"La pobreza ha empezado a caer en Argentina" (sic)

Contrasta con el último informe de pobreza en Argentina que, sobre todo, afecta a la población infantil

Durante los primeros seis meses del gobierno de Javier Milei, la pobreza trepó al 52,9% y alcanzó a casi 25 millones de personas. A la vez, la indigencia escaló a 18,1% y afectó a 8,5 millones de argentinos. Los datos se agravan al observar la incidencia del flagelo en los más chicos: dos de cada tres nenes de entre 0 y 14 años son pobres.
Así se desprende de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El desagregado estadístico exhibe que el segmento más golpeado por la falta de condiciones es el de los nenes de hasta 14.
Un análisis fino de la información difundida por el INDEC arroja que el 39,1% del grupo etario 0-14 es pobre mientras que el 27% restante se ubica por debajo de la línea de la indigencia. Esto implica que los menores no llegan a cubrir las necesidades de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
Al mismo tiempo, el 40,5% de los niños de 0 a 5 años es pobre y el 23,3% restante es indigente. De 6 a 11, el 27,7% se ubica por debajo de la línea de indigencia y el 39,3% ingresa en el universo de la pobreza. Para los adolescentes de 12 a 17, los números son alarmantes: el 29,4% es indigente y el 39,9% es pobre.
Por otra parte, el porcentaje total de personas pobres para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años es de 60,7% y 48,6%, respectivamente. En la población de 65 años en adelante, el 29,7% de los ciudadanos quedó por debajo del umbral de la pobreza.
En cuanto a la distribución geográfica de la inquietante situación social que atraviesan más de la mitad de la ciudadanía, las mayores incidencias se observaron en las regiones Noreste (NEA), 62,9%; y Noroeste (NOA), 57,0%. Las menores, al contrario, se dieron en la Patagonia, 49,1%; y la zona Pampeana, 49,9%.
Con respecto al segundo semestre de 2023, la cantidad de pobres subió tanto en los hogares como en las personas, de 10,7 y 11,2 puntos porcentuales (p.p.). En el caso de la indigencia, creció 4,9 p.p. en los hogares y 6,2 p.p. en las personas.
En simultáneo, el INDEC informó que la brecha de la pobreza de los hogares se ubicó en 42,6%: el ingreso familiar promedio de los hogares pobres fue de $407.171, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) promedio ascendió a $709.318. Así, la distancia entre ambos se aceleró en comparación con el año pasado.
¿Por qué aumentaron la pobreza y la indigencia en el primer semestre?
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) diseccionó las causas que impulsaron el crecimiento de la pobreza y la indigencia en el primer semestre de 2024 en relación con los últimos seis meses del gobierno de Alberto Fernández.
En primer lugar, destacaron que el promedio de inflación mensual de alimentos del período estudiado (9,4%) superó al de la primera parte del año pasado (7,7%). Además, el pico inflacionario de diciembre de 2023, provocado por el salto del tipo de cambio de 118%, afectó directamente el precio de los productos alimenticios, principal insumo de los sectores más bajos.
En segundo término, el salario real de los trabajadores no registrados se redujo 29,5% respecto del año anterior y 24,8% respecto al semestre inmediato anterior. Algo similar ocurrió con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM): se observó un valor 28,5% menor que el primer semestre de 2023 y una retracción de 28,1% en relación a los últimos seis meses del Frente de Todos.
En materia de empleo, en los primeros dos trimestres de la administración libertaria empeoraron los indicadores al saltar a 7,6%, superior al 6,6% anterior. “Paralelamente disminuyó la tasa de empleo que pasó de 44,8% en el primer semestre de 2023 a 44,6% en el mismo período de 2023”, remarcaron.
Si bien la Asignación Universal por Hijo (AUH) registró una suba real de 22,5%, no ocurrió lo mismo con la Tarjeta Alimentar y el resto de los planes sociales, que experimentaron retrocesos de 3,8% en la comparación con igual semestre de 2023.
“El escenario muestra una fenomenal reducción de su poder adquisitivo de 48,6% respecto al primer semestre de 2023 (como resultado del congelamiento del programa en $78.000). Con respecto al semestre anterior, el derrumbe alcanza 50,3%”, plantearon los autores.
Por último, la jubilación mínima acusó una sensible desmejora de 19,7% respecto de la evolución que mostró en los primeros seis meses del año pasado. Si se mide contra el segundo semestre de 2023, la disminución del haber mínimo orilla el 17,2%.

El recorte es por el lado de las y los más pobres

Comunicado de Territorios en Lucha
Los movimientos sociales abajo firmantes denunciamos que, una vez más, el gobierno de Javier Milei atenta contra la supervivencia de millones de personas de los sectores más empobrecidos. Desde el inicio del debate por la Ley Bases, viene intentando dar de baja el monotributo social, cuestión que se ha agravado en los últimos meses y que trae diversas dificultades a amplios sectores de la población para acceder a derechos laborales básicos.
El monotributo social es una herramienta que le permitió a muchas personas con bajos recursos acceder al trabajo registrado, tener aportes jubilatorios y a duras penas acceder a una obra social. Bajo este régimen se encuentra un número cada vez más amplio de trabajadorxs precarizadxs, y quienes se encuentran enmarcadxs en los programas de empleo nacionales.
En este último sector, el gobierno abonaba el 100% de la obligación mensual del monotributo, y ahora decidió que sólo va a pagar el 50% y que lo restante debería pagarlo beneficiario sumado el monto por cada adherente que es $6.900. En el marco de un salario tan bajo de $78.000, generando un nuevo costo para lxs trabajadores más vulnerables.
Además, tras el intento fallido de anular el monotributo social, el Estado se atrasó en el pago en los últimos meses, lo cual generó una deuda para lxs titulares de este impuesto, que aún hoy no se ha regularizado, y por si esto fuera poco, ello provocó la suspensión de la atención en las correspondientes obras sociales.
Esto se suma a la larga serie de trabas que venimos sufriendo lxs trabajadores precarizadxs en la lucha por el acceso a una obra social y jubilación, ya que las obras sociales se niegan a aceptar a lxs monotributistas. Esto genera que muchas personas que se inscriben en el Monotributo queden durante meses y años en un “limbo” administrativo donde no son aceptadxs por la obra social, y tampoco son recibidxs en los hospitales públicos. Dicha situación, la mayoría de las veces, deriva en que las personas desistan del Monotributo social, sin otro camino que volver a la informalidad.
Por otro lado, además de aumentar los montos para acceder al monotributo social, ahora se exige que se emitan 6 facturas en 6 meses, siendo que el trabajo de este sector es muy inestable, los ingresos son bajos y muchas veces se compone de changas. El hecho de tener que facturar implica además tener que pagar Ingresos Brutos, lo cual agrega una complejidad administrativa y tener que destinar más fondos a sostener este beneficio.
Además, para muchas cooperativas de trabajo, es un requisito que lxs asociadxs seamos monotributistas, con lo cual nos generan un costo extra, a riesgo de quedar en una situación de incumplimiento en caso de no poder sostenerlo.
Todo este sin fin de trabas obliga a millones de personas a volver a la informalidad, a no poder acceder a un derecho básico como la salud y la jubilación. Cabe destacar que en Argentina más de la mitad de la población tiene trabajo no registrado y que esta problemática afecta principalmente a mujeres y a la juventud.
Para quienes se encuentran en los programas Volver al Trabajo o Acompañamiento Social, que tienen sus ingresos congelados en 78.000 pesos desde diciembre del 2023, sostener el monotributo social con los nuevos montos les significará destinar más del 9% de su salario.
Mientras el presidente Javier Milei dice que no hay plata y que el ajuste lo está pagando la casta, en los barrios populares vemos crecer la indigencia, la pobreza y el hambre de forma descomunal. Sin embargo, los sectores empresariales más poderosos y concentrados de la economía tienen cada vez más privilegios: se les reducen impuestos, se les permite blanquear millones de dólares que se fugaron evadiendo o como producto de actividades ilícitas, y se les otorgan incentivos económicos para que sigan aumentando sus ganancias.

La UTEP volvió a reclamar la entrega de alimentos frente al ministerio de Capital Humano

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular volvió a movilizarse para reclamar la entrega de alimentos. Fue una nueva marcha de las ollas vacías frente al ministerio de Capital Humano en la ciudad de Buenos Aires.
La protesta fue encabezada por las mujeres que están a cargo de comedores y merenderos a los que el gobierno nacional les cortó la ayuda desde que asumió. Allí expresaron que falta comida en los comedores: “cada vez hay menos comida y más gente”.
Luego de varias horas una delegación de las organizaciones que protestaban fue recibida por funcionarios del ministerio de Capital Humano. Según explicaron, uno de los funcionarios les dijo que no tenía poder de decisión porque la ministra Sandra Pettovello está de viaje en Europa y en las últimas horas fue recibida por el Papa Francisco.
Desde la UTEP declararon: “Detrás de un operativo de seguridad insólito se siguen escondiendo los que incumplen los fallos judiciales para no entregar alimentos a los comedores comunitarios que combaten el hambre en las barriadas y los que continúan atacando, mediante la derogación del Monotributo Social costo cero, el acceso a la salud y la jubilación de nuestro sector”.
El reclamo de cobertura de salud y jubilaciones para los trabajadores de la Economía Popular se sumó a la demanda de alimentos.
Resaltaron que hoy pierden derechos: “Hace dos años con el monotributo social me pude jubilar, hoy por hoy perdemos cada vez más derechos, mucha gente que no se va a poder jubilar, gente que está jubilado que ya no sabemos si vamos a poder o comer o sanarnos”.

Respaldo a la apelación contra los procesamientos al Polo Obrero

Organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, sindicatos, Centros de estudiantes y diputados/as nacionales movilizaron el martes 24 para acompañar la audiencia donde la defensa de las 12 personas integrantes del Polo Obrero (entre ellas, Eduardo Belliboni, María Dotti y Jeremías Canteros) expuso los fundamentos de la apelación al procesamiento dictado por el juez federal Sebastián Casanello por el supuesto delito de «administración fraudulenta en perjuicio del Estado».
La movilización se replicó en todo el país y frente a las embajadas argentinas de distintas capitales extranjeras, como Roma, Atenas y París, entre otras. «No sólo no es cierto que el Polo Obrero defraudó al Estado. Es al revés: nuestro esfuerzo garantizó el funcionamiento de comedores populares en todo el país, que el Estado siempre se desentendió de financiar. No sólo no es cierto que el Polo Obrero extorsiona: el que realmente extorsiona es el gobierno nacional que amenaza con la baja de los programas sociales por movilizarse», denunció Belliboni.
La movilización a los tribunales de Comodoro Py fue decidida el pasado viernes 20 de septiembre en una masiva audiencia en la Legislatura porteña convocada por el legislador Gabriel Solano, y de la que participaron organismos y personalidades de Derechos Humanos como Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, dirigentes sindicales como Hugo «Cachorro» Godoy de la CTA, Francisca Staiti de la CONADUH, Ileana Celotto de ADG UBA y representantes del SUTNA, ATE Capital, Ademys (docentes CABA), la Asociación de Jueces COPAJU, la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), organizaciones sociales del Frente de Lucha, Centros de estudiantes, y diputados y diputadas nacionales, como Vanina Biasi, Cristian Castillo, y Mónica Schlottauer y legisladores de la Ciudad como Celeste Fierro.
En la misma, Eduardo Belliboni denunció: «esta causa es producto de una persecución política llevada adelante por el gobierno de Milei. Comenzó con las denuncias realizadas por Bullrich para quebrar la movilización del 20 de diciembre, y dio lugar a una enorme actividad de espionaje y allanamientos contra las organizaciones piqueteras. Mientras la ministra Sandra Pettovello designa ñoquis e incumple fallos judiciales para repartir los alimentos, mientras el gobierno compra votos en el Congreso para poder vetar los aumentos a los jubilados, las investigaciones y los allanamientos se dirigen contra quienes organizamos la lucha contra el hambre».
En la misma línea, agregó: «quien más a fondo lleva esta línea del gobierno es el fiscal Agüero Iturbe, quien directamente considera al Polo Obrero una asociación ilícita. Esta acusación muestra lo que en realidad están buscando, que es ilegalizar la organización de los barrios más empobrecidos del país, para evitar que reaccionen al brutal plan de hambre que está llevando adelante el gobierno de Milei. El objetivo es directamente criminalizar e impedir la protesta social, que es la línea que viene desarrollando este gobierno, que mantuvo durante meses presos políticos por movilizarse contra la Ley Bases».
«Junto a nuestra defensa, encabezada por las abogadas de APEL Liliana Alaniz, Claudia Ferrero y Eduardo Penello, vamos a mostrar la falsedad de cada una de estas acusaciones. No sólo no es cierto que el Polo Obrero defraudó al Estado. Es al revés: nuestro esfuerzo garantizó el funcionamiento de comedores populares en todo el país que el Estado siempre se desentendió de financiar. No sólo no es cierto que el Polo Obrero extorsiona: el que realmente extorsiona es el gobierno nacional que amenaza con la baja de los programas sociales por movilizarse», sentenció Belliboni.
El juez federal Sebastián Casanello procesó el lunes 29 de julio a Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, y a otros 11 integrantes de la organización social, por el supuesto delito de «administración fraudulenta en perjuicio del Estado» por presuntos desvíos de fondos recibidos por la Asociación Polo Obrero en el marco del Plan Potenciar Trabajo. El delito prevé una pena de entre dos y seis años de cárcel. En ese momento, Belliboni declaró: «el fallo sigue una línea de persecución política. Tenemos huertas, salones de usos múltiples que construimos, textiles. Si no trabajábamos, ¿todo eso quién lo hizo?», se preguntó.
Mientras esta medida judicial sucedía, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, continuaba sin cumplir con el fallo judicial que le exigía presentar un plan de distribución de las al menos 5 toneladas de comida destinadas a comedores populares que mantiene retenidos en depósitos de Buenos Aires y Tucumán.

Con la lucha se consiguió la media sanción en la Legislatura bonaerense de la expropiación de Madygraf

El miércoles 25, la Legislatura bonaerense dio media sanción al proyecto para la expropiación de la fábrica Madygraf, la imprenta que en el año 2014 fue cerrada por la multinacional RR Donnelley, dejando en la calle a 400 familias en la calle. Desde entonces sus trabajadores y trabajadoras abrieron sus puertas y la pusieron en funcionamiento.
En las afueras, junto a los y las trabajadoras de Madygraf, se hicieron presentes para acompañar el reclamo por la expropiación trabajadores de Astilleros Río Santiago, trabajadores estatales y estudiantes universitarios.
El proyecto fue presentado por la diputada del PTS en el Frente de Izquierda, Laura Cano Kelly, quien expresó: "Se apoyaron en las experiencias previas, de Brukman, de Zanón en Neuquén que, frente a la enorme crisis del 2001, fueron un ejemplo de lucha, planteando que había otra salida frente a los despidos masivos o los cierres de fábricas".
La diputada sostuvo: "Aprendimos que los fondos buitres son llamados así porque se alimentan de presas debilitadas. Pero en este caso, lejos de encontrar presas, se encontraron con trabajadores organizados y familias decididas a defender sus puestos de trabajo. Un ejemplo que muchos diputados y senadores deberían recordar en el Congreso Nacional al haber aprobado beneficios para estos grupos capitalistas a través del RIGI".
Siendo una fábrica puesta al servicio de los sectores más vulnerables con la distribución gratuita de cuadernos, la reconversión en pandemia para producir alcohol en gel y sanitizantes y desarrollando métodos de producción sostenibles, se demostró "la superioridad de una producción pensada y planificada desde las necesidades sociales y no desde el lucro individual".
"Madygraf se ha consolidado como un punto de referencia para el movimiento obrero industrial y para el conjunto de nuestra clase, un lugar donde, a diferencia de las multinacionales, los trabajadores son quienes planifican, deciden y distribuyen las tareas. Frente a los discursos de resignación, de agachar la cabeza, del sálvese quien pueda, de direcciones sindicales burocráticas que dan la espalda, aquí tenemos un ejemplo completamente opuesto, que demuestra cómo la cooperación, la unidad y la fuerza de los trabajadores pueden marcar otro camino", expresó Cano.
Luego de conocerse la media sanción en las puertas de la Legislatura bonaerense las organizaciones solidarias festejaron junto a los trabajadores de Madygraf este gran paso adelante, en el camino de la lucha por la expropiación y estatización definitiva.

La Haine