La lucha de los mineros comienza a dar frutos

Los trabajadores ya reconquistaron la jornada de ocho horas y ahora van por mejores contratos y aumento salarial

Arrinconados por la presión de más de cuatro mil mineros proletarios que en una semana han cruzado a pie el altiplano y ahora están en La Paz, los funcionarios del gobierno indígena de Evo Morales y de la sinuosa transnacional Glencore International, que explota irregularmente las minas que pertenecían al millonario prófugo de la justicia y ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, han comenzado a ceder a las demandas laborales.

En el segundo día de negociaciones con los ministros de Morales y ejecutivos de la transnacional, los mineros bolivianos parecían consolidar sus posiciones en torno a la jornada laboral de ocho horas, el precio de los contratos de producción y el aumento general de salarios.

Hasta ayer, la transnacional, aprovechando la extrema pasividad del Gobierno de Morales, intentaba imponer una jornada laboral de 10 horas, quería reducir el precio de los contratos y se negaba a otorgar un incremento salarial del 12 por ciento. Pero, ahora, ante la radicalidad que muestran los mineros de base que hablan incluso de “echar a la empresa”, parecen dar marchas atrás, para no arriesgar sus operaciones en Bolivia y, por ende, sus millonarias ganancias.

Este lunes, los mineros han ingresado a La Paz y no han dejado dudas sobre sus intenciones, si es que la compañía Sinchi Wayra, --filial de la transnacional Glencore Internacional, forjada por el magnate petrolero suizo israelí Marc Rich, a quien la revista Time calificó en el 2001 como “el ejecutivo más corrupto del planeta”--, no daba brazo a torcer.

“¡Fuera Sinchi Wayra! Basta de saqueo y explotación transnacional que deja socavones vacíos, enfermos, hambre y miseria”, era la leyenda ilustrativa de uno de los tantos carteles que agitaban los mineros a su paso por las calles de La Paz y que era presentado en primera plana por uno de los principales diarios del país. Este martes, en su segundo día en la ciudad, los cuatro mil mineros se han llamado a descanso por 24 horas para reponer fuerzas tras la caminata de casi 200 kilómetros y han dejado que sus dirigentes discutan y negocien con el Gobierno y la empresa. Este miércoles ya han programado volver a las calles y a la dinamita, si no hay un acuerdo que les sea satisfactorio.

SE IMPONE LA JORNADA DE 8 HORAS

Aparentemente, la amenaza sindical ha comenzado a surtir efecto. Por lo visto y escuchado en el inicio de la reunión de este martes, la Glencore virtualmente ya habría desistido de aplicar una jornada laboral de 10 horas, dada la dura resistencia encontrada en los sindicatos y la amenaza latente de nuevas y agresivas movilizaciones en La Paz de los más de cuatro mil mineros que han llegado desde Potosí y Oruro para defender sus derechos.

Uno de los dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, César Lugo, muy vinculado con el sector patronal, dijo que la empresa ya accedió “por presión” a respetar las ocho horas laborales que establece la Ley General del Trabajo y no aumentar a 10 horas.

ILEGALIDAD Y EXPLOTACIÓN

La Glencore/Sinchi Wayra tomó ilegalmente el control de importantes minas de zinc, oro, plata, plomo y estaño de Oruro y Potosí, (las minas Bolívar, Poopó, Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo, Colquechaquita y la planta concentradora de minerales Don Diego y la central termoeléctrica de Aroifilia) de manos de Sánchez de Lozada en el 2005, dos años después que este ex presidente de Bolivia fuera derrocado por una insurrección popular y fugara a los Estados Unidos.

El doloso contrato de transferencia de estas minas se hizo en Estados Unidos, cuando los bienes y minas de Sánchez de Lozada ya eran reclamados en los tribunales de justicia de Bolivia como resarcimiento para las víctimas del genocidio de octubre del 2003 (67 civiles muertos y más de 400 heridos a bala).

Allí, en estas minas, la transnacional intentaba aplicar un “plan de emergencia” para enfrentar la caída en el precio internacional de minerales sin reducir sus millonarias ganancias extraordinarias. Para ello presionaba para aumentar la producción, haciendo trabajar dos a cuatro horas más a los obreros sin aumentarles el salario.

Este extremo ya fue rechazado por los sindicatos y, tras la movilización, los funcionarios gubernamentales advirtieron de su ilegalidad. En este marco, el ministro de Trabajo, Calixto Chipana, aseguró que aplicará drásticas sanciones contra la transnacional si incumple su compromiso y continúa burlando la Ley General del Trabajo, que establece el límite de la jornada laboral en ocho horas.

NO MÁS RECORTES DE INGRESOS LABORALES

En el tema de los contratos, la transnacional también comenzó a aceptar la idea de los trabajadores de volver, por lo menos parcialmente, a los precios de los contratos de producción que estaban vigentes antes de la caída de la cotización internacional de los minerales. En los últimos meses, la compañía ha reducido los precios de los contratos e intentaba disminuirlos aún más, con lo que los trabajadores ya han perdido hasta un 65 por ciento de sus ingresos, explicó Lugo.

Ahora, aunque el tema aún era debatido en la tarde de este martes entre los empresarios y los sindicalistas, la Glencore/Sinchi Wayra ha dejado de lado su inicial negativa y dijo que está considerando reponer, en alguna medida, los contratos que estaban vigentes antes de la caída de las cotizaciones de los minerales, con lo que se recuperaría el ingreso laboral minero.

AUMENTO SALARIAL, AÚN EN DUDA

En el tema del aumento salarial, que los mineros habían renunciado a principios del año para evitar los despidos, pero que ahora con la movilización ha vuelto a convertirse en una demanda laboral, la empresa aún evalúa su impacto en las finanzas corporativas, explicó Felipe Hartmann, representante de la transnacional.

Los sindicalistas se amparan en un decreto del presidente Morales y en la propia Ley General del Trabajo que establece que, bajo ningún motivo, los trabajadores pueden renunciar a sus derechos. Ahora, con la movilización y la acción directa de masas, creen que están en condiciones de imponer esta demanda a la transnacional que ha ganado a manos llenas en los últimos tres años, pagando salarios de hambre a los trabajadores y entregando migajas en tributos al Estado.

En el trienio 2006-2008, la producción y exportación minera, controlada en tres cuartas partes por las grandes transnacionales, ha dejado para el Estado boliviano un ingreso de apenas 220 millones de dólares en impuestos y regalías, según los datos oficiales procesados por Econoticiasbolivia. En este periodo, la facturación declarada por las empresas mineras fue de más de 4.000 millones de dólares, que es, según el ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, sólo la mitad de lo que realmente se llevan los empresarios.

PARTICIPACIÓN INDÍGENA

Otro tema que está en discusión, entre los sindicalistas mineros y los funcionarios del Gobierno es el referido a las decisiones de las comunidades indígenas y campesinas que han entorpecido y, en algunos casos, impedido las operaciones mineras. Lo que quieren los trabajadores es estabilidad laboral en esas pequeñas explotaciones mineras, que son periódicamente amenazadas por los lugareños, por lo que el Gobierno ha propuesto elaborar unas directrices ministeriales orientadas a preservar la explotación privada de las minas en consulta con las comunidades indígenas.

Este tema ha cobrado mayor notoriedad en las últimas horas, al influjo de una fuerte campaña mediática de los grandes medios de comunicación y de las empresas mineras que intentan transformar la lucha de los trabajadores contra las transnacionales por la defensa de los derechos laborales en otra que sea en defensa de la actividad empresarial privada ante los “avasallamientos” de campesinos e indígenas que rechazan la actividad minera.

Hace dos semanas, las comunidades indígenas quechuas del sur de Bolivia habían conminado a la transnacional canadiense Vista Gold Corporation para que abandone la zona y olvide sus intentos de hacerse de una gran fortuna con la explotación de oro de la mina Amayapampa. Los comunarios echaron a la transnacional canadiense, que intentaba operar la concesión aurífera empleando a casi 250 trabajadores, en el convencimiento de que la explotación capitalista de las minas sólo deja socavones vacíos, contaminación ambiental y tierras y ríos envenados con mercurio. Hoy, cerca de un centenar de esos trabajadores de Amayapampa están en la movilización de los proletarios mineros.