Petro: Conmoción interior, timonazo y estallido social

Los contextos y las formas políticas no se congelan como tal vez pretendan sujetos cargados o contaminados con preceptos ideológicos desuetos y ahistóricos; que los hay, y pululan en todos los espacios encargados de las configuraciones sociales, económicas, culturales y políticas, con la preponderancia de las infraestructuras tecnológicas que dan hoy sustento a la comunicación humana.
Todo se mueve de manera incesante; todo cambia y fluye en la dialéctica perpetua de la naturaleza, que abarca las múltiples dimensiones de la vida social en una mutación febril e incontenible.
La ultraderecha colombiana al tiempo que juega en el bloqueo y destrucción de la línea rupturista, liderada e impulsada por el presidente Gustavo Petro, perfila en el futuro cercano (2026) su regreso a los espacios del gobierno, de los cuales fue desalojada por un potente movimiento social (abril del 2021), colocado en un modo de explosión geológica que conmovió los más profundo de la sociedad nacional hasta apalancar el ascenso del poder popular a los puntos centrales del gobierno.
Con casi treinta meses de gestión (desde agosto del 2022), la presidencia de Gustavo Petro, ha sido la primera experiencia histórica de un proyecto de izquierda popular en Colombia, planteado como una alternativa al poder de la vieja y poderosa oligarquía terrateniente, financiera, comercial y burocrática, portadora de inmensos privilegios.
Han sido 30 meses de turbulencia y aguda disputa política en que la resistencia y el bloque popular accedió a nuevos espacios y recursos políticos en favor de los derechos de millones de colombianos, aunque no con la plenitud que se quisiera, como en el caso de la paz, la reforma agraria, los cambios laborales, la depuración militar/policial, la garantía del derecho a la vida (masacres y asesinato de líderes sociales), el monopolio de los pulpos mediáticos, el uso impecable de los fondos ambientales y la transparencia en la gestión de los presupuestos públicos (Unidad de riesgos, Agencia de tierras, regalías, Sena, Sae, infraestructura educativa, etc.).
Explicable -dada la diferencia en votos registrada en la elección presidencial del 2022-, la conformación del gobierno y los equipos ministeriales con la participación de representantes de los grupos tradicionales, asociados con las fracciones burocráticas del clientelismo bipartidista, designados como ministros y directivos en altos cargos de la institucionalidad, aunque su excesiva gravitación ha implicado la perplejidad, la crítica y el escepticismo de amplios grupos populares regionales y sectoriales que han resentido las concesiones burocráticas y presupuestales a reconocidas mafias y clanes imperantes en gobernaciones y alcaldías, mismas que siguen protagonizando el consabido saqueo de los dineros públicos en complicidad con fracciones y agentes del campo progresista.
De igual manera, es notable la ausencia de una estrategia más coherente de interlocución y acción compartida con las expresiones de los modos productivos de las pequeñas economías que involucran millones de personas en la producción lechera, azucarera, cafetera, arrocera, panelera, aguacatera y del comercio minorista, aunque el gobierno se apresta (a través del Departamento para la Prosperidad Social) a canalizar grandes partidas presupuestales para dar sustento a las economías populares ligadas a la innovación social y el emprendimiento.
Pero donde han surgido grandes dificultades es en el tratamiento de la inveterada violencia colombiana, que es una herencia colonial y bipartidista, incrustada en lo más profundo de la nacionalidad; se trata de un fenómeno poliédrico del que, a pesar de los múltiples estudios y análisis, no se logra acertar en su erradicación definitiva.
Que es lo que ha intentado el presidente Petro con su programa de Paz total con la aprobación de una Ley (la 2272 del 2022) y la organización de unas Mesas de diálogo y negociación con los principales agentes de la violencia política (actores guerrilleros) y delincuencial (neo paramilitares urabeños y bandas urbanas).
Una de esas Mesas, la conformada, bien temprano, con el Eln, mostró desde sus inicios, un plausible desarrollo con la organización de un plan de trabajo, una metodología y un cuerpo temático pertinente que prácticamente asumió y recogió con lucidez más de 30 años de encuentros y desencuentros de esa organización revolucionaria con el estado oligárquico colombiano.
La materia con más elaboración, en ese escenario con varios ciclos de reuniones, fue la de la democracia y la participación popular, que alcanzó a construir un documento histórico en la perspectiva de la erradicación del viejo Estado excluyente y promotor de la violencia contra la sociedad y los sectores populares a través de sus aparatos militares/policiales, burocráticos y judiciales.
Desafortunadamente, la falta de pericia o el exceso de prejuicios (y hasta la mala fe) de importantes gestores oficiales de la paz llevó a la bancarrota de tal dispositivo de concertación. La no aplicación del precepto que estableció el cumplimiento inmediato de los pactos (para despejar la natural desconfianza popular hacia un Estado mentiroso y estafador como el nuestro) en temas como el pleno reconocimiento de la naturaleza política y rebelde –no criminal- de la fuerza guerrillera y la protección humanitaria de las poblaciones asediadas por el neoparamilitarismo de los urabeños minaron hasta arruinar este loable esfuerzo y audaz esfuerzo de paz. Obviamente, el afán de alimentar divisiones en la otredad convocada a la concertación hizo el daño adicional correspondiente.
Hoy la violencia está en auge por todo el territorio nacional, con el Catatumbo como epicentro de la misma, con fuerte encadenamientos geopolíticos por la implicación de otros estados y otros conflictos de escala continental, que la ultraderecha quiere manipular (impulsando y demandando la invasión militar de Caracas) para facilitar su ofensiva global agitando la bandera de la seguridad, que será la utilizada por el fascismo para manipular electoralmente a la ciudadanía en los próximos 18 meses hasta llegar a la elección presidencial colombiana de junio del 2026, donde los riesgos para el bloque popular son altísimos, si se considera el retorno de Trump al mando del estado imperialista norteamericano y la masiva guerra cibernética (con inteligencia artificial a bordo) para engañar y apabullar la multitud.
La violencia exacerbada en su actual versión (en el tercer ciclo de este fenómeno), con situaciones dramáticas como la del Catatumbo, que está implicando desplazamientos masivos y muchas muertes (aunque no con las dimensiones de la que sucede en Gaza con el pueblo palestino, que está develando la “polpotizacion” de las democracias liberales occidentales), ha provocado la intervención, como es obvio, del presidente Gustavo Petro, para contener el daño en el tejido social local y enderezar la gestión de la paz.
Como dando un necesario “timonazo al escenario sobreviniente (y al configurado en los últimos meses con la crisis fiscal y presupuestal por el bloqueo parlamentario de la ultraderecha), Petro ha tomado la decisión de acudir a un instrumento que la Constitución política le ofrece para facilitar el manejo de procesos disruptivos con tendencias muy explosivas para su desempeño gubernativo.
En ese sentido, el jefe de la Casa de Nariño, ha recurrido a la Conmoción interior, institucionalizada en el artículo 213 de la Constitución política y reglamentada en la Ley 137 de 1994, para solventar los problemas que están alterando gravemente el orden público y ciudadano en el Catatumbo y el departamento del Cesar, e igualmente afectando el funcionamiento financiero del gobierno central sometido al bloqueo fiscal por la ultraderecha saboteadora, atrincherada en los poderes legislativos, judiciales y mediáticos.
El uso de la Conmoción interior y la excepcionalidad democrática por parte de un líder de la izquierda en funciones presidenciales, no corresponde a los patrones autoritarios y militaristas con los que la ultraderecha fascista ha utilizado esta figura que se adoptó para, supuestamente, corregir las arbitrariedades que acompañaron el Estado de sitio permanente decretado desde 1950 en adelante hasta 1991.
La Conmoción interior en curso bien puede alcanzar los niveles de un “significante vacío” que sirva al liderazgo nacional popular para sintetizar un dispositivo estratégico en la disputa con la ultraderecha, que está anticipando un triunfo arrollador en la sucesión presidencial del 2026.
Se trata de un dispositivo que puede contribuir a reorganizar y relanzar la estrategia de Paz, a recomponer las relaciones con el gobierno bolivariano de Caracas (que ya dio un importante paso con el dialogo entre los dos presidentes y la reunión de los Ministros de Defensa en San Cristóbal), a darle nuevos cauces a los potenciales de un eventual “estallido social” (abril del 2021) en los términos de lo dicho en Cali por Fabio Arias, el presidente de la CUT, y a propiciar un nuevo sistema de alianzas latinoamericanas frente a las agresivas manifestaciones del imperialismo rapaz de Trump que ya ejecuta una descomunal ofensiva contra la población migrante en Estados Unidos y se propone anexar a Canadá, Groenlandia, retomar el Canal de Panamá, apalancar la hegemonía del estado terrorista de Israel en el Medio oriente y entrar por la libre en México, con la previa declaración como terroristas a los carteles de la droga de ese país, no obstante que impugna la ruta de integración de Taiwán por el Estado central Chino, la presencia rusa en el oriente de Ucrania para contener el expansionismo fascista de la Otan y los legítimos reclamos de Venezuela sobre la Guayana.
En suma, La Conmoción interior y sus decretos reglamentarios (para hacer los arreglos tributarios necesarios, cortar la corrupción y proteger las libertades democráticas frente a los riesgos del militarismo), en la acción del presidente Petro, ha de permitir dar un “golpe de opinión” (https://rebelion.org/29-meses-del-gobierno-petro-entre-agrio-y-dulce/ ) que encauce un eventual estallido social a la manera como ocurrió en abril del 2016, recupere la ruta de la paz y consolide la transición política democrática en los términos del esquema moldeado por las potentes movilizaciones por la paz y contra el despotismo ultraderechista en los años 2016, 2019, 2020 (banderas rojas), en la histórica revuelta popular de abril del 2021 y la derrota electoral de la ultraderecha fascista en las votaciones presidenciales del 2022.
Un “golpe de opinión” que pare en seco la rampante corrupción protagonizada por los clanes regionales que siguen despojando miles de millones de pesos hacia los bolsillos de reconocidos gamonales, como el actual gobernador (uribista) de Norte de Santander, William Villamizar, quien elaboró desde el 2023 un Plan de inversiones para el Catatumbo por 400 mil millones de dólares (Un billón 600 mil pesos) en asocio con el comisionado uribista de Paz Fabio Valencia Cosio –ex ministro del interior de Uribe Vélez-; Plan cargado de corrupción e ineficiencia porque no ha servido para superar los más graves problemas sociales del Catatumbo; Plan que ha sido utilizado para comprar y manipular líderes sociales cooptados con órdenes de prestación de servicios de tres meses degradando de esa manera el tejido social comunitario y alimentando la violencia por la rabia que se incuba en las comunidades al no ver atendidas sus necesidades más apremiantes.

La Haine