El proyecto que baja la edad de punibilidad a los 14 años comenzó la carrera parlamentaria.

El pasado viernes 10 de julio, en medio del asueto que se agregó al feriado por el Día de la Independencia para evitar que se propague la poco clara epidemia de influenza, la noticia pasó desapercibida. Ese día, el Senado aprobó en general un nuevo régimen penal para adolescentes de entre 14 y 17 años.
El argumento de este proyecto es darles garantía a los jóvenes de contar con un régimen propio para penar sus delitos. En este sentido el proyecto, que deberá aun aprobarse en particular en esa cámara y luego pasar a Diputados para su sanción definitiva, establece que ningún menor de 18 años puede ser juzgado por el sistema penal general ni aplicárseles las penas previstas para personas mayores. También define que no se sancionará con esta norma a los menores de 14 o 15 años que hayan cometidos delitos punibles con multas, inhabilitación o pena inferior a tres años; ni los jóvenes de 16 o 17 alcanzados por multas, inhabilitación o pena inferior a dos años.
Algunos datos de la situación carcelaria en nuestro país ayudan a comprender cuál puede llegar a ser el destino de estos jóvenes.
Se estima que actualmente hay en las cárceles alrededor de 60.000 personas, de las cuales 6 de cada 10 no tienen condena.
Los relevamientos muestran que también 6 de cada 10 reclusos han recibido golpes y lesiones sin atención médica; y que 4 de cada 10 presos a los que se somete a diferentes vejámenes son jóvenes.
Los datos marcan que el 30 por ciento de las personas que caen dentro del sistema penal no tienen ningún estudio o ni siquiera terminaron la primaria, no tienen trabajo ni oficio; y casi un 70 por ciento es menor de 34 años.
Según datos del Comité contra la Tortura (organismo de Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes), en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires suceden 100 hechos de violencia por mes. En su último informe (2008) detalla las formas de violencia ejercida contra los internos: “golpizas, palazos, balas de goma disparadas a quemarropa y en lugares del cuerpo no permitidos, submarino seco, amenazas, simulacros de fusilamientos, encierro indeterminado (engome), abusos, aplicación de picana eléctrica, violaciones y traslados constantes”.
Por su parte, la Procuración Penitenciaria de la Nación (órgano que depende del Poder Legislativo, quien elige a su titular) advierte sobre los peligros que corren los reclusos que intentan denunciar malos tratos por parte del Servicio Penitenciario Federal (SPF): “La persona que realiza una denuncia contra agentes del SPF sabe perfectamente que se enfrenta a sanciones arbitrarias, traslados lejos de su familia, bajas en la calificación disciplinaria con la consecuencia de no poder usufructuar institutos de soltura anticipada y obviamente amenazas y represalias”, a los que se suman el aislamiento individual que “implica condiciones altamente gravosas de detención tales como: racionamiento de la comida, ausencia de utensilios, encierro permanente, imposibilidad de acceso a otras instalaciones, falta de higiene personal, falta de camas y mantas, espacios, sin luz y deteriorados, efectuar la necesidades fisiológicas básicas, defecar y orinar, en botellas, bolsas de plástico o recipientes que se encuentran y mantienen por largo tiempo en el interior de las celdas”.
El Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) ha manifestado su oposición a este proyecto al que la mayoría del arco político parlamentario avala. Varios de sus argumentos son contundentes:
1-Porque no es cierto que sea el único modo de brindar garantías a los adolescentes de 14 y 15 años.
2-Porque no se trata de sancionar más leyes sino de cumplir las que ya existen, que si bien obligan a garantizarles salud, educación, vivienda digna, etc., no hay funcionarios que las ejecuten ni jueces que las apliquen.
3-Porque la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es ínfima, ya que según los últimos relevamientos de 2000 homicidios dolosos que se comenten por año en solo 200 (10%) participan menores de 18 y en solo 15 (0.75%) menores de 16.
4-Porque los pibes son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las empresas criminales, ya que casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta es porque alguien con más edad y con más poder, lo ha utilizado.
5-Porque irán presos las principales víctimas del neoliberalismo que esta sociedad votó y aceptó durante una década, adolescentes nacidos entre 1994 y 1995 cuyos padres, y luego ellos, fueron marginados y expulsados del sistema laboral y educativo.
Tal como dice la abogada Claudia Cesaroni del CEPOC: “Los adultos tenemos la obligación de hacernos cargo de nuestras decisiones (...). Y ser consecuentes con lo mejor de nuestra historia, con la decisión, que alguna vez tomamos, de que los únicos privilegiados sean los niños. Aún estos, los ajenos y demonizados”.

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