La destrucción causada por el huracán María ha develado más la condición colonial de Puerto Rico

El propósito de este texto es generar el debate sobre la condición colonial de Puerto Rico y hacer un llamado para que el gobierno de EE.UU. derogue definitivamente el Acta Jones y la ley PROMESA que están asfixiando a la Isla.

La destrucción causada por el huracán María ha develado aún más la condición colonial de Puerto Rico, donde millones de personas se enfrentan hoy a una lucha entre la vida y la muerte. La crisis financiera creada por la banca norteamericana y leyes coloniales tales como PROMESA y el Acta Jones (Leyes de Cabotaje de 1920) son mecanismos legales que impiden dicha recuperación, poniendo en tela de juicio el valor mismo de la ciudadanía americana en la isla. La urgencia de la situación requiere una respuesta política.

El estado de hecho

Puerto Rico está atravesando una crisis humanitaria como consecuencia del huracán María, que asoló la isla el miércoles, 20 de septiembre, como un huracán de categoría cuatro. Inmediatamente, por razones de seguridad, el gobernador declaró un toque de queda de siete a seis de la tarde, que continúa vigente indefinidamente. Diez días después del evento, todavía cientos de comunidades se hallan aisladas e inundadas, carentes de alimentos y agua potable por razón de la destrucción de las autopistas y carreteras, sumiendo en la incomunicación a pueblos, barriadas y ciudades. Tampoco se han restablecido los servicios de telefonía, internet, agua potable ni electricidad en la mayor parte del país. El radar meteorológico está destruido, así también como las torres de vigilancia del aeropuerto internacional.

Existe una crisis de salubridad pública, dadas las condiciones precarias en los hospitales y la inminencia de epidemias a causa de la contaminación de las aguas. Ciudades, pueblos y barriadas fuera del área metropolitana han sido abandonados y los esfuerzos se concentran en San Juan. El área oeste, por ejemplo, carece de los servicios mínimos. Las imágenes compartidas por los medios de prensa muestran a periodistas y meteorólogos conmovidos con el drama humano ocasionado por el desastre.

Lo que aún no se discute en dichos reportajes es un plan coherente de acción a corto y largo plazo para mover al país hacia adelante, especialmente respecto a lo que más urge. Tampoco parece existir un plan de mitigación y no se aducen las razones de la falta de circulación de provisiones y ropa. Se desconoce hacia dónde se dirige el país. Inmersos en el espacio de la precariedad, la fuerza se concentra en la sobrevivencia y aún no es visible un análisis sensato de naturaleza política de la experiencia que se vive al presente. Muchos ya han decidido abandonar el país, como se demostró el primer día en que se abrió el aeropuerto internacional. Es una imagen cruel en donde contemplamos cómo la urgencia de la situación y la ausencia de un plan de acción inmediata vacían al país. El peor resultado sería el silenciamiento de cualquier voz disidente. Las medidas de emergencia han creado un estado de excepción, útil para impulsar normas de austeridad que en nada benefician a Puerto Rico, un país ya devastado por el desastre financiero de una deuda impagable.

Las islas que conforman la cuenca del Caribe han sufrido los embates de dos fuerzas huracanadas mayores en el mes de septiembre: Irma y María. Las islas de Cuba, República Dominicana, Dominica, Barbuda, las Islas Vírgenes, Antigua, Guadalupe, St. Kitts y Puerto Rico son estados política y geográficamente precarios, por razón de su condición de isla y por su condición política colonial. “Provincias de ultramar” se las llamaba, por razón de su dependencia política con respecto a un territorio metropolitano. El mundo ha contemplado en estos días recientes lo que la historia ya ha hecho evidente ante nuestros ojos: nuestras fronteras marítimas y aéreas son controladas por agencias norteamericanas.

Puerto Rico es una colonia de los EEUU, cuyo vínculo político emana de una invasión después de la cual se impuso la ciudadanía norteamericana, y una secuela de leyes que solo sirven para consolidar el vínculo servil y lastrar la posibilidad de la soberanía y la emancipación. La ciudadanía norteamericana tuvo como secuela inmediata el reclutamiento de puertorriqueños en el servicio militar obligatorio durante las guerras mundiales, así como la Ley Jones sirve para controlar y duplicar el costo de los bienes materiales que llegan a puerto, pues solo barcos norteamericanos están legitimados comercialmente.

La reciente ley PROMESA (un acrónimo cínico e injuriante que designa las siglas de una junta de acreedores) y que le impone a Puerto Rico y sus habitantes el pago de millones de dólares y medidas extremas de austeridad ni siquiera se ha auditado. PROMESA se ha convertido en un cuerpo supra gubernamental con control absoluto sobre las finanzas, las leyes y los reglamentos vigentes en Puerto Rico. PROMESA es el acto congresional más oneroso que ratifica la autoridad colonial sobre Puerto Rico y constituye una expresa violación de los principios de la democracia, el republicanismo y la soberanía popular. En ello estriba la necesidad de derogar PROMESA y la Ley Jones, pues en su convergencia jurídica coagula el dominio del poder colonial con el propósito de conservar y avanzar los intereses económico-políticos de la metrópolis. En este momento, cuando prevalece una crisis humanitaria en Puerto Rico, no existe un ápice de interés que mueva a Washington a derogar permanentemente ambas leyes a fin de que redunde a favor de los intereses del pueblo puertorriqueño en estos tiempos aciagos.

La ciudadanía norteamericana, en estas circunstancias, no es un privilegio, sino un carimbo impuesto al esclavo para marcarlo, de forma que rinda con su cuerpo un débito extraño bajo las circunstancias más acuciantes. Se trata de una ciudadanía precaria, sujeta a los límites que el Congreso precisa, sin ninguna interpelación del sujeto a quien se le impone. En estas circunstancias, ser una colonia norteamericana y ser ciudadanos de los EEUU no concede ninguno de los derechos obtenidos por zonas impactadas por los mismos sucesos en territorios norteamericanos. Todo lo contrario. Más bien, la ciudadanía nos convierte en rehenes, en entes prescindibles y en víctimas de una caridad calculada. Es necesario abolir el Acta Jones, que impone restricciones de ingreso de otros buques a la isla, siquiera para tender una mano solidaria. Es necesario abolir la Ley PROMESA, pues Puerto Rico no puede reconstruirse sobre la base de una deuda impagable y fraudulenta. Ambas leyes condenan al país a un futuro económico insostenible que intensificará el éxodo de los puertorriqueños fuera de su isla.

La “ayuda” controlada hasta este momento por los EEUU a través de FEMA transforma las coordenadas de interpretación de este evento. En primer lugar, porque somete a los habitantes de un territorio en crisis a lo que pueda realizar una agencia federal, excluyendo la ayuda que pueda provenir de otros países en este momento crítico. Más allá del paternalismo que ello implica, convierte a los puertorriqueños en rehenes de su condición colonial. Al explotarse el momento de precariedad física por la que pasan, promueve el que devenga servilismo psicológico. Hay que preocuparse por la imagen del puertorriqueño que puede crearse a partir de esta emergencia, ahora que más frágil y precarias son las condiciones, mientras incrementan y se tornan más visibles los uniformes.

Se propicia el chantaje sentimental, se demora el esfuerzo ante una población que el gobierno federal considera prescindible y se confirma la indiferencia con el cercenamiento de la solidaridad con otros pueblos hermanos al impedirse que fluya otro tipo de ayuda.

Se reduce al puertorriqueño al “amparo” de un país, se bloquean otras ayudas humanitarias, se le coloca al borde de la desaparición arriesgando la vida de miles que aún se hallan incomunicados.

Se desconoce el fin último de este toldo de ayuda federal. La creciente militarización de dicha ayuda humanitaria en un momento en que los puertorriqueños están absolutamente incomunicados y desprovistos no anuncian un futuro claro.

Torna la inminente transformación de este estado de emergencia en una oportunidad para medrar económicamente, mientras cientos de personas mueren por falta de agua, alimentos y tratamiento médico. Ninguna razón política o económica justifica la muerte de pacientes de diabetes que no poseen los medios para enfriar sus dosis de insulina ni la de pacientes de diálisis que han visto sus tratamientos interrumpidos por falta de electricidad. Las consecuencias de este bloqueo a la solidaridad podrían ser mayores que las víctimas producidas por el huracán mismo. En medio de una crisis humanitaria, el Presidente insiste en ratificar y exigir el cumplimiento del pago de la deuda crediticia. Ante su posición, es necesario acudir a otros medios. Es preciso abolir la Ley PROMESA. No es hora de invocar los falsos derechos inherentes a una ciudadanía de segundo grado, sino clamar por el derecho de todo ser humano a la vida.

Ante esta situación de hechos, exigimos:

- el reconocimiento de un estado de crisis humanitaria.
- la derogacioón inmediata del Acta Jones (Ley de la Marina Mercante de 1920) para Puerto Rico y de la Ley PROMESA.
- no condicionar la ayuda provista por las agencias federales.
- la apertura de los puertos a todos los que deseen solidarizarse con el pueblo puertorriqueño.
- el restablecimiento de todos los medios de comunicacioón por tierra de toda la isla.
- fondos y asistencia para los miles de personas sin casa, agua, alimentos y servicios de electricidad.

Para la lista completa de los firmantes y el texto en inglés véase: http://www.latinorebels.com/2017/09/30/the-cruelest-storm-a-statement-for-puerto-rico/