Rechazan condena sin pruebas de 4 presos políticos mapuche de la CAM

En nuestra opinión, lo acontecido durante el mes y medio del juicio refleja un patrón de discriminación y criminalización impulsado, avalado y promovido por el Estado de Chile, su Gobierno y el Presidente Gabriel Boric. Estas acciones se inscriben en un progresismo liberal que reprime movimientos populares, una tendencia que satisface las demandas de la extrema derecha y el gran empresariado.

Convocados por las familias de los Presos Políticos mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) – Ernesto Llaitul Pezoa, Ricardo Delgado Reinao, Esteban Henríquez Riquelme y Nicolás Villouta Alcamán -, hemos participado como Observadores Internacionales en el proceso del Juicio Oral llevado en contra de los 4 weichafe.

Este juicio dio inicio el miércoles 4 de octubre de 2023 y culminó con la lectura de la sentencia el día 16 de noviembre recién pasado, en la localidad chilena de Los Ángeles, provincia de Biobío, en Chile.

A lo largo de este extenso y agotador proceso hemos estado atentos a todos los acontecimientos en torno a él, denunciando las numerosas violaciones de derechos que se han cometido durante su desarrollo.

Ahora, y tras una condena que consideramos injusta y política, manifestamos nuestra preocupación por la evidente ausencia del debido proceso. Carencia que queda patente en la redacción misma de la sentencia, la cual hace referencia en repetidas ocasiones a la pertenencia a la CAM de los 4 comuneros, como elemento central para justificar la condena. Esta sentencia resulta, a nuestro juicio, del fruto de un proceso viciado por el racismo, los prejuicios, la falta de garantías y la negligencia que se hace evidente en una condena grotesca a más de 15 años.

Como Observadores, hemos constatado situaciones sumamente preocupantes que no protegieron ni aseguraron las condiciones mínimas para la defensa:

1. El equipo de defensa evidenció y resaltó una de las más graves violaciones al debido proceso: la condena de una persona por su proximidad al lugar donde se cometió el delito. Decisión que carece de testimonios, testigos o pruebas científicas que vinculen a los comuneros condenados con una participación punible.

2. El juicio se llevó a cabo en formato virtual, a pesar de que el Estado de Alerta Sanitaria en Chile finalizó el 30 de agosto de 2023. El Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles solicitó continuar con un año más de procedimientos telemáticos. Este sistema excluyó a familiares y Observadores de Derechos Humanos de las audiencias. Es importante recordar que, según sus propias leyes, el Estado está obligado a facilitar el acceso público a las audiencias. Excluir a los familiares constituye una omisión grave.

3. Además, denunciamos múltiples violaciones de los derechos de los comuneros durante el juicio. Una de las más preocupantes fue la imposición de grilletes americanos o esposas en manos y pies. Esta medida evidencia la falta de igualdad ante la ley y viola el principio de presunción de inocencia, al considerarlos culpables antes de ser condenados.

4. A todo esto se suma, que se observaron momentos de misoginia extrema por parte del Fiscal hacia las defensoras de los comuneros mapuche, situación que no recibió el tratamiento adecuado por parte de los jueces del tribunal.

5. Finalmente y frente al pronunciamiento de los jueces sobre que esta sería una ‘‘condena ejemplificadora’’, señalamos que lo único que queda probado y ejemplificado es el racismo y la persecución hacia el pueblo mapuche por parte de la justicia chilena, ya que estos jóvenes representan la lucha histórica de este pueblo.

En nuestra opinión, lo acontecido durante el mes y medio del juicio refleja un patrón de discriminación y criminalización impulsado, avalado y promovido por el Estado de Chile, su Gobierno y el Presidente Gabriel Boric. Estas acciones se inscriben en un progresismo liberal que reprime movimientos populares, una tendencia que satisface las demandas de la extrema derecha y el gran empresariado. Y en el afán por demostrar un respeto incondicional a la institucionalidad liberal que traspasa límites y vulnera los derechos de las personas.

Nos parece también relevante mencionar el fallo ‘Norin Catriman y otros vs. Chile’, emitido el 29 de mayo de 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado de Chile porque estimó vulnerados, entre otros, el principio de legalidad y el principio de igualdad que prohíbe imponer discriminaciones arbitrarias.

Estos derechos, nuevamente, son flagrantemente violados por las juezas Marisol Panes, Constanza Naranjo y el juez Christian Osses del Tribunal Oral Penal de Los Ángeles, con este fallo desproporcionado y sin fundamentos probatorios.

Reiteramos que la Coordinadora Arauco Malleco ha sido históricamente objeto de persecución y estigmatización debido a su legítima lucha por los derechos del pueblo mapuche. El Estado de Chile ha empleado tácticas brutales de terrorismo de Estado contra ella, que van desde asesinatos hasta detenciones y persecuciones de sus miembros, familias y simpatizantes, vulnerando sus derechos fundamentales.

Denunciamos públicamente esta situación y hacemos un llamado a las organizaciones populares y sociales a unirse a esta declaración, difundiéndola más allá de los medios oficialistas y gubernamentales. Reafirmamos nuestro compromiso y solidaridad con los luchadores de la CAM que han sido injustamente condenados por el Estado de Chile.

LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE
Noviembre, 2023