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La huelga en Arcelor Mittal Hierro
En demanda de reparación de violaciones patronales al contrato colectivo de trabajo, la Sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana coloco, a las 12:00 horas del pasado 4 de marzo, las banderas rojinegras en las instalaciones de la empresa hindú Arcelor Mittal Hierro, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Este monopolio es el principal productor siderúrgico del país.
Como lo denunció el SNTMMSSRM, una hora antes, en abierta transgresión de la Constitución General de la República y la Ley Federal del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje “archivó” el expediente de la huelga, lo que puede posibilitar la declaratoria de inexistencia del movimiento huelguístico.
Por su parte, la STPS señaló en un comunicado: “La Secretaría del Trabajo y Previsión Social fue informada por la empresa Arcelormittal, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que tras conocerse la resolución de la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje de archivar el emplazamiento a huelga por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, trabajadores de ese sindicato iniciaron la toma de las instalaciones de la empresa por medio de la fuerza, a pesar de que dicha resolución se encuentra fundada y apegada a derecho, por lo que no se trata del estallamiento de una huelga sino de un paro ilegal de labores”.
“Esta Secretaría manifiesta su plena disposición para fungir como mediadora entre las partes y facilitar la búsqueda de soluciones al conflicto, de tal manera que se salvaguarden y preserven los derechos de los trabajadores y las fuentes de empleo.
“Conocedora de las denuncias que la empresa ha interpuesto, esta Dependencia ha solicitado a las autoridades competentes, a nivel estatal y federal, que en uso de sus facultades legales garanticen la seguridad de personas y bienes al interior y exterior del centro de trabajo.
“Es importante señalar que existen las instancias y cauces legales correspondientes para que las partes que estimen que se han afectado sus derechos, los hagan valer. La autoridad laboral permanecerá atenta a la evolución de este conflicto, reiterando el llamado al diálogo y al respeto dentro del marco de la Ley”.
Así, la JFCA y la STPS hacen nugatorio el derecho de huelga, se manifiestan abiertamente a favor de la trasnacional asiática e intentan dejar en la indefensión a los obreros, a la Sección 271 y al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. Se trata, pues, de nulificar la representación de los siderúrgicos y los derechos constitucionales y legales de los trabajadores.
De cara a la situación descrita, Leo W. Gerard, presidente de United Steelworkers, el sindicato industrial más numeroso de América del Norte y que incluye afiliados en Canadá, Estados Unidos y el Caribe, plantea en una carta dirigida a Enrique Peña Nieto: “La decisión de la JFCA de declarar la huelga ilegal de manera efectiva amenaza con desatar medidas represivas contra los trabajadores en Lázaro Cárdenas, fábrica de acero más grande de México. Hace diez años, un intento similar para declarar ilegal una huelga resultó en el asesinato de dos miembros del SNTMMSSRM por la policía federal y estatal.
“Señor Presidente, hoy en día existe una gran preocupación en todo el mundo acerca de las violaciones de los derechos laborales y los derechos humanos en México. El Gobierno Federal tiene la oportunidad de demostrar su respeto por el derecho internacional, específicamente el derecho de huelga establecido en el Convenio 87 de la OIT de lo cual México es parte. Con todo respeto le pido a Ud., como el titular del Poder Ejecutivo, garantizar que el derecho de huelga se respeta, que no cometen actos de represión contra los trabajadores, y que la JFCA hace todos los esfuerzos para establecer un diálogo entre las partes que permitan una justa y pacífica solución de este conflicto. Nuestro sindicato, que tiene una estrecha relación tanto con el sindicato y la empresa, hará todo lo posible para apoyar una resolución de ese tipo”.
Para el movimiento obrero mexicano es de vital importancia que la huelga siderúrgica de Lázaro Cárdenas, Michoacán, sea respetada por el gobierno de la República y que las partes en conflicto negocien bilateralmente y no haya una salida de carácter represivo. Sin embargo, la decisión “jurídica” de la JFCA y la calificación de “paro ilegal” hecha por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no abonan en este sentido.
