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Programas sociales: entre la mejora de ingresos y la precarización laboral
El ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo confirmó que su cartera podría implementar un nuevo sistema que obligue a los beneficiarios de planes sociales a brindar una contraprestación laboral, con la que redondearían una retribución igual al salario mínimo, que hoy se encuentra en 16.875 pesos.
El esquema se implementaría a partir del 20 de febrero, en el marco del programa “Pintando Escuelas”, como prueba piloto. “El objetivo más claro es que las personas vayan pasando del plan social al trabajo”, explicó Arroyo. “La idea es poder extender el programa a cinco rubros: la construcción, para veredas, vivienda, cordón cuneta, infraestructura básica, aunque también podría extenderse a la producción de alimentos, la industria textil, la economía del cuidado de personas y el reciclado” y se estima que podría llegar a involucrar a casi 400.000 personas a nivel nacional, empezando por los beneficiarios de los planes Salario Social Complementario y Hacemos Futuro.
El objetivo es que como retribución a esos trabajos, el Estado complete la diferencia entre el monto percibido por el plan y los 16.875 del Salario Mínimo Vital y Móvil. También se prevé el lanzamiento de una serie de capacitaciones certificadas, para que los asistentes cuenten con un comprobante de especialización que luego puedan presentar ante un empleador privado.
El planteo de Arroyo retoma la lógica de la contraprestación laboral a cambio del subsidio, implementada años atrás a nivel nacional y recientemente retomada por el gobernador Axel Kicillof para algunos planes en la provincia de Buenos Aires. “Vamos en dirección de que las personas que tienen planes sociales puedan tener un trabajo”, destacó el ministro de Desarrollo Social.
El proyecto ya ha comenzado a aplicarse sobre la base de la firma de convenios entre la cartera social y 15 provincias. La primera etapa consiste en el reclutamiento de unos 30.000 beneficiarios para la reparación, pintura y desmalezamiento de escuelas en ese número de provincias. «Durante febrero se van a reparar unos 2.000 establecimientos en todo el país», anunció el ahora subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local, Daniel Menéndez, quien llegó a ese cargo a partir de su rol como coordinador nacional del movimiento Somos Barrios de Pie.
Los convenios que ya están firmados establecen que las provincias y municipios aportan los insumos y materiales y la cartera de Desarrollo Social, «a quienes acrediten haber trabajado», le deposita un plus equivalente a otro programa. Como el monto de esos beneficios representa, por ley, el 50% de un Salario Mínimo Vital y Móvil, con ese adicional, percibirán un ingreso equivalente al SMVM, hoy situado en a los 16.875 pesos.
El trabajador deja de percibir el beneficio extraordinario en el momento en que concluye la tarea que, en este primer caso, está pautada solo para el mes de febrero. «La idea es encontrar un mecanismo para avanzar progresivamente en nuevas posibilidades de trabajo que el Estado genere», explicó Menéndez.
Además, subrayó el funcionario, «venimos de un esquema donde el programa social estaba atado al estudio. El macrismo desmanteló las unidades ejecutoras y productivas. Lo vamos a revertir y vamos a hacer un programa único para impulsar el empleo en cinco áreas: el sector textil, el reciclado, la economía del cuidado, la industria de alimentos y la construcción. Es a partir de ahí que se van a estructurar las políticas sociales».
A diferencia del requisito educativo, la contraprestación laboral no será compulsiva, sino una opción a la que podrá volcarse el beneficiario del plan aunque será vehiculizada a través de las organizaciones sociales existentes. «El Estado va a inducir a que se generen condiciones para integrarse a los sectores productivos y las personas se vuelquen a esta modalidad», dijo Menéndez.
Sin embargo, desde otras organizaciones sociales también llegaron los cuestionamientos. Eduardo Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero, señaló que «el problema no es la contraprestación. Lo que tiene que haber es trabajo. Si hay una persona desocupada tiene que haber un seguro para que los que produjeron la crisis banquen a los heridos». Para Belliboni, «es un cuento chino mediante el cual se introduce la precarización laboral. Es gente que trabaja en municipios o en la UOCRA. No hay que reclamarle al desocupado que trabaje, sino al Estado que tenga una política que genere empleo», disparó.
El programa está «al filo de la precarización», como reconoce el mismo Menéndez que, sin embargo, asegura estar «dando esta discusión porque trabajamos sobre el universo de la Economía popular y en una realidad que existe hoy y que está exenta de derechos. No vemos todavía que esos cuatro millones de trabajadores de la Economía popular se puedan insertar entre los ocho millones de trabajadores registrados».
Tamara Seiffer, investigadora del CONICET y especialista en políticas sociales y pobreza, recordó que «la propuesta no es novedosa en nuestro país. Contamos con una larga experiencia en políticas asistenciales con contraprestación en trabajo. Fueron los Planes Trabajar y los Jefas y Jefes implementados en la última gran crisis. No es casual que se vuelvan a presentar ahora. Uno de los principales logros que tienen es el de proveer de mano de obra barata para la política pública. El gobierno, por un lado, restringe la contratación de personal y, por el otro, resuelve parte de la política pública con trabajadores fuera de convenio y sin derechos laborales ni de agremiación».
Para la licenciada en Trabajo Social y docente de la UBA, esta política está «en consonancia con el discurso que instaló el macrismo durante su gobierno ya que legitima la idea de que para recibir una asistencia estatal hay que ganársela».
Seiffer opinó que, en definitiva, «el problema de la cantidad de obreros y obreras que deben ser asistidas por el Estado para vivir está dado por la magnitud que hoy tiene el desempleo y la pobreza en nuestro país. Pero no podemos tener una mirada de corto plazo, de apenas cuatro o cinco años, sino una mirada que nos lleva, por lo menos, a mediados de la década del 70. En su momento, en forma incipiente y luego de manera más generalizada, el capital que opera en la Argentina empieza a necesitar de una riqueza extraordinaria sobre la masa salarial del conjunto de la clase obrera. Para que los capitales que operan en la Argentina puedan obtener sus ganancias deben atacar los salarios de los trabajadores. Se encuentra ahí la principal explicación de lo que hoy estamos presenciando y que está mediado por movimientos cíclicos atados a los precios de las commodities y la demanda de mercancías agrarias y los ciclos de deuda que tienen un movimiento contrapuesto a la renta de la tierra».
En la misma línea, Belliboni del Polo Obrero, destacó que «la política de empleo del gobierno, e incluso la política social, está condicionada al pago de la deuda externa. El mismo Daniel Arroyo dice que se manifiesta a favor de la universalización de los planes sociales pero que no tiene presupuesto. El gobierno incumple la emergencia alimentaria que se votó el año pasado. Entonces, la contraprestación es una malversación de una palabra. Lo que hace falta es trabajo. La economía no despega, ni en las fábricas ni en la obra pública, para cumplir con los compromisos con el FMI y con los acreedores privados».
La CTA de los Trabajadores pidió la libertad de Milagro Sala y el juicio político para el juez Baca
La central sindical CTA de los Trabajadores se sumó a los pedidos de libertad de la dirigente social Milagro Sala, presa en Jujuy, y de juicio político para el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de esa provincia, Pablo Baca, quien dijo que la mujer está detenida «no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo».
La entidad afirmó en un comunicado que respalda «categóricamente el proyecto de declaración» presentado en el Congreso por su titular y diputado Hugo Yasky, con el apoyo de Andrés Larroque, Mara Brawer, José Luis Gioja, Pablo Carro, Vanesa Siley y Marcelo Koenig, que «repudia este entramado ilegal de Morales para perseguir a Milagro Sala».
Allí también se insta a la Corte Suprema nacional a «intervenir en las causas por las que nuestra compañera aún permanece privada de su libertad», añadió. Yasky pidió además «que se promueva el juicio político a Pablo Baca, paradigma de lo que el sistema democrático de nuestro país debe erradicar».
«Milagro Sala nunca debió pasar un día privada de su libertad: debe ser liberada inmediatamente. Esperamos contar con ella, más temprano que tarde, en las tareas gremiales que miles de afiliados y afiliadas a la CTA le han conferido con el voto para el mandato 2018-2022», agregó la entidad gremial.
En un audio conocido en los últimos días Baca dijo, entre otras cosas, que Milagro Sala está presa «no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas».
La CTA sostuvo que el gobernador jujeño, Gerardo Morales, «logró colonizar al Superior Tribunal de Justicia», lo cual demuestra su «cabal afán por controlar los hilos judiciales de su provincia». Milagro Sala sigue detenida en su domicilio.
Acto y acampe por la liberación de Milagro Sala
Al cumplirse cuatro años de la detención de Milagro Sala miembros de la Tupac Amaru, organizaciones sociales, sindicales y políticas realizaron un acampe en que finalizó con un acto en el Obelisco.
“Milagro está bien, ansiosa por salir. No pierde la esperanza”, afirmó Iván Wrobel, integrante del Comité por la libertad de Milagro Sala. “Llevamos muchos años reclamando justicia, necesitamos avances”, sostuvo Wrobel quien reclama que la justicia revise cada una de las causas de los presos políticos.
Por su parte, Alejandro Garfagnini, vocero de la Tupac Amaru, explicó que durante los últimos cuatro años fueron “víctimas de un modelo persecutorio montado en toda la región. No es muy casual que todas las detenciones arbitrarias y políticas que hubo en Ecuador, en Bolivia, en Brasil con Lula sean todos opositores”. Agregó que es muy claro que «hubo un modelo en estos cuatro años de perseguir opositores y estigmatizarlos a través de algunos medios, de cooptar sectores de la justicia para perseguirlos”.
Jujuy: Jornada de protesta por la crítica situación social
Más de 20 organizaciones sociales llevaron adelante el jueves 6 de febrero una jornada de protesta en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Los reclamos se realizaron en distintos puntos de la ciudad: en la Secretaria de Tierra y Vivienda, Ministerio de Medioambiente y Ministerio de Desarrollo Humano y, posteriormente, en Casa de Gobierno. Pero ningún funcionario se hizo presente para dialogar y dar una respuesta, las puertas estuvieron cerradas.
La Mesa Provincial de Organizaciones Sociales organizó esta medida de fuerza a causa de la inoperancia y la falta de respuesta a los ya reiterados pedidos dirigidos al gobierno para que resuelva la difícil situación social y económica que atraviesan las familias afectadas por la desocupación, los aumentos desmedidos, la falta de tierra y viviendas, y el crecimiento de la pobreza en la provincia de Jujuy.
Algunas de las organizaciones que participaron fueron: A.T.D (Asamblea Trabajo Dignidad), C.C.C (Corriente Clasista Combativa), M.T.E Movimiento de Trabajadores Excluidos, MP DIGNIDAD, PADRES SOLIDARIOS, PUEBLO UNIDO, CONSEJO DE PUEBLOS ORIGINARIOS LLANKAJ MAKI, M.N.C.I Movimiento Nacional Campesino Indígena , OPL (Organización Campesina de los Perilagos), A.F.F.A.J, Ni un Pibe Menos Por la Droga, F.O.B (Federación de Organizaciones de Base), entre otras.
Organizaciones sociales se movilizan para pedir «un aumento urgente de ingresos»
Movimientos sociales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se movilizaron ante el Ministerio de Desarrollo porteño para reclamar «un aumento urgente de los ingresos para poder hacer frente a la creciente inflación acumulada durante el 2019».
Además, las organizaciones convocantes exigieron que se les pague a los trabajadores de las cooperativas que presentan servicios en la Ciudad los sueldos adeudados que corresponden al mes de enero.
Los manifestantes se congregaro en la esquina de Pavón y Entre Ríos, frente a la cartera de Desarrollo Social, al considerar que en el distrito más rico del país «nadie puede resignarse a trabajar en condiciones de precariedad».
«En este contexto social y económico, vemos con gran preocupación la demora en la prórroga de los convenios de trabajo para este año 2020, debido a la consecuente demora del pago de enero, teniendo en cuenta que ya está finalizando el mes de febrero», señalaron en un comunicado Barrios de Pie, Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa, Frente Popular Darío Santillán (FPDS), Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), CTA Autónoma Capital, y otras agrupaciones.
«Exigimos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una urgente recomposición de ingresos del 30% correspondiente al año 2019, para compensar lo perdido y el adelanto del nuevo convenio», apuntaron.
Las organizaciones abajo firmantes reclamaron en esta protesta «aumento para las y los cooperativistas; apertura de los programas de empleo y construcción de nuevos puestos de trabajo; igualación de los convenios a todas las cooperativas; regularización y actualización de la situación de los comedores; entrega inmediata de útiles escolares y guardapolvos; y actualización de compras a los productivos de la economía popular».
Dirigentas de la CTEP quedaron a cargo de la Secretaría de Integración Socio-Urbana
Se publicó en el Boletín Oficial la designación en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que encabeza María Eugenia Bielsa de las dirigentes de la CTEP Fernanda Miño y Fernanda García Monticelli que impulsarán la integración social y urbana de los más de 4.000 barrios relevados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Miño, que será la titular de la Secretaría, es concejal en San Isidro, catequista, integrante de la Mesa Nacional de Barrios Populares y dirigente barrial en La Cava; mientras que García Monticelli, que fue designada como Subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales de la Secretaría de Integración Socio-Urbana, es abogada y dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Ambas desarrollaron el Renabap, un detallado mapa de las villas que construyó la CTEP como base de la ley de regularización dominial.
Desde el Frente Patria Grande se aportará un Plan Maestro de Integración Socio-urbana a la cartera de Bielsa, con el detalle de las obras necesarias para garantizar servicios de electricidad, agua potable, cloacas, alumbrado y pavimentación en los barrios populares relevados en todo el país, además de la propuesta de construcción de centros educativos y de salud, programas de reciclado y recolección de residuos, entre otras iniciativas productivas para la Economía popular.
Nuevos tractores para los trabajadores del FOL
En Misiones, cooperativistas del FOL recibieron dos vehículos que destinarán al trabajo en huertas y chacras en las regionales de toda la provincia. Estos dos vehículos servirán para facilitar el trabajo en los productivos de chacras y huertas grandes e intensivas que posee la organización para el cultivo de verduras y hortalizas. El objetivo es maximizar la producción para generar más cupos laborales.
El proyecto aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social contaba con un monto total de $12.000.000, con el cual se efectuará la compra de desmalezadoras, arados, soldadoras y herramientas para el trabajo manual. Además, se llevarán a cabo capacitaciones para los cooperativistas sobre cómo utilizar y cuidar la maquinaria, además de criterios de seguridad y clases de manejo.
“Lo que veníamos haciendo en distintos lugares de la provincia como Montecarlo, Oberá y Apóstoles era la siembra en las chacras de mandioca, zapallo, pepino, maíz, calabazas, y también en huertas tenemos lechuga, acelga, cebolla de verdeo, perejil y apio. Y es por eso que está herramienta para nosotros es un gran paso para poder producir más y a la vez se pueda dar más trabajo para más compañeros”, afirmó Eduardo, militante del FOL. En la provincia también cuentan con un camión para la distribución de la materia prima.
Los trabajadores que agrupa el FOL y que gozarán de este nuevo beneficio luego de realizar el trabajo de manera manual durante años son alrededor de 340. El desarrollo de huertas comunitarias es un proyecto que el FOL desarrolla en gran parte de las provincias en las que tiene trabajo territorial, y se enmarcan dentro del programa de diez puntos que elaboró dicha organización como propuestas para salir de la crisis.
Según contaron desde el FOL “la idea es llevar adelante prácticas que aunque sean experiencias a muy pequeña escala sirvan para prefigurar las formas de producción, organización y trabajo que queremos construir”.
De esta manera, dentro de sus 10 puntos explican que: “Nuestro país cuenta con grandes recursos naturales, que debemos entenderlos como bienes comunes, no privados. La Naturaleza nos ha brindado buena tierra, agua, minería y energía que se la apropian les capitalistas dejando contaminadas todas las comunidades. Con una inversión eficiente planificada democráticamente podemos contar con energía, alimentación barata y sustentable ambientalmente. Y al mismo tiempo podemos generar un excedente que sea reinvertido para dar mejores servicios.”
De esta manera las huertas persiguen distintos objetivos, tales como generar empleo genuino, cuidar el medio ambiente y defender los territorios del saqueo y la explotación sin límite que conlleva la agricultura en el marco del sistema capitalista. A la vez que permiten abastecer a los comedores de la organización de productos saludables y orgánicos, dando respuesta también a la necesidad de cientos de familias que de otra manera no pueden llevar un plato de comida diario a la mesa.
Surgió la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores
En Argentina son más de 150.000 cartoneros/as que recolectan en promedio 10.000 toneladas de residuos por día. Esta tarea permite ahorrar dinero y energía además de evitar el daño ambiental que produce la disposición final de los residuos y, por supuesto, permite que todas esas familias tengan un plato de comida en su mesa a diario. Son ellos y ellas quienes enfrentan la crisis ambiental, social y económica proponiendo una salida colectiva.
A pesar de ser actores fundamentales en el circuito de recuperación y reciclado dentro de una sociedad, la tarea de los y las recicladoras no es reconocida ni remunerada por igual en todo el territorio. Históricamente, los trabajadores y trabajadoras cartoneras realizaron su labor en condiciones indignas, sin ningún apoyo o reconocimiento. Incluso, cargando con el estigma social por su modalidad de trabajo.
Por este motivo, surgió la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, una herramienta reivindicativa para la defensa de los derechos de los/as cartoneros/as de todo el país y por la lucha en pos de sistemas de reciclado con inclusión social.
