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La paz es poner fin a la generación de nuevas victimas
Estos días, las víctimas del conflicto nuevamente han sido re-victimizadas. Frustradas ante el olvido a que han sido condenadas, ocuparon las oficinas en Bogotá de la llamada “Unidad de Victimas”, denunciando la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos colombianos para repararlas y garantizar medidas efectivas de no repetición.
Solamente el Estado tiene la capacidad, -además de la responsabilidad y la obligación-, de garantizar de forma efectiva el derecho de las víctimas a la reparación y la restitución, contando para ello con su capacidad de legislar y de disponer los recursos de la administración pública para atender a quienes han padecido el conflicto en primera persona. Pero el Estado incumplidor se viene negando a ello, como claramente ha puesto de manifiesto el desesperado grito de frustración de unas victimas que ya no saben cómo hacer para obtener lo que en justicia les corresponde.
En el mes de septiembre de 2014 las FARC EP presentamos en la Mesa de Diálogos la propuesta “Hacia una nueva Colombia sin víctimas”. En marzo de 2015 presentamos nuestras “66 propuestas mínimas sobre Derechos Integrales de las Victimas para la paz y la Reconciliación Nacional ” y las 140 “Propuestas de las FARC EP y de la sociedad colombiana para la construcción de una nueva Colombia sin víctimas”. A fecha de hoy ni una sola propuesta sobre víctimas ha sido presentada por el Estado infractor en la Mesa de Diálogos. Tampoco ha formulado solución alguna a las citadas propuestas, quizás con la pretensión de que esta re-victimizadora omisión haga que las victimas olviden su drama y su penosa situación.
¿Piensa quizás el Estado que ha cumplido con sus obligaciones políticas, legales y éticas solo por permitir que 60 víctimas del conflicto hayan comp arecido en La Habana para verter sus desgarradores testimonios? Trece de ellas fueron amenazadas de muerte al regresar a Colombia, sin que a fecha de hoy el Estado cómplice haya adoptado medida alguna para poner a los victimarios a disposición de los tribunales de justicia.
De forma sumamente desafortunada, el Presidente Santos se ufanó el pasado viernes de un irresponsable, cobarde y desproporcionado bombardeo aéreo que masacró a 26 rebeldes, hijos e hijas de Colombia. Este hecho que sumado a la ofensiva militar sostenida contra los frentes guerrilleros , acabó también con la tregua unilateral mantenida por 5 meses por las FARC-EP al precio de las vidas de otros guerrilleros y frenó las medidas de desescalamiento del conflicto tejidas con paciencia por las partes durante el último año. Pero no fueron estas las únicas y trágicas consecuencias de esa inexplicable actuación. Centenares de campesinos y campesinas de las zonas donde se realizan los operativos fueron desplazados a consecuencia de esta acción de las Fuerzas Militares. Son éstas, nuevas víctimas del conflicto, responsabilidad exclusiva del Estado victimario, que no han merecido ni una sola línea en los triunfalistas comunicados del Gobierno.
El pasado mes de abril las Naciones Unidas señalaron que desde el inicio de las conversaciones de paz, en noviembre de 2012, un promedio de 16.400 colombianos fueron desplazados cada mes; hubo 713 víctimas por artefactos explosivos, un millón y medio de personas sufrieron confinamiento y limitaciones a la movilidad y al acceso a bienes básicos y se registraron más de 700 delitos contra la integridad y la libertad sexual, todo ello en el marco del conflicto armado. Solamente en el primer trimestre de 2015 -indica NNUU- más de 25 líderes sociales, políticos y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados. A ello añadimos que desde el inicio de los Diálogos han sido exterminados más de 100 militantes de Marcha Patriótica, una siniestra cuenta que cada vez recuerda más al genocidio cometido contra la Unión Patriótica tras el fallido proceso de paz de La Uribe.
Las víctimas del conflicto colombiano existen y continúan aumentando, no están siendo reparadas ni atendidas sus justas reivindicaciones, ni les han sido reconocidos los mínimos e insuficientes derechos que establecen las leyes colombianas.
Esperamos que un acuerdo en torno al punto 5 referido a Víctimas contemple soluciones efectivas a esta dramática situación.
