La geopolítica de la crisis de refugiados musulmanes de Myanmar

Decenas de miles de miembros de la etnia Rohinyá, de religión musulmana, están huyendo despavoridos de sus hogares a causa de la violencia extrema ejercida por el ejército y los paramilitares budistas. Miles de personas se han quedado en la frontera de Bangladesh, que niega a acogerlos porque “hay terroristas infiltrados entre ellos”. Se trata de una nueva fórmula del castigo colectivo a un pueblo ya castigado.

La prensa de masas occidental y la de los países musulmanes acusan a los budistas de limpieza étnica, y señalan a Suu Kei, ministra de exteriores, de pasividad y de ser cómplice de los crímenes cometidos por “los budistas”, que no los generales que siguen ostentando el verdadero poder en Myanmar. ¿Qué interés tendrán para presentar este conflicto como étnico-religioso? ¿Por qué destacan el drama de estas personas mientras silencian el de 17 millones de yemeníes o los siete millones de sudaneses que soportan, desde hace varios años, la suma de terror, violación, tortura, hambre, sed, desesperación y otras atrocidades ante la total pasividad de la comunidad internacional?

Por su parte, el gobierno de Myanmar y los medios prochinos minimizan la envergadura de la crisis y culpan a los “terroristas bengalíes”, o lo que es lo mismo, a la Organización Arakan Rohinyá Salvation Army (ARSA) de haber provocado la tensión, asaltando el 25 de agosto a varias comisarías y puestos militares y asesinar a varios agentes.

Sin embargo, entre las causas del conflicto “interno” de un país que comparte frontera con China no podía faltar el determinante factor geopolítico.

¿Quiénes son los rohinyás?

Myanmar es un país de 52 millones de habitantes, de los que 1,1 millones son rohinyás, que llevan el nombre del Estado en el que habitan. Son descendientes de los trabajadores bengalíes que llegaron a Birmania a partir del siglo XV, y hoy son una de las decenas de grupos étnico-religiosos (que hablan cerca de 100 idiomas y dialectos), que viven bajo el dominio de una mayoría de budistas de la etnia Bamar, y posiblemente de origen mongol. A pesar de los inmensos recursos naturales, Myanmar ocupa el puesto 150 de los 187 países en el Índice de Desarrollo Humano: sólo el 26% de sus gentes tiene acceso a la electricidad.

Salvo el corto periodo del gobierno del presidente Ne Win (1962 y 1988), que dirigió la República Socialista de la Unión de Birmania, los rohinyás y otras minorías del país como Karen, Kachin (cristiana) o Shan, han sido perseguidos y condenados a una extrema pobreza. Los budistas supremacistas han destruido mezquitas pero también iglesias y templos hinduistas de los inmigrantes indios.

Desde el golpe de estado militar del 1988, el ejército se ha hecho dueño directo de los recursos del país: sus fértiles tierras, agua, petróleo y minería, y el 30 de marzo de 2012 tras anular la Ley de Tierra del 1963 -aprobada por el gobierno socialista que protegía a los pequeños propietarios y los derechos de los cultivadores de la tierra-, abrieron el mercado a las corporaciones extranjeras para arruinar el país. Esta dinámica intensifica aun más el proceso de la expulsión de los campesinos (en su mayoría budistas) de sus tierras por los comandantes militares regionales y sus protegidos paramilitares. Los militares también controlan el negocio de opio. De hecho, hoy Myanmar es el segundo productor mundial de opio después de que Afganistán, a partir de su ocupación por la OTAN en 2002 se convirtiera en el primero. También en Myanmar (y Laos y Tailandia, el llamado “Triángulo de Oro” de opio y heroína) EEUU utilizó la droga para financiar al Kuomintang, un partido fascistas que luchaba contra las fuerzas de Mao Zedong.

A esta involución se añadió la suspensión de la ley que otorgaba ciudadanía a los musulmanes rohinyás, lo cual atizó el fuego de la batalla entre los desahuciados: a los budistas empobrecidos se les dejó atacar y expulsar de sus casas y tierras a los musulmanes pobres.

En mismo año 2012 aparece la insurgencia islamista ARSA, integrada por varios centenares de los 500.000 rohinyás emigrados a Pakistán, y entrenados como yihadistas por el régimen del general Ziaul Haq y la CIA para luchar contra el gobierno socialista de Afganistán. La ausencia de una información objetiva e imparcial imposibilita conocer el papel real de esta organización en la actual crisis.

El pulso entre China y EEUU

El país más grande del sudeste asiático y con inmensas tierras cultivables y agua, Myanmar, se encuentra entre dos estados más poblados del mundo, China e India, necesitados de recursos naturales, aunque el verdadero rival de China en este escenario es EEUU.

Para China, Myanmar con el que tiene 2.204 kilómetros frontera, es como México para EEUU. Pekín hasta el 2015 –fecha de la instalación del gobierno de Suu Kyi, patrocinado por EEUU-, además de mantener una amplia relación con el régimen militar birmano, también ha cuidado del Ejército del Estado de Wa Unido (UWSA), la organización armada étnica más fuerte de Myanmar, y uno de los grupos nacidos de la desintegración del Partido Comunista de Birmania en 1989. Que China patrocinara a un grupo para hacer avanzar su agenda en un país (hacer de “proxy”) es nuevo en la política exterior china. Paralelamente, el gobierno del presidente Xi, con el fin de aumentar su influencia política en el país y poner fin a la larga guerra civil birmana, ha organizado encuentros entre el gobierno de Suu Kyi y los grupos rebeldes. En cuanto a las relaciones comerciales, China es el primer socio de Myanmar, y ha invertido unos mil millones de dólares en las infraestructuras del país vecino. En abril pasado inauguraron unos oleoductos que atraviesan Myanmar y alcanza el suroeste de China, aumentando la seguridad energética de China. “Curiosamente” el Estado rohinyá es donde empiezan estas tuberías en la Bahía de Bengala.

China, que no votó al comunicado del 5 de septiembre de la ONU, que a propuesta de EEUU, condenaba la “limpieza étnica” de los musulmanes rohinyás, teme que esta “sensibilidad” sea el inicio de un plan par sabotear los oleoductos chinos, e impedir la construcción del puerto Kyaukpyu que forma parte del proyecto de la Nueva Ruta de la Seda (“One Belt, One Road”). Este puerto, al igual que el puerto Gwadar paquistaní alquilado por China, es vital para el gigante asiático, que hoy realiza gran parte de su transporte comercial por el congestionado estrecho de Malaka, y le permitirán importar el hidrocarburo desde el Golfo Pérsico a China. Que los corredores marítimos vitales pasan a través de aguas disputadas o bloqueados, obliga a Pekín a conseguir un acceso directo al Océano Índico, y sólo puede hacerlo a través de Pakistán y Myanmar. Washington [que tiene bases militares en casi toda Asia] teme que estos puertos sirvan también de base naval para su gran rival.

Por lo que Barak Obama, que planeó rodear a China con bases militares, no sólo llevó a su protegida Suu Kyi al poder, sino que fue el primer presidente de EEUU que visitó el país, en 2012, y volvió de nuevo en 2014 para atraerlo a su órbita con acuerdos comerciales y militares.

En marzo del 2017, un buque de la marina de EEUU, el Comando Militar de Navegación Marítima, visitó un puerto de Myanmar por primera por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

El cambio de rumbo en la política exterior de EEUU con la Administración Trump y su obsesión por Irán ha permitido a los chinos respirar con algo de tranquilidad, aunque esta ‘crisis de refugiados musulmanes’ puede convertirse en su pesadilla. EEUU preferirá un Myanmar destruido y sumido en la guerra civil a que se convirtiera en un puente para la expansión de la influencia china. Mientras, el régimen militar birmano desvía la atención de la lucha de clases hacia un conflicto étnico-religioso entre los desahuciados budistas y musulmanes.

Antes de que Myanmar se desmorone en caos y desastre, hay que forzar al ejército de retirarse del estado de rohinyás, poner fin a la matanza de sus gentes y garantizar sus derechos federales.

Público