"En el Perú existe un golpe del poder económico"

Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria del Perú, brinda un panorama sobre la política en su país, además de denunciar los intentos desestabilizadores de la derecha.

La derecha peruana no quiere cambios de ningún tipo y el gobierno del presidente Pedro Castillo recién comienza un camino de transformaciones que, desde que asumió el Ejecutivo hace más de tres meses, estuvo plagado de “zancadillas”. De esta forma, Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA) del Perú, resume la realidad que atraviesa su país.

La CNA nació en 1974, en medio del plan de reforma agraria impulsado por el entonces presidente Juan Velasco Alvarado. La organización, que forma parte de la CLOC-Vía Campesina, reúne a hombres y mujeres indígenas, campesinas y pequeñas productoras que trabajaban en el campo. Las principales propuestas de la CNA son el impulso de una agricultura sostenible, la soberanía alimentaria, la preservación y la seguridad de las tierras, y la promoción de derechos humanos de líderes y lideresas defensores de los territorios comunales, con equidad de género e interculturalidad.

En diálogo con La tinta, Huáscar analiza la situación política, económica y social del Perú, atravesada por los intentos de la derecha de frenar las propuestas que llevaron a Castillo a la presidencia. También habla sobre la denominada Segunda Reforma Agraria, lanzada por el mandatario peruano a principios de octubre.

“En el Perú, existe un golpe del poder económico y, en este momento, el gobierno está recibiendo golpes bajos, zancadillas del mismo poder económico, que no está contento con este tipo de administración –explica-. Así están desde julio y ya quieren un cambio total. Desde la derecha han gobernando por décadas y ahora quieren cambios, inclusive están buscando la vacancia presidencial”.

Para Huáscar, la derecha peruana, sostenida por los grandes empresarios y las compañías transnacionales que operan en el país, “están en campaña constante, utilizando los medios de comunicación de alcance nacional” en contra del gobierno. El líder de la CNA descarta que en el Perú se concrete un golpe de Estado encabezado por las Fuerzas Armadas, porque “están totalmente corrompidas y no tienen moral para liderar un golpe de Estado”. Pese a esto, dice Huáscar, “acá estamos todos los peruanos y las peruanas de pie, caminando siempre en defensa de nuestra democracia”.

El presidente de la CNA sintetiza que el descontento de la derecha, en parte, se debe a que Pedro Castillo “es un campesino, que viene de provincia, y su ministro de Agricultura, Víctor Maita, viene de la Confederación Nacional Agraria y también es un campesino. Eso no le gusta al poder económico. No le gusta que un indígena originario esté en el poder, conduciendo las riendas de nuestro país”. Según Huáscar, la salida de varios ministros del gobierno es porque los sectores opositores argumentaron que esos funcionarios eran “cholos” o “indios”. Ante este panorama, el Ejecutivo “va paso a paso, está iniciando el proceso, por lo cual tiene que ir caminando hacia el futuro para que el gobierno ande bien y para encontrar una política agraria”.

“La postura de la derecha peruana ante el actual gobierno es muy grave –asevera el líder de la CNA-. Son discriminadores, buscan la vacancia, buscan generar peleas entre peruanos, esa es la postura de la derecha. Nos estigmatizan, nos dicen terrucos, marxistas, comunistas. Esa postura la calificamos de mala y discriminadora”.

Huáscar descarta una de las mentiras enarboladas por la derecha para golpear a la administración de Castillo: “Acá no existe el terrorismo, existe un terror de la derecha, que asusta permanentemente al pueblo, calumnia al gobierno y que fácilmente nos tilda de terrorista”. Esta campaña de desprestigio, según el titular de la CNA, es porque la derecha peruana se quedó sin ministros y sin el poder total en el Parlamento, “entonces se sienten afectados y por eso están muy molestos”.

“El presidente Castillo dijo bien claro que gobernará para todos, sin excepciones, porque todos somos peruanos. Y también dijo que respetará la garantía jurídica de las empresas, la propiedad de las tierras, a nadie se le va a confiscar nada, pero sí hay que renegociar, porque se llevaron mucha plata y tenemos hambre, problemas de salud, de educación, tenemos problemas de alimentación y de infraestructura”, indica Huáscar.

Al referirse al lanzamiento de la segunda reforma agraria, el líder de la Confederación Nacional Indígena señala que la medida fue tomada en “una situación de liberalismo, con una agricultura de dependencia, en la que solo trabajamos para subsistir”. Para Huáscar, el plan oficial “es muy interesante”, porque si bien no va a resolver los problemas de forma radical, entre otras cosas, “va a entregar herramientas para que los y las campesinas puedan crear cooperativas”.

En el Perú, la agricultura familiar representa el 97 por ciento del total de las unidades agropecuarias de un total de 2,2 millones. A su vez, más del 83 por ciento de los y las trabajadoras agrícolas realizan este tipo agricultura, que es la base de la seguridad alimentaria de la población.

Huáscar explica que, con el plan de segunda reforma agraria, se va a permitir la conformación de cooperativas, la entrega de herramientas y se facilitará que el Estado compre a los pequeños productores. Frente a esta iniciativa, el líder de la CNA reconoce que el desafío es muy grande, al mismo tiempo que “existen burlas y estigmatización por parte de la gran agricultura”. “Pero nosotros, como pequeños agricultores y campesinos del Perú, tenemos fe de que las cosas van a ir bien, vamos a seguir trabajando y apoyando a todo el gobierno con el tema de reforma agraria”, remarca. Desde la CNA, proponen “reestructurar el cambio político-agrario en el país”, por lo cual tienen ejes de trabajo que se discuten en sus bases para luego llevar las decisiones e iniciativas a las Cumbres Agrarias para discutirlas con el Ejecutivo. En tanto, el gobierno aprobó “una norma ministerial que garantiza la conformación de grupos de trabajo, tanto del Poder Ejecutivo como de la sociedad civil, para la participación de las organizaciones agrarias”.

El temor infundado a las expropiaciones de tierras, difundido por la derecha, no existe, según el titular de la CNA: “Hay un compromiso de que el gobierno no hará ninguna expropiación y no hará confiscación en los territorios de las grandes empresas, que están enquistadas en el Perú. No va a ser otra reforma de expropiación, sino que el gobierno va a dar las herramientas para el trabajo, apoyar en el tema de capacitación, de la investigación, de la innovación, mejorar la infraestructura hídrica”, para facilitar que los sectores campesinos, indígenas y de pequeños productores puedan comercializar sus productos.

La segunda reforma agraria “va encaminada con la nueva Constitución, entonces estamos en ese mismo proceso. Esperamos lograr un país plurinacional y, de esta forma, decir que los pueblos indígena y campesino seamos parte del proceso de administración de nuestro país”.

Una Asamblea Constituyente para discutir y aprobar una nueva Carta Magna fue la propuesta de campaña más fuerte que hizo Pedro Castillo. Reemplazar la actual Constitución, aprobada en la década de 1990 por el régimen de Alberto Fujimori, es urgente en el Perú, en una situación similar a la de Chile.

“Estamos encaminados –dice Huáscar-, pero estamos debatiendo en medio de amenazas. La derecha no quiere convocar a una Asamblea Constituyente. Pero el pueblo eligió al presidente para el cambio de la Constitución. La mayoría de los peruanos apostamos por un cambio constitucional”.

El líder de la CNA asegura que “la derecha está conforme con la Constitución de 1993, porque los favorece, se han beneficiado por las exoneraciones de impuestos, incluso explotando en las chacras. Lo han logrado por más de 20 años, pero ahora nos toca a nosotros”. “Ellos están bien con la Constitución, pero para nosotros el cambio es urgente, sobre todo en los capítulos referidos a las cuestiones agrarias y económicas, porque ahora solo se benefician las grandes empresas”.

“Queremos que la nueva Constitución permita la igualdad para todos. No queremos otra cosa, queremos ser iguales”, finaliza Huáscar.

La Tinta