"No nos rendimos"

“No nos rendimos”, resonó con fuerza. A metros de la Casa de Gobierno, sobre la Plaza Belgrano, un docente despertó los aplausos de sus compañeras y sus compañeros, de estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, de integrantes de las comunidades originarias, de trabajadores ocupados y desocupados.

Las calles de San Salvador volvieron a llenarse de color y fuerza. La docencia agrupada en Adep marchó por el centro. La acompañaron organizaciones sociales, políticas, sindicales, sectores del movimiento estudiantil y delegaciones de las comunidades originarias. Hubo música y bronca. Las canciones contra Morales sonaron por cuadras y cuadras. El clásico «Morales gato» se alternó con los pedidos de renuncia. Se escuchó, nuevamente, ese combinado musical que se pregunta por quién se ha robado todo el litio.

Este lunes la docencia de Adep, el sindicato que nuclea a los docentes de primaria cumplió un mes de paro. Un mes donde no solamente se mostró -en repetidas ocasiones- la represión policial del gobierno de Gerardo Morales. También se vio fuerte la voluntad de lucha del pueblo jujeño.

En esta jornada, Humahuaca también marcó presencia en las calles. Allí más de 300 docentes, en su mayoría de Adep, salieron a reclamar por salarios y contra la reforma constitucional votada tanto por el peronismo como por el radicalismo.

La importante movilización fue, también, una respuesta a las amenazas del Gobierno.
Este martes, intentando atemorizar, el oficialismo y la fiscalía del Estado habían anunciado que había 150 personas imputadas por los hechos del martes 20 de junio. El gobierno de Morales intenta amedrentar. Sin embargo, eso no surtió efecto y el miércoles fueron miles y miles en las calles.

Esa pelea contra la reforma sigue también en las rutas. El miércoles se mantuvieron 11 cortes en diversos puntos de la provincia. Por la tarde, a pesar de las amenazas represivas, el corte volvió a Perico, donde los manifestantes desafían de manera permanente a las fuerzas policiales. Al mismo tiempo, se sostuvieron los cortes en Purmamarca, Tilcara, Uquía, Abra Pampa y otras localidades.

Hay fuerzas en las calles y en la ruta para seguir esta pelea hasta tirar la reforma. Esa fuerza sigue estando a pesar de las maniobras de Morales para dividir a quienes luchan. Sigue estando a pesar de las amenazas y aprietes. Sigue estando a pesar de la borrada de la CGT y la CTA, que deberían convocar a un paro provincial hasta tirar abajo la reforma.

Pronunciamiento de Alejandro Vilca

El miércoles en el Congreso Nacional, el diputado Alejandro Vilca (PTS-FITU), propuso en la sesión especial rechazar la Reforma de la constitución de Morales y el PJ en la provincia de Jujuy, el apoyo al pueblo jujeño y el repudio a la represión. Vilca fue uno de los 6 convencionales constituyentes de la izquierda que denunció todas las maniobras de la UCR y el PJ para aprobar esta reforma, y participó de las movilizaciones en apoyo a docentes, trabajadores de la salud y comunidades originarias. «Como se canta en las calles de Jujuy y en los cortes de ruta: abajo la reforma, arriba los salarios, arriba los derechos del pueblo trabajador».

El gobierno de Jujuy pidió embargos millonarios y hasta 25 años de cárcel para los «responsables» de las protestas sociales

El Gobierno de Jujuy comunicó en conferencia de prensa que comenzaron a aplicarse multas vinculadas a las protestas contra la Reforma constitucional en la provincia, registrándose hasta la fecha «más de 100 procesos iniciados». «Las imputaciones contravencionales se han llevado adelante contra personas físicas y jurídicas. Hay ya más de 150 personas imputadas y se han sentenciado a cinco de ellas, cuyas multas van de los 500.000 a los 2 millones de pesos», señaló en conferencia de prensa el ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro.

Al volver a indicar que el Estado va a intervenir como querellante en la totalidad de los procesos penales, el Fiscal de Estado de Jujuy, Miguel Rivas, apuntó que se buscará «se apliquen los montos mayores de penas previstas para cada delito», tanto para los «autores materiales, cómplices e instigadores» y que pueden sumar «hasta 25 años de cárcel».

Dijo que se aboga por «embargar patrimonialmente a cada uno de los delincuentes violentos» y que «se les va a reclamar por los daños y perjuicios producidos al Estado provincial», que estiman en «una suma aproximada de 1.000.000.000 de pesos», ello referido a incendios que hubo en inmediaciones a la Legislatura y lesiones producidas a agentes de la policía en los avances represivos, entre otros.

Los procesos iniciados están vinculados a los cortes de ruta que llevan más de dos semanas y las manifestaciones donde hubo represión policial, entre ellas, la del 20 de junio pasado, cuando el gobernador Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio (JxC), presidió la jura de la reforma en medio de protestas en distintos puntos de la capital jujeña.

En tanto, Rivas, señaló que también viene denunciando ante la justicia local la perpetración de delitos en todo el territorio desde el 17 de junio, fecha en la que tuvo lugar una primera represión policial, en el corte de ruta que aún llevan adelante comunidades originarias en el ingreso al poblado de Purmamarca.

Respecto a los distintos hechos denunciados, Rivas agregó que «se trata de acciones ilícitas, perpetradas por personas violentas, con una virulencia majestuosa, que realmente están atacando el orden constitucional». Y agregó que «de ninguna manera se trata de hechos aislados, sino planeados y ejecutados por individuos violentos, organizaciones sociales y políticas» y que «se va a instar a que de forma inmediata se proceda a la detención efectiva de los delincuentes».

Rechazo de los organismos de DDHH

«Cuando los organismos de DDHH hablamos de criminalizar la protesta, hablamos de esto. Defender las ideas, manifestarse, protestar, organizar debates y clases públicas en las arterias de nuestras ciudades no es atacar la democracia, por el contrario, es defenderla», expresaron desde la Asamblea Permanente por los DDHH Regional Jujuy.

«La democracia no es votar cada dos años, eso es solo la consecuencia, democracia es abrir el diálogo, escuchar al pueblo, rectificar medidas cuando fueron mal tomadas o implementadas, respetar las distintas formas de pensar y, sobre todo, agotar todas las instancias para lograr consensos. Detentar el poder y ejercerlo de modo autoritario no es democrático, por el contrario, con esa modalidad se avanza a pasos agigantados hacia una dictadura opresora», agregaron a través de una publicación en las redes sociales.

Trabas legales a todos los procesos presentados por CEDEMS

El sindicato docente CEDEMS denuncia trabas a sus habeas corpus presentados.

Asimismo, la asesora legal indicó que apelaron a la justicia federal para comenzar procesos que en Jujuy deberían haber sido inmediatos.

Lorena Mamaní, la profesional legal, consideró que “la justicia se demoró en la aplicación de tiempos procesales”.

La Comisión Directiva del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) fue una de las más criticadas desde el gobierno de Jujuy por el reclamo salarial que más tarde se convirtió en un rechazo a la gestión de Gerardo Morales, cada proyecto del Ejecutivo, y principalmente la aprobación y jura de la reforma de la Constitución.

Durante las últimas semanas, desde el sindicato docente se denunció la presión del gobierno para dejar de lado las medidas de fuerza y además se anunció que denunciarían al Primer Mandatario provincial por intimidación y persecución.

Hay además otras cuestiones legales que fueron comentadas por Lorena Mamaní, representante legal del gremio, quien se refirió al allanamiento en casa de una docente afiliada al mismo, y a presentaciones realizadas por los hechos ocurridos el 20 de junio pasado.

“La mayoría de hábeas corpus que se presentó fue rechazada por la Justicia al haber sido declarados en abstracto.
La Justicia se demoró en la aplicación de los tiempos procesales y, por las características de una acción como habeas corpus, que tiene que ser expeditiva, las audiencias fueron fijadas con mucho tiempo posterior a los hechos a los que aludíamos”.

La profesional del derecho dijo que esperan resoluciones como también “que se fijen audiencias para otros hábeas corpus presentados por las situaciones que ocurrieron la semana pasada”.

Por el caso de la docente, contó que “se presentó el jueves pasado un hábeas corpus en la justicia ordinaria del cual no hay novedades, no se fijó audiencia ni tampoco se hizo lugar a requerimientos para su resguardo. Ayer se suspendió una audiencia y esta demora nos llevó a presentar un hábeas corpus en la Justicia federal, desde donde se pidió un informe a la Justicia ordinaria y al Ministerio Público de la Acusación para que remitan motivos por los cuales se demoró la resolución de hábeas corpus”.

En este sentido, dijo que se desconoce “los motivos de la suspensión de la audiencia; tampoco fue reprogramada ni tampoco es usual. Tiene que haber ocurrido algo grave, un impedimento personal o de salud de los jueces intervinientes. Se tiene que tomar una medida inmediata para escuchar a las partes”.

Continúan las protestas en San Pedro

Alcira García es una educadora de San Pedro que, al igual que sus pares de toda la provincia pertenecientes a la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), continúa exigiendo mejoras salariales al Ejecutivo provincial, la derogación de la reforma de la Constitución provincial, y adhiriendo a las protestas de comunidades aborígenes.
En la ciudad, tanto García como sus colegas de la ciudad permanecen protestando al costado de rutas y caminos, esperando una respuesta del gobierno de nuestra provincia.
La permanencia al costado de rutas y caminos se realiza desde el 5 de junio; docentes rotan en turnos matutinos y vespertinos.
El paro de docentes del sector tuvo inicialmente un acatamiento del 98%. Hoy es de aproximadamente 80%.
El principal reclamo de educadores de San Pedro es salarial; también adhieren al pedido de derogación de la Reforma constitucional y a reclamos de comunidades aborígenes.
Solicitan la equiparación de horas cátedra y aumento salarial cercano o equivalente al precio de la canasta básica.
Protestan por el descuento salarial escalonado por días de paro.
Aunque de forma pacífica, aseguran que mantendrán el paro por tiemplo indeterminado.
Consideran que debe haber un pronunciamiento (negativo) del Concejo Deliberante de San Pedro de Jujuy acerca de la reforma constitucional.
Protestan por el estado edilicio de edificios escolares; reclaman la apertura de nuevas instituciones antes que la remodelación de viejas estructuras.
Consideran que el gobierno consigue, obtiene o destina fondos a ofertas salariales superadoras cuando las protestas alcanzan las calles.
Consultada por la caída de reservas hoteleras, falta de insumos, problemas de atención médica y otros inconvenientes provocados por los cortes de ruta, la docente no se refirió a esas cuestiones.

Organizaciones sociales cortaron accesos a la capital

En las últimas horas de la mañana del martes, distintas organizaciones sociales y piqueteras de Jujuy y de alcance nacional cortaron rutas y caminos de acceso a San Salvador Jujuy adhiriendo a una protesta nacional decidida para exigir mercadería y herramientas para estas instituciones y nuevos programas sociales.

En la ocasión se expresaron también en contra de la reforma de la Constitución jujeña impulsada por el gobierno.

Asimismo, anunciaron que continuarán cortando accesos a la ciudad exigiendo que se derogue la Carta Magna provincial; el miércoles 5 de julio las protestas comenzaron a las 8:00.

· “Todos tienen tres trabajos para llegar a fin de mes”.

· “Estamos acá contra la reforma antidemocrática y anticonstitucional”.

· “La situación es insostenible; mientras el gobernador está haciendo campaña por distintas provincias los jujeños nos estamos muriendo de hambre. La clase media desapareció, si no somos pobres somos indigentes. No solamente tenemos que tener un trabajo sino dos o tres”.

· “La medida se extenderá hasta las 20:00 (del martes 4 de julio); volveremos al corte de ruta en los próximos días. El miércoles la protesta comenzará a las 8:00. En los barrios la necesidad es más profunda”.

· “Mientras Gerardo Morales hace campaña la necesidad crece y es injusto que tengamos que salir a la ruta”.

Amenazan con desalojar la Finca El Pongo

Lino Calisaya, residente de Finca El Pongo, denunció que quienes cortaron rutas y caminos en la zona recibieron órdenes de desalojo. También contó que la Policía Montada va a los cortes intentando secuestrarles sus caballos.
La postura de la Intergremial y comunidades aborígenes de Jujuy es innegociable e intransigente: no parar hasta que se derogue la reforma parcial de la Constitución de Jujuy.

Tanto estos como otros sectores realizaron y realizan las acciones que consideren necesarias para lograr su cometido; entre las mismas, cortes de rutas y caminos tanto nacionales como provinciales. Lino Calisaya vive en El Pongo; fue a caballo en reiteradas ocasiones a cortar ruta 66, y dijo que, al estar allí, junto a otros habitantes de la zona, fueron expuestos ante el gobierno, por lo que recientemente recibieron órdenes de desalojo de sus tierras.
“Algunos tienen deudas de este año que se pagan a fin de año pero, de todas maneras nos intimidaron, el gobierno y los administradores de Finca el Pongo”.
20 personas del Cadillal, Hornillos y La Posta recibieron las notificaciones que Calisaya menciona.
Además, contó que por ir a caballo a los cortes “la Caballería se está prendiendo para quitarnos los animales”.

Los Concejos deliberantes rechazan la Reforma

A un mes del inicio de las protestas que tienen en vilo a Jujuy, la tensión ahora se acelera sobre nuevas dinámicas que llevan el conflicto a lugares insospechados.
Es que la pueblada de la madrugada del sábado en Humahuaca, que terminó con represión y la declaración del Concejo Deliberante local en contra de la Reforma constitucional dictada por el gobernador Gerardo Morales, despertó nuevos bríos en los distintos distritos de la provincia, cuyos habitantes ahora les exigen la misma resolución a sus cuerpos legislativos. Un efecto dominó que no parece encontrar freno, ya que llegó hasta San Salvador, la mismísima ciudad capital.

En Tilcara, distintos pobladores se movilizaron ayer hasta el Concejo Deliberante de esa localidad turística de la Quebrada para exigirles a los concejales que sesionen. A diferencia de lo sucedido en Humahuaca, donde los manifestantes rodearon el recinto (que funciona en el mismo edificio de la municipalidad), en este caso los tilcareños prefirieron apelar a un recurso menos violento, pero igual de operativo: la recolección de firmas para darle representación ciudadana a un pedido por escrito.
El HCD tilcareño tiene seis concejales, tres de ellos de la UCR. Naturalmente, los ediles partidarios de Morales faltaron tanto el lunes como este martes, ardid para evitar el quórum y de esa forma impedir la sesión. Este miércoles será el tercer intento. Mientras tanto, los reclamos callejeros se multiplican y mantienen la expectativa de que el Concejo pueda sesionar a través de una convocatoria especial, recurso que el reglamento permite siempre y cuando se cumplan una serie de protocolos. Los objetivos son dos: lograr la declaración de rechazo a la reforma constitucional y también hacer uso de la denominada “séptima banca”, una especie de “escaño del pueblo” que no tiene voto, pero sí voz.

La Quiaca había dado el primer paso con una minuta de declaración movilizada por su propio intendente, aunque para no quedarse relegado tras las avanzadas de los distritos humahuaqueños es que se pidió además que el Concejo Deliberante se expidiera a través de una resolución formal. Eso finalmente ocurrió el martes con un escrito bastante explícito en el que»rechaza en todos sus aspectos la aplicación de la reforma parcial de la Constitución de la provincia de Jujuy en la jurisdicción de la municipalidad de La Quiaca», «repudia el accionar represivo e inconstitucionalde las fuerzas de seguridad de la provincia», «manifiesta absoluta solidaridad y acompañamiento al pueblo jujeño que se expresa libremente en contra de la reforma” e “insta al Poder Ejecutivo provincial a tomar una actitud de conciliación y diálogo para escuchar las demandas del pueblo y replantear la reforma”.

Los ejemplos de Humahuaca, Tilcara y La Quiaca inspiraron a otras localidades de la provincia a intentar motorizar lo mismo en sus respectivos cuerpos legislativos.
Así está sucediendo desde martes en Abra Pampa, Uquía, Maimará, Libertador General San Martín y Perico. Todas esas localidades abarcan las cuatro regiones jujeñas: la Puna, la Quebrada, la Yunga y los Valles.

En Abra Pampa se desarrolla el piquete más férreo, el primero donde se realizó una interrupción total de la ruta (en este caso, la 9), después de declararlo por un lapso de 48 horas a partir del domingo a la tarde. Uquía, en tanto, es el bastión principal del departamento de Humahuaca y uno de los más fuertes de toda la Quebrada junto al de Purmamarca. Y Maimará, por su parte, representa una clara muestra del “efecto derrame” de la metodología tilcareña por pedir la declaración del Concejo a través de un texto firmado, ya que ambos pueblos están contiguos.

Libertador General San Martín es el nudo más fuerte de la zona conocida como El Ramal, al oeste de la provincia. A la vez que Perico representa un lugar de importancia estratégica no solo por allí encontrarse el aeropuerto principal, sino también porque arrima el reclamo prácticamente a las narices de San Salvador. Una cercanía incómoda para Morales, quien tiene en la capital su propio palacio gubernamental, aunque no asiste al mismo desde que decidió irse de la provincia tras la violenta represión del martes 20 para dedicarse exclusivamente a la campaña de su precandidatura como vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta. La muestra clara de la incomodidad que genera Perico está en que fue el único corte de ruta en el que intervino expresamente la policía jujeña luego de la violenta intervención represiva en las barricadas del cruce entre la 9 y la 52, sobre el acceso a Purmamarca.

A pesar de la demonización que el elenco de Juntos por el Cambio de Jujuy repite para generar desprecio en los manifestantes, está claro que los reclamos se sostienen gracias a una heterogeneidad manifiesta en docentes, comunidades indígenas, organizaciones sociales, sindicatos, algunos productores, incluso gauchos.Todos lo hicieron con notas firmadas por los habitantes. Así quedó demostrado en el avance seguramente más irritante para la administración: este martes se supo que la Multisectorial (integrada por gremios varios, comunidades indígenas y organizaciones sociales) había hecho efectivo el pedido de rechazo de la Reforma constitucional al Concejo Deliberante de San Salvador. La capital jujeña suma un nuevo frente de reclamo un mes después de la primera movilización docente, aquel minuto cero de una tensión que hoy no tiene visos de pronta resolución.

Se hizo efectivo el pedido para rechazar la reforma en el Deliberante capitalino

La reforma constitucional sigue generando rechazos. Luego de expresiones en Concejos Deliberantes del interior, la Multisectorial hizo un pedido para que ediles de San Salvador se expidan al respecto.
Integrantes de la Multisectorial (intergremial más otros espacios como comunidades, gauchos y organizaciones sociales) confirmaban que iban a ir al Concejo Deliberante capitalino a ocupar la banca 13 llevando un proyecto mediante el cual intiman a concejales a declararse en contra de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy.
En el proyecto de minuta de declaración se intima a los ediles a “rechazar terminantemente el proyecto de reforma de la Constitución de Jujuy, planteando alternativas y rechazando los hechos de violencia institucional, pedido de diálogo a los poderes del Estado provincial, solidaridad con la ciudadanía que ha sido lastimada, incluso varios con discapacidad visual”. Asimismo, obligan a los concejales a “convocar y aspirar a la paz, la cual se torna dificultosa cuando se sanciona una reforma constitucional sin el marco de consensos básicos, a espaldas de la comunidad, en la clandestinidad, se aprueba y se modifican derechos básicos como derecho a la propiedad o los derechos sobre los recursos naturales, que afectan a la vida de nuestra comunidad”. Este planteo se hizo efectivo este martes con la presencia de los principales representantes de la agrupación en el cuerpo deliberativo.

Testimonios sobre el planteo de Lorena Alfaro, concejal capitalina: “Presentamos un proyecto junto con el concejal Flores porque entendemos que es lo que se debe, los concejales están para representar al pueblo y al haber sido aprobada esta reforma inconstitucional, hay que demostrar claros caminos al pueblo.
Consideramos que este Concejo Deliberante se tiene que expedir al respecto, por eso esta presentación. Es un proyecto de declaración que rechaza la reforma”.

Susana Ustarez de APOC: “Son tres los pedidos, una audiencia con el pleno de los concejales de todas las bancadas, en segundo lugar, la posibilidad de la banca 13 en el momento del debate y por supuesto el pedido del que el Concejo se expida contra la reforma como están haciendo otros cuerpos deliberativos en el interior”.

Mercedes Sosa de CEDEMS: “Esta es una expresión más de las que venimos haciendo para que se expidan porque está claro que acá no hubo un respeto a los derechos, más allá de que la Constitución esté aprobado, esta es una instancia más para poner en público la opinión que tenemos”.

La Haine