En Colombia continúan las movilizaciones y cacerolazos contra la reforma tributaria

Cacerolazos y movilizaciones tienen lugar desde el jueves en todas las grandes ciudades de Colombia para rechazar la reforma tributaria que el régimen insiste en defender pese a que la gente la consideran perjudicial para millones de ciudadanos.

En la Plaza de Bolívar de Bogotá, justo frente el Congreso de la República, se desarrolla todas las noches un cacerolazo con miles de personas. Algunos de los inconformes dijeron a Prensa Latina que rechazan la mencionada iniciativa porque generará mayor desigualdad en este país, uno de los más desiguales del mundo.

El Congreso no puede ser tan sordo para no oír a miles de colombianos que reclaman igualdad, equidad y cero corrupción. Por compromiso con la democracia, debe decir no a la reforma tributaria, expresaron desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación.

La reforma tributaria, disfrazada como ‘ley de crecimiento económico’ es un #PaquetazoDeDuque destinado a mejorar ‘la competitividad de las empresas’, con exenciones a los grandes empresarios por hasta 20 billones de pesos colombianos (1 dólar equivale aproximadamente a tres mil 400 pesos), puntualizaron.

Asimismo, remarcaron que, ‘con el mismo cuento de que bajar impuestos a las empresas ayuda a generar más empleo, nos han subido los impuestos y nos han recortado derechos a los colombianos’. Para los colombianos es de sobras sabido que esa política de bajar impuestos a los ricos, que se viene aplicando desde los años '80, nunca generó empleo ni bienestar social.

Las acciones de estos días tienen lugar después de más de tres semanas de movilizaciones en el país contra las políticas neoliberales del régimen, en rechazo a la violencia estatal y por la paz.

Mientras, las reuniones entre el Comité de Paro y el gobierno, siguen sin arrojar acuerdos. En el pliego de peticiones que entregó a la Presidencia de la República, el Comité pidió la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios, sobre el que llueven las críticas por el uso excesivo de la fuerza represiva durante las protestas, y la depuración de la Policía Nacional.

Además, el Comité pidió que el gobierno no adelante proceso alguno de privatización o venta a bajo precio de bienes del Estado, independientemente de su participación accionaria. Sin embargo, fue emitido un decreto presidencial que abre la puerta a la privatización de empresas públicas.

El Comité solicitó que el Ejecutivo inicie con las organizaciones respectivas la implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados; que se tramite con la entidad Dignidad Agropecuaria Colombiana los temas relacionados con las necesidades de los productores agropecuarios, entre estos la revisión de los Tratados de Libre Comercio y todo lo relacionado con la producción en ese sector.

Pidió también que el gobierno aborde con el movimiento ciudadano Defendamos la Paz el proceso de cumplimiento e implementación de los Acuerdos de Paz, firmado en 2016 entre el Estado y la exguerrilla Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Asimismo, insistió en la necesidad de que se definan las políticas ambientales, la protección de páramos y otras zonas con los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden.