni del destino ni de la mala suerte. Son consecuencias directas de la precarización laboral, de la que solo se benefician las patronales.

Tras el vuelco del micro del grupo Vía Bariloche el 4/2, dejando dos pasajeros muertos y más de 30 heridos, la empresa intentó deslindar su responsabilidad por sus prácticas de explotación laboral ya que los choferes habían sido forzados a salir a la ruta sin descanso entre viajes. Se conoció el caso de otro conductor de la empresa, que fue despedido por enfrentarse a la misma situación: “Yo me negué a salir porque estaba cansado y me echaron”. El chofer -uno de los despedidos de El Rápido y que hace un año atrás fue absorbido por Vía Bariloche- confirmó que los conductores «son rehenes» de la empresa y no reclaman sus derechos por temor a quedarse sin trabajo.

Además, aseguró que los trabajadores del sector se encuentran en absoluta precariedad, situación que se mantiene a fuerza de amenazas con despidos en caso de que alguno hable o se anime a denunciar lo que ocurre. «No dormimos, no nos pagan los feriados, trabajamos sin franco», enumeró el chofer, que fue echado el 16 de enero pasado. El sindicato permite hace años estas prácticas que ponen en riesgo no sólo a los trabajadores de micros, sino a los trabajadores y el pueblo que usa esos medios de transporte público.

Emanuel Fuente Tapia falleció el jueves 6 de febrero mientras trabajaba en una obra en Arturo Seguí, al norte de La Plata. Emanuel tenía 26 años y era papá de dos niños. Fue encontrado sin vida por su propio hermano, quien llamó al SAME. Sin embargo, el personal médico no logró reanimarlo.

En La Plata, en octubre del año pasado, un obrero de la construcción murió cuando estaba trabajando a la altura de un sexto piso en el Bachillerato de Bellas Artes, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. En Ensenada, la planta siderúrgica Ternium-Siderar tiene el triste antecedente de contar con dos muertes obreras, una en 2016 y otra en 2018.

De los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) se desprende que 600.000 trabajadoras y trabajadores tienen enfermedades o accidentes laborales y se sufre un promedio de 750 muertes al año. Las ramas más “riesgosas” son manufactura, transporte y construcción. Se calcula que hay una tasa de muerte laboral de 8.4 cada 100.000 trabajadores.

Aunque el Gobierno de Cambiemos no pudo avanzar con la Ley de Reforma Laboral, logró avanzar en la modificación de los Convenios de trabajo industriales. Y con la complicidad de direcciones sindicales impuso una mayor flexibilización y la multifunción de tareas, que lleva a los trabajadores a realizar actividades de alto riesgo sin capacitación y sin idoneidad.

Mientras los empresarios “ahorran” en medidas de seguridad y degradan las condiciones de trabajo, aumentando los ritmos de producción, la jornada laboral, y sosteniendo agotadores turnos rotativos, los trabajadores pierden la vida.

Lock out patronal agrario

Tras la oficialización de la suba de las retenciones a la soja, del 30 al 33% para aquellos que producen más de 1.000 toneladas,la Mesa de Enlacedecidió avanzar en conjunto en un cese de comercialización de granos y hacienda para faena de cuatro días.

La medida que comenzará el lunes 9 y se extenderá hasta el jueves 12 es convocada por la Mesa de Enlace que agrupa a la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA). En primer lugar, el lockout fue convocado por CRA, pero finalmente se sumaron el resto de las entidades rurales.

Aquellos que tendrán un aumento en las retenciones, solo representan el 25,8% de los productores. El restante 74,2% recibirá una compensación de la recaudación adicional. A la vez, se reducirán las retenciones para las economías regionales: las arvejas, porotos, garbanzos, lentejas, bajan de 9% a 5%; el maní, de 12% a 7%; la harina de trigo, de 9% a 7%; y el girasol, de 12% a 7%; girasol confitero y aceite de girasol, la reducción va del 12% a 5%, entre otros productos.

La Haine