¿Arderá Colombia como arde París?

Las agendas sociales, que encabezan los estudiantes universitarios, que ya congregan a indígenas y campesinos, terminaràn por pedir la dimisión al Gobierno que cree que todo esta bien, aunque sabe que todo esta mal? La independencia de hace 200 años, que nunca se completó se forjó con rabia contra los impuestos, desilusión por la traicion a los pactos y el cansancio del poder colonial, lo mismo parece retornar hoy, se lucha contra los impuestos, la paz tricionada y la resistencia al poder neocolonial. Lo que dice el Gobierno no es creible, nada concuerda con lo que la gente espera y resulta imposible codificar racionalmente lo que dice por estar atado a pasiones y engaños.

La alianza de Gobierno propone subir salarios y al descuido el presidente sube impuestos, cuando habla de paz su partido destruye los mecanismos de justicia. Cada verbo resulta contrario a lo que pide la gente. La ley fue despojada de su significado original y el derecho penal mediatizado y utilizado para intimidar a unos y dar impunidad a otros. En todo hecho y decisión prima el interés de los dueños del pais, que alternan como politicos o empresarios, aunque son las caras de la misma moneda que cosifica y pone precio a todo a su alrededor. El cuestionado consenso de la alianza de Gobierno castiga económicamente a la sociedad con leyes alcabaleras y luego la llama a aplaudir su populismo punitivo seleccionando delincuentes. El control político del Estado y sus instituciones lo hacen las mismas elites tradicionales, responsables directas de los faltantes económicos, la postración de la democracia, la eliminación de la universalidad de la justicia y la persecución y eliminación de críticos y opositores con apoyo de los medios que desinforman y suplantan a la opinión pública.

Los anuncios de la alianza en el Gobierno parecen insultos, sus más asiduos militantes niegan la historia, abominan la diversidad y la diferencia, odian a sus adversarios, descalifican, estigmatizan, ofenden al pensamiento, aborrecen la racionalidad y se jactan de ser así y de saber manipular el ambiente social, dejándole mínima capacidad de maniobra al Estado para defender la vida, porque siempre hay una mayor ideologia corrupta que lo penetra e impide. Cuando habla el Gobierno no genera credibilidad, sus justificaciones adolecen de conexiones conceptuales, entre inteligibilidad, racionalidad y veracidad. Incumple pactos, niega conflictos y responde a ninguna situación ajena a su propio interés, bajo la pretensión de que su poder es infinito, sin límite ni obligaciones y precede sus anuncios con amenazas de violencia, ejercitos y más muertes y daños evitables.

La ley justa, permanece bloqueada por el poder y la impunidad favorece las violaciones y negaciones de derechos humanos, lo que ha concitado el interés de la Corte Penal Internacional y exclamaciones de las Naciones Unidas ante el horror de la sistemática e imparable persecución y asesinato de lideres sociales, mientras el Gobierno apenas ofrece normas carentes de lógica y sentido, que ofenden y empujan a mantener la protesta social, que avanza hacia una agenda común, con la que la sociedad, cansada de las elites y su política de terror, del acoso del Estado y de las maquinarias de poder contaminadas de clientelismo y corrupción, se juegue su futuro radicalizando sus demandas y promoviendo la dimisión del Gobierno, que no la tiene fácil para recuperar su credibilidad perdida y deshacerse de raíz de sus vínculos con la clase política responsable de la quiebra política del Estado.

El panorama de baja o nula credibilidad al Gobierno impulsa y fortalece la capacidad de las movilizaciones sociales que, de no ser atendidads y entendidas, podrán hacer arder al país como lo hacen en París los obreros de chalecos amarillos, que ya incluyeron en su agenda la dimisión del Gobierno. En Colombia, los oídos sordos y la displicencia de la alianza de poder alientan el despliegue de acciones de soberanía y democracia en las calles, que con protestas, asambleas y paros, se aproximan a la huelga general y el llamado a la dimisión del Gobierno.

Pedir la dimisiòn del gobierno es cosa de invocar el derecho de resistencia ante la tiranía, heredado de las revoluciones francesa y americana, para permitir constitucionalmente a los derechos humanos salirse del marco normativo y servir de herramienta de resistencia directa, sin acudir a la ley o ponerse al margen de la ley, no por apología de la ilegalidad, sino porque la justicia permanece bloqueada por el poder y resulta inevitable incorporar en la agenda social otras formas de justicia y legitimidad que configure otros poderes, orientados a devolver la democracia a su lugar y así festejar en 2019 (año del bicentenario de la independencia) el año de una segunda independencia, que ya ha enviado múltiples mensajes de urgencia pidiendo atención a las reivindicaciones sociales y no ha encontrado respuesta, lo que tiende a nutrir la protesta de mediano plazo con el apoyo político latente de ocho millones de inconformes partícipes de la confrontación electoral última y quizá también de miles de inmigrantes desencantados de las promesas incumplidas y las miles de víctimas otra vez olvidadas y negadas.

P.D.

1. La inviabilidad del sistema global de destruccion de lo público, muestra que los 14 billones que el Gobierno dice que faltan para sostener las finanzas del país, son exactamente iguales a las ganacias de 14 billones del sector financiero, que adicionalmente recibe transferencias, reducción de impuestos, exenciones y otras contraprestaciones.

2. La movilización universitaria completó 60 dias en las calles y bloqueos en las 32 universidades publicas y 20 instituciones más, tratando de impdeir la destrucción de la educación pública, pero el Gobierno y la alianza de poder parecen ajenos, preocupados por dilatar, fracturar, negar y violentar, que por resolver, al tiempo que crecen los escándalos por misnistros cuestionados, nombramientos equivocados, crisis de gobernabilidad, paros nacionales y una libretaeda correría presidencial para tratar de decir que todo esta bien.

CALPU