"El stronismo nunca se fue de Paraguay"

La dictadura militar del general Stroessner estuvo vigente en Paraguay entre 1954 y 1989, “pero el stronismo nunca se fue”, sostiene el colectivo Paraguay Resiste en Madrid y Barcelona.

Una de sus huellas son los métodos policiales -“represivos” y “vejatorios”- empleados contra las protestas populares del denominado marzo paraguayo de 2021. Respecto a otras movilizaciones –habituales- de campesinos, estudiantes e indígenas, salieron a la calle ciudadanos que normalmente no se manifiestan, como la clase media de la capital. El inicio, en forma de autoconvocatoria, se produjo el 5 de marzo y llegó a forzarse la destitución de cinco ministros del Gobierno presidido por Mario Abdo, del Partido Colorado.

Paraguay Resiste en Madrid y Barcelona es un colectivo sociopolítico cuyo fin es la defensa de la justicia social y la democracia participativa en Paraguay. Surgió como respuesta al golpe parlamentario de junio de 2012 en el país latinoamericano, que derrocó al presidente de la República, Fernando Lugo. “Se produjo entonces una ruptura del proceso de democratización del Paraguay”, señalan los activistas en el exterior. La siguiente entrevista se ha realizado con la colaboración del comité de solidaridad internacionalista CEDSALA del País Valenciano.

-El 5 de marzo comenzaron las movilizaciones autoconvocadas en Asunción, con consignas como “Que se vayan todos”, “Fuera Marito” o “ANR Nunca Más” (en referencia al Partido Colorado gobernante y al presidente Mario Abdo Benítez). ¿Por qué razones se reclama la dimisión del jefe de Gobierno?

El motivo central es el descontento generalizado por la gestión negligente, inepta y estructuralmente corrupta de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19. Todos sabemos que la forma de gobierno del Partido Colorado es idéntica al del crimen organizado, pero esta crisis, y la incapacidad de manejar el momento político, ha puesto al desnudo todos los mecanismos corruptos que rigen la forma de gobernar el país.

La presión ciudadana obligó a una remodelación del gobierno de Abdo Benítez -5 ministros fueron sustituidos- y llevó a la interposición de un juicio político contra el presidente y su vicepresidente, Hugo Velázquez. La crisis sanitaria se transformó en una crisis política. La propuesta de juicio político fue rechazada, en la Cámara de los Diputados, por la mayoría del Partido Colorado, también conocido como Asociación Nacional Republicana (ANR). En las calles del Paraguay ya se había empezado a gritar: ANR NUNCA MÁS.

Lo que los manifestantes pedían ya no era solamente una gestión más eficaz de las consecuencias sanitarias de la pandemia -caracterizada por la escasez, en parte, inducida, de medicamentos básicos, ausencia de plan de vacunación, pacientes atendidos en pasillos de hospitales por falta de camas, despilfarro presupuestario con obras inútiles- sino el final de la hegemonía de la ANR que, desde 1954, gobierna de facto el Paraguay: primero bajo la más larga dictadura de América Latina; después, implementando una democracia corrupta donde la administración del estado es entendida como una asociación criminal.

-¿Cuál es el perfil sociológico de los ciudadanos que se movilizaron? ¿Qué sectores de la sociedad han salido a la calle?

Las movilizaciones tuvieron un origen difuso e indeterminado. A día de hoy sigue estando envuelto en misterio, en un país donde todo se sabe, quien convocó la primera movilización, la del día 5 de marzo, frente al Congreso. Eso llevó a la generación de un personaje político eufemístico, el “ciudadano autoconvocado”. Pero los principales vehículos transmisores fueron las redes sociales y determinados medios de comunicación, lo que constituye un fenómeno nuevo en el país. Sus impulsores más visibles fueron figuras mediáticas, en su mayoría periodistas y, dentro de estos, periodistas deportivos, o simplemente tertulianos con presencia asidua en programas de radio y televisión. Son figuras altamente mediatizadas, con gran presencia en la tele y los medios y muy seguidos en Facebook y Twitter. Eso constituyó un importante factor de movilización. Bajo el lema #EstoyParaElMarzo2021, un hashtag que hacía alusión a la crisis política de marzo de 1999 y, de forma más convexa, al incendio del Congreso en marzo de 2017, se movilizó a la gente.

-¿Existen antecedentes?

En este punto, hay que hacer un breve inciso sobre la importancia histórica y la carga simbólica del mes de marzo para la sociedad paraguaya. La crisis de 1999, denominada “el marzo paraguayo”, que se saldó en la muerte de ocho personas y centenares de heridos, fue motivada por el asesinato del entonces vicepresidente Luis María Argaña, cuya autoría intelectual fue atribuida al, en ese momento, presidente Raúl Cubas Grau y al caudillo por excelencia de la política paraguaya, el ex general Lino César Oviedo. Las protestas llevaron a la renuncia de Cubas y la huida de Oviedo a la Argentina, donde le fue concedido el estatuto de exiliado político. También en el mes de marzo, en concreto, el 31 de marzo de 2017, manifestantes incendiaron el Congreso como consecuencia de las protestas contra la reforma de la Constitución que permitiría que los antiguos presidentes de la República, en ese caso Horacio Cartes y Fernando Lugo, se volviesen a presentar a las elecciones, extremo que la Constitución no permite.

-Retornemos al relato sobre marzo de 2021…

La evocación de un mes, el de marzo, tan marcadamente convulso en la transición democrática paraguaya, como hito para la realización de protestas contra el gobierno, planteó, desde sus inicios, fuertes dudas sobre la organización de estas movilizaciones. No tenían liderazgos definidos ni organización estructural. Pero los motivos estaban perfectamente claros para todos, incluso para quién no se “autoconvocó”: el colapso del sistema sanitario del Paraguay motivado por la endémica, patogénica y sistémica administración corrupta del país. En el Paraguay, es normal y frecuente la celebración, casi cotidiana, de manifestaciones de estudiantes, campesinos e indígenas. La novedad de estas movilizaciones derivó de la participación de sectores de la sociedad que, en condiciones normales, no se manifiestan, como familias de la llamada clase media de Asunción.

La convocatoria original del 5 de marzo tuvo un emplazamiento específico: frente al Congreso. Pero, el ensanchamiento de las movilizaciones a otros colectivos, como estudiantes universitarios y campesinos, les dio una característica de espontaneidad caminante. Los lugares de las protestas se desplazaron no solo a otros puntos de Asunción, como la residencia oficial del presidente de la República, la residencia particular del expresidente Horacio Cartes o la sede del Partido Colorado, sino a otras ciudades del país, como Ciudad del Este, Encarnación, Concepción, San Pedro, Caaguazú y Curuguaty.

-¿Qué rasgos subrayaríais de las movilizaciones?

Las manifestaciones no se convocan, se organizan. Y la principal característica de estas movilizaciones fue su organización bajo la forma de la autoconvocatoria. Eso conllevó un cierto vacío programático rellenado de alguna rabia escénica. Más allá del descontento en relación a la administración de los recursos públicos durante la pandemia, el contenido político de las movilizaciones, quizá no deseado por los poderes mediáticos que las autoconvocaron inicialmente, fue expresado por los estudiantes y los campesinos, quienes buscaron encauzarlas hacia la construcción de propuestas alternativas que suplanten la acefalía hegemónica y el crimen organizado como forma de gobierno que caracteriza la “democracia poco común” o el proceso de transición democrático que vivimos en el Paraguay desde 1989.

-¿Cuáles son las principales reivindicaciones de los estudiantes universitarios? ¿En qué consiste el Reglamento de la Ley de Arancel Cero, aprobado en enero mediante un Decreto presidencial?

Las movilizaciones estudiantiles vienen produciéndose de forma persistente en el Paraguay desde 2015, año en el que tuvo lugar la denominada “primavera estudiantil”, marcada por la Marcha Nacional de Colegios Públicos y Privados. Este movimiento, iniciado por estudiantes de la enseñanza secundaria, se extendió al ámbito universitario bajo el lema “UNA no te calles”. Estas protestas llevaron a la dimisión de la entonces ministra de Educación y Ciencia y del entonces rector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). De este modo, las actuales manifestaciones estudiantiles son la evolución diacrónica natural el proceso de politización iniciado en 2015, tanto más que los entonces movilizados estudiantes de la educación secundaria son ahora los mismos estudiantes universitarios que salen a las calles a exigir una nueva reglamentación de la Ley de Arancel Cero.

Al margen de las denuncias de casos de corrupción, las reivindicaciones de los estudiantes no se centran solamente en aspectos institucionales relacionados con el funcionamiento interno de las universidades, sino que politizan cuestiones sociales y económicas, ya bastante deterioradas antes de la pandemia.

En este contexto debe entenderse las reivindicaciones para la redacción de nueva reglamentación de la denominada Ley de Arancel Cero, cuyas definiciones originales aprobadas por el Congreso establecían la gratuidad de los cursos de admisión y de grado de todas las universidades públicas del país. El decreto que reglamentó esta ley, de fecha 15 de enero de 2021, tergiversa el espíritu básico de la misma, al imponer una serie de restricciones que menoscaban su alcance y objetivos originales, en concreto, no eximir del pago de aranceles a los estudiantes en determinadas condiciones, tales como aquellos que pretendan ingresar a una universidad cinco años después de concluir la enseñanza secundaria, que suspendan más de una vez en su intento de ingreso a la enseñanza superior (quedando, en este caso, al criterio de cada facultad) o que superen dos años en permanencia con relación a la duración total de la carrera.

-Las organizaciones sociales han denunciado que la represión policial de las protestas de marzo recordó los tiempos de la dictadura de Stroessner, entre 1954 y 1989. ¿En qué sentido?

El stronismo nunca se fue. Y la Policía Nacional sigue siendo, en su metabolismo ideológico, la policía stronista. La mayoría de sus efectivos sigue empleando los mismos métodos represivos y vejatorios, pero más edulcorados por una simulada pretensión de respetar los derechos básicos de la población, como la libertad de manifestación y reunión, definidos en el propio texto constitucional.

La descripción más objetiva de la actuación de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones de marzo de 2021 viene reflejada en el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), de fecha 13 de abril de 2021. De acuerdo con este informe, el seguimiento e intervención de las movilizaciones ciudadanas por parte de las fuerzas policiales “ha sido desproporcionada e irracional”, señalándose, en concreto, la utilización abusiva de balines de goma para dispersar los manifestantes. Se registraron episodios de disparos a la cabeza y otras partes vitales del cuerpo, zonas cercanas a los ojos y en la espalda. En el expresado informe se destaca que la MNPT recomendó al Ministerio del Interior la emisión de una circular prohibiendo que las unidades antimotines disparasen a zonas de riesgo del cuerpo. Pese a esta solicitud, las fuerzas de seguridad del estado no han incorporado estrategias de intervención que lograsen neutralizar los hechos de violencia policial.

-¿Cuáles han sido los casos más graves?

De los detenidos entrevistados por el MNPT, la mayoría expresó haber sido víctima, además de violencia psicológica, de violencia física, tanto en las comisarías como durante el trayecto hasta las mismas. Entre las formas de tortura y trato inhumano, las más comunes fueron puñetazos, patadas, culatazos con escopetas o golpes en los testículos. El caso más grave ocurrió el 17 de marzo, cuando la policía montada, después de haber golpeado a patadas y atado las manos del joven C.S. con una cuerda le obligó a correr delante de los caballos durante aproximadamente seis minutos hasta la sede de la Comisaría Tercera de Asunción.

Por otro lado, algunas de las personas detenidas relataron que no formaban parte de las manifestaciones, sino que se encontraban fortuitamente en los lugares cercanos a las mismas, bien porque vivían en las proximidades y estaban llegando a casa o habían salido a comprar alimentos, o bien porque estaban trabajando, como los repartidores de comida y cuidacoches.

Durante las manifestaciones fueron detenidas, en total, 172 personas, incluyendo 17 adolescentes, menores de edad, sin que interviniera ningún juez penal adolescente como establece el Código de la Niñez y la Adolescencia. Más de la mitad de los detenidos tenía edades comprendidas entre los 18 y 30 años.

Este dato es muy importante para radiografiar el espectro etario de los manifestantes. En su mayoría, eran jóvenes. Por tanto, de una generación que no tiene memoria de la represión stronista. Son la esperanza y, literalmente, el futuro del país, también en el sentido electoral. De acuerdo con los datos del padrón electoral de 2018, el 32 % de los electores en el Paraguay son menores de 30 años. Y los que cumplieron 18 años desde 2018 hasta finales de 2020 suponen 240.000 nuevos electores. Este electorado joven será determinante en las próximas elecciones municipales que, salvo que no sean de nuevo aplazadas (deberían haberse celebrado en 2020 y fueron adiadas por la pandemia), se realizarán en octubre de 2021.

-¿Podéis resumir lo que ha sucedido con los jóvenes estudiantes Vivian Genes, Pedro Areco y Luis Trinidad, junto a otros como Arnaldo Martínez y Enrique Agüero?

En las protestas realizadas la noche del 17 de marzo de 2021, en el seguimiento del rechazo de la propuesta de juicio político -solo posible con el voto contrario de las dos facciones que dominan la ANR, la llamada oficialista, de Abdo Benítez, y la denominada cartista, tele-comandada por el empresario (pero más conocido por otros quehaceres relacionados con el submundo económico) y antiguo presidente de la República, Horacio Cartes-, dependencias de la sede de la ANR, en Asunción, conocidas como “Colorado Róga”, fueron incendiadas.

Sobre la utilización del fuego como imagen y mensaje de las protestas, nos llama la atención que, desde el primer día de las movilizaciones, el 5 de marzo, empezaron a circular en las redes sociales, en concreto, en Twitter, y asociadas al hashtag #EstoyParaElMarzo2021, una serie de imágenes del incendio del Congreso ocurrido en 2017. Incluso, algunas de las imágenes publicadas ese día 5 de marzo recreaban un hipotético incendio de la sede de la ANR.

Desde el primer día de las movilizaciones, de acuerdo con el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se registró la existencia de infiltrados violentos, por lo que, al estar debidamente identificados a través de cámaras de seguridad, sería factible que las fuerzas policiales tuviesen la capacidad de aislarlos y detenerlos. En este punto hay que recordar que la misma noche del 5 de marzo se verificó un intento de incendio del edificio del Ministerio de Hacienda.

La eclosión de episodios violentos llevó a que ciertos personajes mediáticos, algunos de los cuales divulgadores de la movilización autoconvocada inicial, vinculasen la violencia a la presencia de manifestantes de izquierdas -zurdos, como se les llama en el Paraguay-, una reminiscencia de la vieja técnica stronista del enemigo interno subversivo. Rápidamente se propagó la relación causal de que la violencia estaba provocada por infiltrados comunistas en las manifestaciones. Una cuenta de Twitter de un simpatizante colorado publicó, el día 9 de marzo de 2021, el siguiente mensaje: “Lo único que quieren los de Frente Guazu [sic], PDP [Partido Democrático Progresista] y la zurda caviar es seguir provocando al pueblo que vota, al colorado. Y allí enfrentar a paraguayos entre paraguayos, sigan con esa ideota [sic] de quemar la ANR. Estos zurdos son la peor escoria de la humanidad”. Una semana después, ardía Colorado Róga. Como algunos anhelaban desde el primer día de movilizaciones, algo tenía que arder y, por fin, ardió.

-¿Con qué consecuencias?

El Ministerio Público, comandado a la distancia por Horacio Cartes a través de su testaferro, la Fiscal General Sandra Quiñones, criminaliza a cinco jóvenes: Vivian Genes, Pedro Areco y Luis Trinidad, Arnaldo Martínez y Enrique Agüero. La mayoría tiene en común la participación activa en movimientos sociales. Y capacidad de liderazgo. El caso de Vivian Genes es evidente: feminista, es uno de los rostros más visibles del movimiento estudiantil que lucha por la nueva reglamentación de la Ley de Arancel Cero.

Imputados el 19 de marzo, la conducta de los cinco jóvenes se encuadraría dentro de 4 tipos penales, con una expectativa de pena de entre 3 y 5 años. Tres de los jóvenes, Vivian, Pedro y Luis, se presentaron voluntariamente el 30 de marzo, en la audiencia judicial donde se determinaría qué medidas cautelares les iban a ser impuestas. Siguiendo una práctica ampliamente extendida en el sistema judicial del Paraguay, la jueza Hilda Benitez Vallejo -una conocida y reconocida militante del Partido Colorado- decretó la prisión preventiva para los tres, argumentando, como justificación de su decisión, el riesgo de fuga, la posibilidad de obstruir la investigación y la falta de arraigo. Después de pasar varios días encarcelados en diferentes comisarías de Asunción, los tres jóvenes se encuentran, actualmente, en prisión domiciliaria.

-¿Por qué el 24 de marzo integrantes de la Coordinadora Estudiantil Universitaria (CEUNA) y la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES) solicitaron a la Cámara de Diputados el juicio político a la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez?

Como hemos señalado anteriormente, el orden de detención y el acta de imputación de Vivian, Pedro, Luis, Arnaldo y Enrique emitidos por el Ministerio Público, en las figuras de los fiscales María Estefanía González y Lorenzo Lezcano, aceptan la versión sesgada de los hechos que se recoge en el escrito de denuncia presentado por la ANR sobre lo que ocurrió en Colorado Róga el 17 de marzo de 2021. En ese escrito de denuncia de la ANR ya se señalaba a Vivian y a Pedro como autores materiales del incendio, inferencia obtenida a partir de imágenes que los propios estudiantes habían publicado en sus redes sociales.

De igual modo, el acta de imputación reproduce el espíritu de la denuncia, al aceptar la figura de “turba de inadaptados” que consta del escrito de la ANR, una pervivencia inequívoca del léxico stronista, ya que no individualiza los hechos que configurarían los delitos atribuidos a los cinco jóvenes. Además, entre errores formales de gramática y ortografía, el acta de imputación describe los hechos acaecidos el 17 de marzo de forma cacofónica, desordenada e inconexa, como si el propio concepto de “tuba de inadaptados” se hubiese apoderado del escrito de los fiscales. Sin embargo, eso no impidió que a los cinco jóvenes se les fuesen imputados cuatro delitos.

Por lo anterior configurar un procedimiento arbitrario, selectivo y persecutorio hacia los cinco jóvenes, CEUNA y FENAES exigieron no solo el juicio de los fiscales de la causa ante el juzgado de Enjuiciamiento de Magistrados, sino el juicio político de su “jefa”, la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez, una figura que, desde su nombramiento en octubre de 2017 por el entonces presidente Horacio Cartes, viene instrumentalizando la justicia a favor de los intereses corruptos del oficialismo, especialmente del denominado cartismo.

-Por otra parte, el empresario y miembro del Partido Colorado, Horacio Cartes, ejerció como presidente de Paraguay entre 2013 y 2018…

Hay un dicho en el Paraguay, “lo que parece, es”, que condensa los dos estadios en los que vive el país: lo que solo sería asumible por la ficción, al final, termina por ser real. Esto sirve para ilustrar todas las leyendas urbanas que se vienen generando en torno a la figura de Horacio Cartes: narco, contrabandista, blanqueador de dinero, el hombre más poderoso del país que controla todas las instituciones de la república.

Horacio Cartes es un hombre de negocios, antes que un político. Entró muy tarde en la política. Y cuando entró, lo hizo como solo un hombre de negocios sabe hacerlo y como en el país se hace política: comprando votos e influencias. Antes de afiliarse en la ANR, en 2009, ya había comprado, literalmente, en 2007, una parte del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el principal partido de la oposición, el cómplice necesario para la posición hegemónica del Partido Colorado.

El interés de Cartes por el Partido Colorado es meramente infraestructural. Es el único que, por su implementación territorial y social, así como el control de la administración del estado, puede garantizar a Cartes un poder monopolista sobre el país. Para Cartes, el Partido Colorado es una empresa más sobre la cual ha hecho una oferta de adquisición. Una facción del Partido aceptó, o viene aceptando esa compra.

Otra, representada por Abdo Benítez, un mero títere del verdadero líder de la vieja guardia del partido, Juan Carlos Galaverna, más conocido como Cale Galaverna, viene resistiéndose. Las dos facciones, de momento, celebraron una tregua, bautizada metafóricamente de Operación Cicatriz.

-¿Qué peso tiene Horacio Cartes, actualmente, en la política y la economía de Paraguay?

La incursión de Cartes en el mundo empresarial empezó a mediados de la década de 1980 con el negocio del cambio de moneda. De estos inicios hay poca información biográfica disponible, salvo la acusación de un delito de evasión de divisas cometido presuntamente en una operación realizada en 1985, relacionada con la compra de dólares con tipo de cambio preferencial y su posterior cambio en el mercado al tipo oficial. Ya entonces, para realizar esta supuesta operación, Cartes habría utilizado en red de empresas tapadera. Es también su forma de actuar en la política.

De sus negocios cambiarios surgió el actual Banco Amambay (BASA), cuyo origen fue una casa de cambios, y que hoy es una de las principales entidades financieras del país. El rápido crecimiento de BASA permitió expandir sus negocios, contando en la actualidad con un verdadero grupo multisectorial, el Grupo Cartes, integrado por varias empresas que abarcan actividades muy diversas, tales como la agropecuaria, embotellamiento y distribución de bebidas, producción y exportación (las leyendas urbanas le asocian, más bien, al contrabando) de tabaco, artículos de deportes, servicios logísticos, operación y administración de aeronaves (es el representante oficial de Cessna en el Paraguay), hasta la última adquisición polémica, en plena pandemia, en diciembre de 2020, de una de las mayores redes de farmacias del país, Farmacenter.

Complementariamente a esta infatigable carrera de “empresario talentoso”, sobrevuelan sobre Cartes sospechas de lavado de dinero, tráfico de droga y contrabando de tabaco. En agosto de 2013, el mismo mes en el que tomó posesión como presidente de la República, la agencia antidroga estadounidense (DEA) archivó una investigación sobre la eventual participación de Cartes en estructuras financieras de lavado de dinero procedente del narcotráfico.

-¿Y en cuanto a su relación con los medios de comunicación?

De acuerdo con el mapa de medios de la revista Plus Research, actualizado hasta enero de 2020, hay 10 grupos económicos que concentran 57 medios de comunicación en el Paraguay, desde periódicos impresos y plataformas digitales, hasta canales de televisión y emisoras de radio. Los dos principales son los grupos de A.J. Vierci y de Horacio Cartes, cada uno controlando 12 medios de comunicación. Le siguen Javier Bernardes Banti (6 medios), Norman Harrison (6 medios), Ángel González (5 medios), Humberto Rubín (4 medios), Natalia Zuccolillo (4 medios), Christian Chena (3 medios) y Fernando Rodríguez (3 medios). Además de la concentración de medios en un número escaso de propietarios, hay que añadir que los medios tradicionales y de mayor impacto social pertenecen a cuatro grupos empresariales, uno de cuales propiedad de Horacio Cartes.

Sin embargo, el control societario de los medios pertenecientes al universo del Grupo Cartes se hace a través de su hermana, Sarah Cartes. Si bien en este caso, la relación familiar directa demuestra el control efectivo de una parte importante de los medios de comunicación del Paraguay por la familia Cartes, hay sospechas de que, por ejemplo, Javier Bernardes Banti, propietario de seis medios de comunicación, la mayoría de los cuales adquiridos durante los años en los que Cartes fue presidente de la República, sea un testaferro del antiguo presidente.

En definitiva, Horacio Cartes entiende la política como un mercado, un mercado político, donde el intercambio de recompensas por cooperación ya no es simplemente comercio, sino corrupción.

-Por último, ¿cómo valoráis la posición de la coalición de movimientos y partidos progresistas Frente Guasu, por la que actualmente es senador el expresidente Lugo? Ha manifestado su “repudio” a las “expresiones neoestronistas de un gobierno decadente” que criminalizan la indignación popular.

En la actualidad, la figura del senador y expresidente Fernando Lugo no es relevante ni está en el tablero político del Paraguay. Admitimos que la presidencia de Lugo entre 2008 y 2012, interrumpida por un golpe de estado parlamentario, donde tuvo un papel preponderante el principal partido cómplice de la hegemonía colorada, el PLRA, significó el verdadero proceso de transición hacia la democracia. Fue un mandato importante y esperanzador.

Pero el momento político de Lugo ya pasó. Quizá para los nostálgicos, de diversas latitudes, la figura de Lugo siga siendo referencial. Pero, en el actual contexto político y social del Paraguay, emergen otros movimientos con unos fuertes vínculos con determinados sectores de la sociedad que no están siendo foco de atención, especialmente a nivel internacional. Nos referimos, en concreto, a los movimientos campesinos, tales como la Federación Nacional Campesina liderada por Teodolina Villalba, a los estudiantes universitarios agrupados en varias coordinadoras, de las cuales la CEUNA es un ejemplo, y a múltiples de plataformas feministas, tales como la PUF (Plataforma de Universitarias Feministas).

A partir del análisis que hacemos desde el exterior, entendemos que el futuro político del Paraguay capaz de generar un cambio democrático y la fragmentación de la hegemonía del Partido Colorado pasará por algún tipo de unidad programática entre el agroecologismo y el feminismo, entre los campesinos y los estudiantes, entre la esperanza y la juventud, unidad dentro de la cual cabe, obviamente, el Frente Guasu y su experiencia organizacional.

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