Fiscalía acusa falsamente a trabajador de Pepsi Cola por asesinato de líderes sidicales en Aragua

17 de enero.- El Ministerio Público acusó ayer a Julio César Arguinzonez, trabajador de la empresa Pepsi Cola, como el presunto autor material del asesinato de los dirigentes obreros Richard Gallardo, Luis Hernández, y Carlos Requena. El triple crimen fue efectuado por un sicario la noche del 27 de noviembre, en La Encrucijada.

Los sindicalistas también eran dirigentes del partido Unidad Socialista de Izquierda, participando Gallardo y Hernández como candidatos obreros y socialistas en las elecciones regionales del 23 de noviembre, en las que se enfrentaron tanto a los partidos de la derecha como al PSUV.

Conversamos telefónicamente con trabajadores de la empresa Pepsi Cola, cuyo sindicato encabezaba Luis Hernández, y nos confirmaron que Arguinzonez se encontraba cumpliendo turno en la empresa al momento de los crímenes. Además de esto, señalaron, existe evidencia audiovisual de la presencia de este trabajador en la empresa a la hora de los asesinatos, pues la empresa mantiene controles estrictos de la asistencia de sus trabajadores y cuenta con un circuito cerrado de video. “Resulta sospechoso que estas pruebas no han sido tomadas en cuenta por las autoridades, y si se condena a un inocente se sumará otro crimen al de los asesinatos”, nos comentó un trabajador, que prefirió no ser identificado por temor a represalias.

En varias declaraciones, voceros de la UNETE Aragua y familiares de las víctimas han expresado serias dudas en torno a la tesis manejada por la Fiscalía y el Ministerio de Interior y Justicia, y han exigido una investigación profunda de los crímenes. Hasta el momento, las investigaciones oficiales no se han orientado a esclarecer la participación en el crimen de las mafias sindicales, los empresarios de la región, o al alcalde del municipio Zamora, sospechosos naturales de la autoría intelectual de los crímenes.

Por solicitud de la Fiscalía , el Tribunal 9° de Control del estado Aragua ordenó la reclusión de Arguinzonez en el Centro de Atención al Detenido "Alayón", ubicado en Maracay, estado Aragua.

En un comunicado de prensa del partido Unidad Socialista de Izquierda del 17 de diciembre, esta organización planteó que "el ministro del Interior y Justicia, Tarek El Aissami, ha irrespetado la memoria de sus camaradas asesinados por sicarios el 27 de noviembre en La Encrucijada , al presentar como responsable del hecho a un trabajador de Pepsi Cola que en el momento de los asesinatos se encontraba trabajando". El presidente Chávez declaró el 1 de diciembre en Maracay que había sospechas sobre una empresa, cuyo nombre se reservó, con relación a la autoría material del crimen: "esa empresa debe ser investigada. Es una empresa de propiedad extranjera". Sin embargo, las investigaciones oficiales no han abordado la posible responsabilidad de ninguna empresa, nacional o extranjera, así como tampoco ha indagado en la vinculación de mafias sindicales o la alcaldía del municipio Zamora en los crímenes.

Al día siguiente, 2 de diciembre, mientras se realizaba en el estado Aragua un paro regional de trabajadores en protesta por los asesinatos, el ministro del Interior y Justicia, Tarek El Aissami, anunció la captura de Arguinzonez, desechando la declaración presidencial y el llamado a una investigación profunda. El ministro presentó como presunto móvil del crimen una disputa por el control del sindicato de la Pepsi Cola. En la mencionada declaración de la Unidad Socialista de Izquierda, se plantea que el ministro El Aissami "en forma irresponsable aseveró que ya se había aprehendido al asesino de nuestros camaradas en Aragua, y por si fuera poco expresó que al parecer se trataba de una lucha entre mafias sindicales para hacerse del control del sindicato de las bebidas. Esa declaración es ruin porque pretende enlodar la trayectoria de tres destacados dirigentes sindicales que se jugaron la vida por este proceso y por defender los derechos de los trabajadores".

Asimismo, se han desoído los llamados de la UNETE de Aragua para que se conforme una comisión especial de la Asamblea Nacional que investigue los asesinatos.