Nueva arremetida golpista y neoliberal en Bolivia

Si las tareas de conspiración e inestabilidad que fueron preparadas durante tres años para realizar el Golpe de Estado de 2019 al gobierno de Evo Morales del Movimiento Al Socialismo (MAS); en el momento actual, cuando el gobierno democrático boliviano, dirigido por Luis Arce y David Choquehuanca, también del MAS, apenas cumplió un año y medio, están en acelerado avance con las acciones de los mismos protagonistas del pasado y encabezados, como entonces, por Fernando Camacho, en ese momento líder del Comité Cívico y ahora Gobernador del departamento oriental de Santa Cruz.

El cuartel superior de estas operaciones se encuentra constituido por un equipo de exministros neoliberales que residen en Miami y coordinan con los enemigos de las revoluciones cubana y venezolana y con representantes y senadores estadounidenses claramente identificados con las políticas intervencionistas del imperialismo en América latina y el Caribe, y son estos los que financian al golpismo.

Los medios de comunicación de la oligarquía empresarial, conformados por redes de televisión, medios escritos y agencias de noticias, nuevamente cumplen la tarea de generar un dispositivo discursivo que pretende influir en la opinión pública exacerbando problemas, buscando crear condiciones de incertidumbre e impulsando una agenda pública proclive a desgastar las políticas del gobierno. Esta actividad es complementada por las noticias falsas o falsificadas que se emiten sistemáticamente en las redes virtuales.

El mencionado Camacho lanzó, en los últimos diez días, la consigna de enfrentar la decisión gubernamental de postergar la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, con la realización de paros de actividades departamentales contando con el apoyo del Comité Cívico y las logias de Santa Cruz y secundado por el político conservador Carlos Mesa, ex vicepresidente del ultra neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada. De esta manera se pretende crear un clima de protesta social y política.

Frente a esto el presidente Arce se reunió con los gobernadores, los alcaldes municipales y los rectores de universidades de todo el país para coordinar las fases y el calendario para la realización del Censo.

Por otra parte, se han presentado súbitamente demandas de la corporación de profesionales médicos, de esposas de militares y policías procesados por haber participado en el Golpe de Estado de 2019 y de plataformas ciudadanas que levantan consignas de “lucha contra la dictadura”, realizando marchas de protesta por las calles de la sede de gobierno. De manera coincidente se producen actos de toma de tierras y enfrentamientos entre grupos interesados y efectivos policiales en el oriente cruceño, en la zona de Las Londras, se denuncian presuntos casos de vínculos entre campesinos cocaleros con el narcotráfico y paralelamente los terratenientes productores de granos y soya hacen ocultamiento de productos para afectar los precios.

Al respecto, los grandes supermercados y cadenas de venta de alimentos suben los precios realizando etiquetado arbitrario a los productos de consumo general, mientras los vendedores de mercados y ferias populares en los barrios de las ciudades mantienen los precios estables. Si bien el gobierno logró denunciar y controlar a quienes ocultan grandes cantidades de alimentos, aún no controla y sanciona a las cadenas comerciales que están provocando la especulación de precios y el malestar de la población.

La respuesta a estas acciones desestabilizadoras ha surgido desde los movimientos sociales, sindicatos, mujeres, campesinos y urbano populares rechazando los preparativos de conspiración con la organización de marchas masivas y de defensa del proceso boliviano. En este contexto, se hace imprescindible recordar que para los gobiernos nacional-populares “gobernar es movilizar”, como afirmaba el sociólogo argentino Horacio Gonzales.

CALPU