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Padres de los estudiantes: “No confiamos en el presidente, la lucha sigue”
“No hay acuerdos con Peña Nieto, con el sufrimiento no se negocia”, fue la síntesis de los familiares de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos luego de reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto el miércoles. Tras más de un mes de movilizaciones, cortes de ruta y paros, volvieron a exigir la aparición con vida y el cese de la criminalización contra los normalistas. “No vamos a confiar en el Gobierno Nacional hasta que haya resultados”, agregaron.
“Para mí mi hijo no está desaparecido, fue raptado por los municipales de Iguala (…) Queremos justicia.”, sostuvo Emiliano Navarrete Victoriano, uno de los padres. “33 días de sufrimiento para nosotros y no vemos respuestas, no hay resultados; estamos desesperados, pero no cansados, la lucha sigue”, agregó otro en la conferencia de prensa tras la reunión con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto.
Los más de 80 familiares nucleados en el Comité de Padres de Familia de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos estuvieron más de siete horas en la Casa de Gobierno: habían llegado a la residencia de Los Pinos al mediodía, pero se quedaron porque el presidente se resistía a firmar la minuta de la reunión, la cual estampó a alrededor de las 20 hs.
Allí se estableció un petitorio de diez puntos en con un eje en común: no confían en la labor de los funcionarios y organismos del Estado Federal. “No vamos a confiar en la palabra del presidente ni en los compromisos que dio en cadena nacional hasta que nos presenten resultados”, sostuvo uno de los padres de los desaparecidos, Felipe de la Cruz.
La principal exigencia es la búsqueda y aparición con vida de sus hijos desaparecidos hace 34 días y fueron taxativos al respecto: no habrá otra reunión con el Ejecutivo hasta que no haya señales claras. Una vez más desconocieron el trabajo de la Procuraduría General de la Nación (PGR) y destacaron que sólo reconocerán los resultados del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Luego, reclamaron que la investigación avance en las responsabilidades políticas, principalmente de los funcionarios municipales de Iguala y estatales de Guerrero, sus vínculos con fuerzas policiales y parapoliciales, y lazos con el narcotráfico. En ese sentido, exigieron la no criminalización de los estudiantes, frente a los intentos de la Procuraduría General de La Nación de involucrarlos en el crimen organizado.
También se pidió justicia por los estudiantes de Ayotzinapa asesinados en el 2011 por la policía en el marco de una protesta del sector: “no hay resultados de los responsables”, indicó luego de tres años de pedido de justicia una de las hermanas de las víctimas que estuvo en Los Pinos.
Luego, se incluyó una demanda por la defensa de la educación pública de los normalistas: se estableció el compromiso del Gobierno de “realizar un programa de redignificación de la infraestructura y los espacios de las Escuelas Normales Rurales del país (…) a fin de que proporcionen educación de calidad en los términos de la Constitución”.
