Estudiantazo en Argentina

Fueron 85 los diputados que votaron por el veto del ultraderechista Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, cuatro más de los que eran necesarios (los dos tercios de los diputados presentes en el recinto al momento de la votación) para bloquear el intento opositor de insistir en la sanción de la norma.
Los votos negativos (es decir en contra de la ley sancionada y en apoyo al veto presidencial) fueron aportados por La Libertad Avanza, casi completa la bancada del PRO, los tres tucumanos que responden al gobernador peronista Osvaldo Jaldo, los exintegrantes del bloque libertario que ahora se agrupa en el MID, cuatro de los cinco “radicales con peluca” y José Luis Garrido, del espacio que gobierna la Provincia de Santa Cruz.
En respuesta, entre otras acciones, se tomó la Universidad de La Matanza, donde cursan decenas de miles de estudiantes. Los estudiantes de la facultad de Psicología de la UBA cortaron la avenida Independencia. En Jujuy y Mendoza llevaron adelante asambleas para evaluar las acciones a seguir, mientras que en Salta se tomó el rectorado. En varias facultades de la Universidad de Córdoba también se votó la toma.
Hasta el momento hay acciones en:
Universidad Nacional de La Matanza
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Universidad Nacional de José C. Paz
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional del Comahue
Universidad Nacional de Córdoba -Universidad Nacional de Avellaneda
Universidad Nacional de General Sarmiento
Universidad Nacional de La Plata
Universidad de Salta
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de Jujuy
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Nacional de Moreno
Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Universidad Nacional de San Juan
Universidad Nacional de San Martin
Universidad Nacional de Mar del Plata
Universidad Nacional del Sur
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Universidad Nacional de Misiones
Universidad Nacional de Entre Ríos
Universidad Nacional del Litoral
Este listado es provisorio, ya que a este momento en todo el país estudiantes y docentes se encuentran decidiendo los pasos a seguir en cada facultad frente a este ataque a la educación pública.
También los gremios de docentes y no docentes pararon las universidades el jueves.
Previamente fueron más de 20 las universidades las que fueron tomadas en protesta por la decisión del Gobierno de vetar la Ley de Financiamiento Universitario.
“Es increíble lo que genera el tema de la educación pública, no sólo entre los estudiantes y docentes, sino en todos los sectores de la sociedad. Ahora, por ejemplo, cuando marchemos, los trabajadores del subte de la Línea A nos van a abrir las puertas como una forma de solidaridad entre estudiantes y trabajadores”, cuenta Joel y opina que “la política venía teniendo poca credibilidad y este conflicto vuelve a ponerla en agenda”.
Sobre la calle Puán, en la facultad de Filosofía y Letras, una asamblea de mil estudiantes resolvió, en simultáneo con la de Psicología, la toma el lunes por la noche, provocando casi un efecto contagio que se extendió en Buenos Aires a las facultades de Veterinaria y de Exactas.
Violeta, joven con experiencia que participó de la toma universitaria del 2018, explicó con mayor precisión el proceso de “repolitización”.
“Participé de la toma en el 2018 y desde esa época hasta ahora te puedo decir que ha habido una despolitización entre los estudiantes en la facultad más politizada. Es verdad que ha sido fomentado por las autoridades que, por ejemplo, restringen el espacio para la expresión de ideas pero, sobre todo, cuando ocurrió la pandemia la falta de entusiasmo con la política aumentó”.
Sin embargo, el Gobierno nacional se metió con lo que en apariencias es el órgano más sensible de la sociedad en épocas libertarias. Por su contenido simbólico, por ser un motor de movilidad social ascendente o por otras cuestiones, la educación pública parece ser un nervio que despierta consenso en todos los sectores. “Se está gestando un estudiantazo”, dice Violeta.
Los estudiantes aseguran que la lucha por el presupuesto universitario reactivó la vida política dentro de las universidades.
“Desde abril el proceso de politización en las universidades va en aumento. Se está transformando la conciencia de muchas personas que hasta hace poco no estaban en el tema. La lucha se va a incrementar. No sabemos en qué va a derivar todo esto, pero les está generando una fractura, un daño”, dice.
Adriana, una ecuatoriana de 24 años que llegó a Argentina en 2023 porque en su país se precisa de un puntaje muy alto para estudiar la carrera que quiera, cuenta que se siente “un poco atacada” por la demonización de los extranjeros que impulsa el Gobierno nacional pese a que representan solo el 4% de los estudiantes. “El extranjero no es el enemigo, nosotros venimos a trabajar y estudiar”, dijo.
Violeta Alonso, la secretaria de presupuesto del Centro de Estudiantes, insiste, que “el momento para luchar es ahora” y que la semana que viene seguirán en plan de lucha, con la posibilidad de tomar nuevamente la facultad.
“La coordinación entre las más de 20 facultades tomadas es incipiente.
Pase lo que pase necesitamos una asamblea inter-facultades. Los diputados ya se vendieron y lo pueden volver a hacer. Hoy (miércoles) se levanta la toma porque nos manifestamos al Congreso, pero luego volvemos a asamblea a definir si seguimos de esta forma”.
En las asambleas que se desarrollaron para definir las medidas a seguir por los estudiantes se hicieron presentes, como una forma de apoyo, sectores en conflicto como trabajadores del Hospital Garrahan, del Laura Bonaparte, de Aerolíneas Argentinas, entre otros.
Patricio Krotsch, licenciado en Psicología y docente de Salud Pública y Mental, que cobra 250.000 pesos como profesor pese a sus 32 años de antigüedad, está junto a Zulma y Lucas, dos colegas con más de 10 años de experiencia que trabajan ad honorem en esta sede “por amor al arte” y se sustentan económicamente gracias a otros trabajos.
Patricio observa el acompañamiento casi generalizado a la lucha universitaria. “En lo personal fui pesimista toda la vida, pero acá están pasando cosas. Acá vimos cómo los obreros, en la marcha de abril, nos saludaban y se solidarizaban con nosotros desde lo alto. Vemos que hay un consenso casi unánime en ese sentido”, dice y agrega: “Estamos en defensa de los salarios pero, sobre todo, de lo público, para volver a poner en valor el rol del Estado”.
Acaso la definición más gráfica sobre la situación de la educación pública y la forma en que se llegó al estado actual de desfinanciamiento la haya dado Romina, integrante del sector más invisibilizado, los no docentes, quienes inician con un sueldo de 400.000 pesos, y han perdido con el paso del tiempo la atención médica y ciertos insumos de los que antes gozaban. Romina dijo: “Fue como estar en la orilla y de repente estar nadando entre tiburones”.

Antes del debate, el Gobierno anunció que actualizaría la garantía salarial docente

El Gobierno Nacional, a través del ministerio de Capital Humano, anunció el martes que actualizará la garantía salarial docente del sistema universitario, con retroactividad a abril, para asegurar un salario de bolsillo mínimo por cada cargo docente, luego de descontar los aportes obligatorios".
Y agregaron, explicando el alcance de la medida: "Esto significa que, si un docente tiene dos cargos, percibirá el salario mínimo por cada uno de ellos".
Por otro lado, agregaron que tienen la intención futura de "hacer extensivo el pago de la garantía salarial retroactiva al convenio no docente".
También anunció que aplicaría por decreto un aumento de 6,8% a docentes y no docentes universitarios, indicando que “esta medida llevará el salario universitario a niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público”.
La misma fue rechazada en su momento porque no contempla la pérdida de poder adquisitivo del 60% que sufren los salarios universitarios desde que gobierna Javier Milei.
Oscar Vallejos, de la Conadu Histórica, contó que el gobierno no está dispuesto a negociar una mejor recomposición salarial para los trabajadores y que no cumple con otros acuerdos previos. “El gobierno no presentó ninguna propuesta de cómo va a pagar la garantía salarial y tampoco presentó nada respecto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid)”, agregó.
No obstante, desde la cartera expresaron: “Pese al rechazo gremial, se otorgará el mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado Nacional, en línea con el compromiso de priorizar el salario sobre las disputas políticas”.
El incremento se desglosará en un 5,8% adicional al 1% ya acordado para el personal de las Universidades Nacionales en el mes de octubre. Además, el gobierno pondrá en marcha la Garantía Salarial Docente para las categorías más bajas.
A través de un comunicado titulado “Seremos consecuentes con nuestra votación anterior”, la bancada que preside Cristian Ritondo valoró que el Gobierno haya escuchado los "pedidos en relación a mejorar la propuesta salarial a los docentes". “El Bloque PRO va a acompañar la decisión del veto presidencial con respecto al presupuesto universitario que será tratado este miércoles en la Sesión Especial solicitada en la Cámara de Diputados”, indicó en el texto.

Los números en pelea

◆ $ 740.000 millones. Es el costo de la Ley de financiamiento universitario, el 0,14% del PBI. De este total, casi $ 441.000 millones corresponden a la recomposición de salarios docentes y no docentes.
◆ 270%. El Gobierno informó que ese fue el porcentaje de incremento que recibieron las casas de estudio este año.
◆ 5,8% Es el incremento salarial que propuso LLA para los docentes y no docentes desde octubre.
◆ 40%. Es el porcentaje de recomposición de remuneraciones que quieren los gremios.

Emergencia salarial de las y los trabajadores de las Universidades

A partir del trabajo de un equipo de las Universidades Nacionales de Río Negro y de San Martín, el sistema universitario público argentino presenta un informe que muestra que los salarios de más del 85 % de las y los docentes están por debajo de la línea de pobreza. A la vez, más del 60 % de las y los no docentes se encuentran en esa situación.
Los mismos datos estiman una pérdida del poder adquisitivo del 33,3 % de los salarios de docentes y no docentes entre diciembre de 2023 y julio de 2024, sobre un contexto con una inflación acumulada del 134,5 % y una recomposición salarial de apenas el 56,9 % (77,6 % puntos porcentuales de diferencia).
Tras la Marcha Federal Universitaria en todo el país, se ha logrado una actualización de los gastos de funcionamiento, pero persiste el atraso en los salarios. Reiteramos la profunda preocupación por esta situación crítica. En ese sentido, sostenemos nuestro apoyo y solicitamos la urgente sanción y promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El ajuste de Milei a las universidades equivale a los beneficios impositivos para los sectores más ricos

Un estudio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sostiene el esfuerzo fiscal previsto para la actualización de recursos del sistema universitario que se está tratando en el Congreso es equivalente al que se realiza para el blanqueo y la actualización y rebaja de las alícuotas de Bienes Personales.
Además, quedaría por debajo del derivado del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, de acuerdo con el informe elaborado por el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Recientemente, la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) analizó el impacto fiscal del Proyecto de Ley que recompone el Financiamiento de Universidades Nacionales.
La actualización del conjunto de los gastos de funcionamiento tanto de universidades como de hospitales, la actualización de los fondos de Ciencia y Técnica y
la recomposición salarial de docentes y no docentes equivale a un esfuerzo fiscal del 0,14% del PBI, en base a datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso.
Según el Centro RA, “la reciente reforma fiscal, por ejemplo, incluía una fuerte reducción tanto presente como futura, de los impuestos al patrimonio que recaen en aquellos sectores con mayor riqueza en la sociedad. La modificación del mínimo no imponible y las alícuotas correspondientes a la fórmula del impuesto a los bienes personales, se traduciría en una caída en la percepción de ingresos pública de aproximadamente 0,14% puntos del PBI, en el mismo orden de magnitud que lo requerido para la actualización de los recursos del sistema universitario”.
El informe sostiene que “a pesar de un espíritu contrario al de la promoción de regímenes especiales, llamativamente mantuvo en curso el más destacado de los mismos: el sub-régimen industrial de Tierra del Fuego con un costo estimado para el estado de no percepción de recursos en torno al 0,22% del PBI”.
Con respecto a Bienes Personales, el gobierno incrementó el mínimo no imponible a 100 millones de pesos y redujo las alícuotas para quienes tributan este impuesto.
“Con estas modificaciones y en base a los últimos datos de tributación por categoría de patrimonio imponible (año 2022) se estima que la caída en la recaudación por bienes personales sería de aproximadamente un 25% pasando de representar un 0,52% del PBI a un 0,38%. Así, la reducción impositiva a los sectores con mayores recursos de la sociedad equivaldría a la misma cuantía que la necesidad de presupuesto proyectada por el Congreso”, afirma el Centro RA.
El reporte del Centro RA concluye que “con un esfuerzo fiscal equivalente al 0,14% del PBI, similar al beneficio otorgado a las élites más adineradas del país y significativamente inferior al régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego, se evidencia que la inversión en educación superior y ciencia queda relegada ante los intereses de los sectores más ricos”.

Eliminan el fondo fiduciario del Plan Progresar

El gobierno de Javier Milei le asestó otro durísimo golpe al movimiento estudiantil. Como si fuera una represalia por las masivas movilizaciones en defensa de la educación pública y de las universidades, eliminó el fondo fiduciario que sostenía Progresar, el sistema de becas que permitía que miles de estudiantes pudieran mantener sus cursadas en distintos niveles.
El fondo había sido creado por Ley 27.287 y consistía en un fideicomiso que tomaba aportes de la Nación y las provincias a partir de donaciones, renta de activos financieros, préstamos nacionales e internacionales e impuestos específicos.
Esos aportes permitieron que las becas Progresar llegaran principalmente a estudiantes de bajos recursos económicos que, precisamente por ello, no podían solventar los gastos de estudios.
Fueron implementadas a partir de 2014 y desde entonces permitieron que millones de jóvenes secundarios y universitarios, y adultos sin estudios, pudieran finalizar esos niveles para aspirar a una profesión. Por este motivo, su desfinanciamiento es un palo en la rueda a la posibilidad del ascenso social.

La Haine