La desaparición de Julia Chuñil en medio de una trama oculta de CONADI y empresario forestal

La dirigenta mapuche, de 72 años, con una vida marcada por la pobreza y la discriminación hasta su retorno al campo, preside su comunidad, reconocida por CONADI en 2014 y ha liderado la reivindicación de sus tierras ancestrales ante CONADI

El paso de los días es crítico para esclarecer la verdad y encontrar a la defensora ambiental Julia Chuñil, desaparecida el pasado 8 de noviembre, tras vivir amedrentamientos y amenazas por negarse a abandonar el territorio de la comunidad mapuche Putraguel, que ella preside. Se trata de tierra ancestral indígena ubicada en la comuna de Máfil, región de los Ríos, que está en disputa con el empresario forestal Juan Carlos Morstadt Anwandter y CONADI, repartición pública que hasta ahora nada dice sobre el caso. Los hechos están documentados en la querella presentada por la ONG Escazú ahora en la Fiscalía Regional de Los Ríos y publicados en La Tercera y Fast Check el 11 de diciembre. Un día después, la entidad declaró reserva para la investigación, solicitada por los familiares que ahora temen por su propia seguridad.

Al respecto señala Juana Aguilera, Presidenta de la Comisión Ética Contra La Tortura: “El silencio de CONADI de Los Ríos es revelador de su rol y responsabilidad en las acciones u omisiones que están tras la desaparición de la señora Julia Chuñil Catricura.” Esta organización ha sido parte de la intensa campaña que se desarrolló desde los primeros días en redes sociales tanto por organizaciones de derechos humanos como por otras de carácter ambiental, entre las cuales están Escazú Ahora y el MAT, exigiendo la aparición con vida de la defensora del bosque nativo y ríos de su territorio ancestral y visibilizando las dificultades de las tareas de búsqueda.

Recién el 10 de Diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Presidente Boric y la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, comprometieron verbalmente recursos para fortalecer la búsqueda. El Presidente ha reconocido que Julia es defensora ambiental de su comunidad y debe ser protegida por el Estado, de acuerdo con los compromisos derivados del tratado de Escazú. El tardío reconocimiento oficial puede estar asociado a la nula efectividad de la búsqueda desarrollada, en la que no se reporta ningún tipo de hallazgo pese a que la mujer estaba acompañada de su perro Cholito, y llevaba consigo una herramienta de trabajo cuando salió de su casa a buscar sus animales extraviados, internándose en el terreno en disputa. En la querella se detalla que dos días después de la desaparición, cerca de las huellas de los pasos de Julia Chuñil, su hijo, Claudio Troncoso Chuñil vio huellas de neumáticos en un camino en desuso, hecho inusitado en esa área.

La dirigenta mapuche, de 72 años, con una vida marcada por la pobreza y la discriminación hasta su retorno al campo, preside su comunidad, reconocida por CONADI en 2014 y ha liderado la reivindicación de sus tierras ancestrales ante CONADI, lo cual consta en actas de la comunidad firmada por el entonces director regional de CONADI, Cristián Cayul. En 2013 la tierra ancestral por ellos reclamada, de la que varias familias tienen títulos de merced, había sido asignada por Conadi a la comunidad Blanco Lepin. Esa comunidad, proveniente de Lautaro, acusó ante Contraloría a CONADI por irregularidades en la negociación y compra del fundo de 900 hectáreas y posteriormente demandó a CONADI. La Contraloría Regional de La Araucanía emitió un informe por los hechos denunciados sin profundizar en ellos por considerarlos conflictos entre particulares.

La comunidad Blanco Lepin había argumentado no haber sido informada del cambio de dueño del fundo cuya propiedad, en medio de la negociación, pasó del Scotia Bank al empresario Juan Carlos Morstadt, en 2011. El Banco había acordado vender los terrenos con derechos de agua, pero el nuevo dueño los omitió de la venta. CONADI pagó 1.250.000 por hectárea, ascendiendo a $1.114.250.000 el total cancelado a Morstadt. El contrato pactado establecía que el vendedor debía cercar la totalidad del predio, como condición indispensable para recibir el pago, sin embargo el empresario no lo hizo y CONADI entregó todo el dinero de igual forma, lo que constituye de hecho una acción en favor del empresario. Considerando estos hechos, la comunidad Blanco Lepin desistió de irse al predio, ante lo cual la comunidad presidida por Julia Chuñil, integrada por 17 familias, inició la ocupación del fundo, ya considerado tierra ancestral por la entidad pública.

Historia del despojo

En los años del gobierno del Presidente Allende las tierras reivindicadas por la comunidad fueron parte de la Reforma Agraria (Reserva CORA Número Uno-A), y luego del golpe civil militar pasaron a manos de sucesivos dueños privados. El documental Mafil Ni Pu Tukulpazugun, Relatos de Máfil, del realizador Víctor Gutiérrez (Cau Cau Films 2024), en que Julia Chuñil es una de las protagonistas, cuenta la historia del despojo histórico de estas tierras ancestrales iniciado en 1850 por colonos alemanes con apoyo del Estado. Incluye testimonios sobre la pérdida de la tierra, alcohol de por medio. La discriminación hacia los mapuche es señalada como causa de la consiguiente pérdida de la lengua mapuche y de la cultura. Julia también señala allí la existencia de un cementerio indígena y expresa que ella desea que llegado el momento, ella y su familia quieren ser enterrados allí.

También el documental registra declaraciones del citado empresario forestal Morstadt quien sostiene ante la comunidad, que él venderá esa tierra a CONADI y no pondrá trabas pero dejará constancia de que hay ocupación. Según los familiares de la dirigenta mapuche, desde 2015 Julia “asumió el cuidado y mantención del territorio, dedicándose por completo a su conservación y a la preservación de la biodiversidad local propia de sus tierras junto a la cría de ganado a pequeña escala”. Pero la historia se repite: la defensora del territorio tuvo que lidiar con el empresario Morstadt, descendiente de uno de los más conocidos colonos del siglo XIX, Carlos Andwanter.

Empresario en deuda con CONADI

En 2018, según la querella, los terrenos ahora cuidados por la comunidad Putraguel, volvieron a manos del empresario Morstadt Andwanter, pero CONADI nunca informó del hecho a la comunidad. El asunto había escalado a tribunales, y la Corte Suprema confirmó en 2017 la sentencia de la Corte de Apelaciones que ordenaba a Morstadt Andwanter devolver a CONADI el dinero que la entidad pública le había pagado por el terreno. Pero eso no ocurrió. Morstadt en cambio, habría inscrito el fundo en el Conservador de Bienes Raíces utilizando una nueva razón social, una empresa creada por él.

En la querella, familiares de Julia Chuñil sostienen que este empresario forestal utiliza el predio para la tala de bosque nativo y comercialización de leña. Y denuncian que desde 2018 comienzan los actos de hostigamiento, que incluyen, entre otros, el corte de un puente por el que Julia transitaba, hecho por el cual el dueño legal del predio habría pagado $3.000.000 a José Luis Painean Coronado. También la familia sostiene haber sido testigo de ofertas de dinero para que Julia abandonara el territorio, ya que el empresario le dijo a la dirigenta en agosto de este año: “Ya po Julia, ya los tengo a todos comprados.
Faltai tú nomás”. El autodenominado dueño del predio habría expresado además a Julia Chuñil que él tenía mucha influencia en CONADI así que no sacaba nada con ir allí. Se configura así un cuadro de persecución y acoso a la dirigenta ambiental, similar al que han vivido defensores ambientales en América Latina, una región que como afirmó el propio Presidente, tiene los mayores índices globales de muertes de mujeres defensoras del territorio.

El gobierno informó de la constitución de una mesa de seguimiento del caso, integrada por los seremis de Justicia y Medio Ambiente, el INDH, y el equipo jurídico y de gabinete de la Delegación Presidencial Regional, sin embargo en ella está ausente CONADI, actor clave en la trama, ahora con una vida en suspenso y una danza de millones de pesos en juego. Desde el gobierno también señalaron que el protocolo de Escazú suscrito por el gobierno para implementar el tratado, sólo entra en vigencia el 27 de diciembre. Sin embargo el gobierno es firmante de la Convención contra la Desaparición Forzosa de Personas.

CALPU