Otra vez, no nos ven

El candidato a presidente por Unión por la Patria y ministro de Economía en funciones, Sergio Massa, realizó hace pocos días una serie de anuncios con beneficios a diversos sectores para intentar compensar los efectos de la alta inflación y de la devaluación que siguió a las elecciones primarias. Entre esas medidas, nuestro sector, el trabajo autogestionado, brilla por su ausencia.

Otra vez, no nos ven. Incluso si consideramos que una gran parte de las personas integradas en cooperativas de trabajo figuran como monotributistas, estas resoluciones son, en el mejor de los casos, insuficientes: el no cobro (o, en realidad, la postergación de ese cobro) del componente impositivo del monotributo, y créditos a tasa 0 a los que, en general, los monotributistas cooperativistas no pueden acceder.

No es la primera vez que esto sucede. Para poner un ejemplo, durante el período del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), en plena pandemia, el reclamo de las cooperativas de trabajo era no haber sido incluidas ni en los ATP destinados a las empresas privadas y a sus empleados en relación de dependencia, ni en los distintos programas sociales. Tampoco en períodos anteriores la cuestión fue muy diferente, con escaso lugar en la política pública para las cooperativas de trabajo.

Lo que subyace a esta ausencia de políticas es una concepción que no logra ver la existencia de un tipo de trabajador diferente del asalariado formal y del no registrado o, incluso, de aquel que forma parte de alguna organización de la economía popular y recibe el “potenciar”. Según esta visión, hay dos grandes conjuntos de trabajadores: el representado por su sindicato, que está formalizado y goza (aún) de los derechos laborales y a la seguridad social, por un lado, y el de la economía popular, encuadrado en los movimientos sociales que conforman la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), por el otro.

Para estos dos grandes grupos la cosa está clara y el problema, en el caso de los asalariados formalizados a través del sector privado, es la resistencia de las patronales a pagar el bono de suma fija decretado por el gobierno. Además, para la franja de mayores ingresos entre los trabajadores, se eleva el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, mientras sectores empresarios reciben amplios beneficios impositivos, entre otras medidas. Para el sector de la economía popular, por su parte, se dará un aumento para los planes sociales. La autogestión, organizada en cooperativas de trabajo, no es contemplada.

Se podría decir que esto responde a la poca capacidad de movilización del sector, que lo hace menos visible que los grandes sindicatos y movimientos, a su número menor (se calcula que asociados y asociadas a cooperativas de trabajo no pasan las 200.000 personas), o a la falta de peso político de sus organizaciones, especialmente en contraste con la CGT, la CTA o la UTEP.

Ojalá fuera solamente eso. El problema es que no se nos ve porque no hay siquiera instrumentos normativos que señalen nuestra existencia, más allá del reconocimiento de las cooperativas. El trabajo autogestionado no existe como una relación laboral por sí misma, diferente del asalariado (público o privado) y del informal o no registrado. No goza de derechos laborales ni a la seguridad social, a tal punto que se usa para darle cierta cobertura una figura impropia, tributaria, como el monotributo. La cuestión es tan grave que como solución, incluso por parte de quienes conducen la política específica encarnada en el INAES, se propone un tipo especial de monotributo en lugar de legislar para que el trabajo autogestionado, colectivo, sea una forma legal, además de legítima, de trabajar en la Argentina.

Está claro que en la coyuntura en que nuestra sociedad se debate después del resultado de las PASO, el peligro es mucho mayor y nada podemos esperar para resolver esta cuestión si alguna de las opciones de derecha o ultraderecha llega a la presidencia. Razón de más para atender ya la solución de uno de los problemas que limitan, y seriamente, no solo el acceso de los trabajadores autogestionados a medidas de gobierno y derechos laborales, sino su potencialidad para ser una alternativa real para el trabajo y la producción que ayude a solucionar los graves problemas sociales que impactan en la vida de nuestro pueblo.

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