Reflexiones sobre el salario mínimo para 2020 en Colombia

En un país en donde son tan pocas las convenciones colectivas de trabajo y la negociación salarial por empresa o industria es tan débil, la negociación del salario mínimo nacional es una oportunidad para llegar a la mayoría precarizada y desorganizada de la clase trabajadora y proyectar una identidad obrera y popular común más allá de marcos locales y sectoriales. ---- El salario mínimo en Colombia decretado por el gobierno de Iván Duque para 2020 quedo en $877.803 pesos mensuales, monto que sumado el auxilio de $102.854 pesos de transporte, llega a un total de $980.657 pesos al mes y un crecimiento del 6%. El aumento general frente a 2019 fue de $49.687 pesos y en el rubro de auxilio de transporte de $5.822 pesos, para un total de $55.508 pesos de aumento bruto. Según este esquema la hora ordinaria de trabajo se pagara entonces a $3.657 pesos y el salario diario se fijará en $29.260 pesos. Este salario sin transporte, rubro que muchas empresas burlan habitualmente, implica $266.97 dólares o 240.19 euros para el tipo de cambio de mediados de enero de 2020, lo que mantiene el país como el cuarto salario mínimo más bajo de Suramérica y uno de los más regresivos y desproporcionados en comparación con el precio la canasta básica de alimentos.

El gobierno del antiguo asesor de la banca comercial Duque y su ministra de trabajo Alicia Arango, ex secretaria privada del gobierno Uribe y administradora de personal de entidades públicas con contratos precarios como Coldeportes, ICBF e IDRD, expidió el decreto de fijación salarial, tras no llegarse a ningún acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, fijando un aumento igual que el de 2019. En las negociaciones el gobierno había propuesto la fórmula "conciliadora" del 5.2% que luego subió ligeramente. El aumento supuestamente seria del doble de la inflación estimada por el Banco de la República para 2020, es decir el 3.4%. Sin embargo, solo el año pasado la cifra real de inflación del país fue del 3.84%, superior en un 30% a la estimada por el Banco, en un tiempo en que según el DANE la cifra de alimentos de la canasta familiar superó el 6% de acumulado en el año, y por lo tanto creció mas que el pasado incremento salarial.

Para explicar su política salarial restrictiva, el gobierno Duque explico que en el paquete de reformas que instalo para combatir el paro nacional del 21 de noviembre, incluido el proyecto de ley de la precarizadora reforma laboral del senador Álvaro Uribe Vélez, se establece una prima adicional para compensar esta situación, para trabajadores que devenguen menos de 1.5 salarios mínimos, proyecto que supuestamente habría conversado con empresarios y políticos afines. En materia económica es claro que el gobierno subordina su política salarial a su objetivo hasta ahora parcialmente fallido, de control inflacionario y la estrategia general de ajuste económico implementado por medio de la reforma tributaria.

La negociación fallida

La instancia de negociación salarial de 2019 duro todo el mes de diciembre. A su alrededor el gobierno uribista desarrollo escenarios informales de reunión bilateral con empresarios y sectores sindicales, para plantear la necesidad de llegar a un acuerdo nacional en un momento político de debilidad gubernamental y efervescencia popular causado por las grandes jornadas de protestas nacional de noviembre-diciembre.

Sin embargo, el esquema de concertación salarial volvió a fallar este año, desinflando las expectativas gubernamentales. Aunque el artículo 56 de la Constitución de 1991 estableció el mecanismo de concertación salarial anual, luego reglamentado en 1996, esta instancia sufre de fuertes limitaciones de legitimidad y participación. Desde 1997 y en los últimos 23 años de negociación, representantes patronales y obreros no han consensuado nada en 16 oportunidades y solo han concertado en 7 oportunidades, incluidas los acuerdos parciales de 2018-2019, realizados solo con los sectores menos exigentes de los sindicatos.

Las 3 centrales sindicales de tercer grado a nivel nacional, esto es: la mayoritaria Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la gobiernista Confederación General del Trabajo (CGT) y la centrista Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), así como las 2 organizaciones de pensionados, la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) y la minoritaria Confederación Democrática de Pensionados (CDP) que regresaron a la negociación en 2012, llegaron a la mesa con un acuerdo unificado y se mantuvieron en ese marco, algo bastante inusual para organizaciones como CGT y CDP acostumbradas a negociar a la baja y buscar malos acuerdos con la patronal. Las organizaciones sindicales pedían 8.1% de aumento y más adelante 8.0%, una propuesta que implicaba $600 pesos diarios más que lo finalmente concedido, aunque también esbozaron como elementos de agitación, la propuesta de un salario vital, que cubriera la canasta básica y se elevara a $1´500.000 pesos.

El que no se hubiera repetido el escenario de acuerdo parcial los dos últimos años entre CGT-CTC sin la concurrencia de la más representativa CUT, ni se hubieran utilizado los inflados resultados del censo sindical de 2017 para cambiar el funcionamiento de la mesa, y finalmente no se hubiera traducido en la mesa la buena voluntad que ha mostrado la organización cegetista liderada por el burócrata Julio Roberto Gómez con el gobierno Duque, obedece el significativo cambio de escenario político creado por la coyuntura de paro y protesta nacional y la exigencia masiva de la población de un mayor aumento salarial, que obligo a un marco de mayor intransigencia y unidad a las organizaciones obreras.

Los empresarios agrupados en el Consejo Gremial Nacional (CGN), que son como es habitual los claros ganadores de la jornada, iniciaron planteando un 4.5% y llegaron a ofrecer 5.88%. De forma clave, los representantes patronales se mantuvieron también unidos, cosa poco común, sobre todo por parte de sectores como la Asociación Bancaria y de Entidad Financieras (Asobancaria), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), defensores de los salarios más bajos posibles. Como de costumbre los empresarios sostuvieron el tradicional dogma neoliberal de que cualquier aumento salarial supuestamente derivaría en aumento del desempleo y la informalidad, tesis fuertemente contrariada por la evidencia vista en la historia reciente del país y el mundo. Los voceros de las patronales señalarón una supuesta falta de voluntad de los sindicatos, que parecen entender como la subordinación de los mismos a las cortísimas propuestas patronales, saludaron con entusiasmo la decisión gubernamental y hablaron con una fuerte arrogancia de clase de un incremento sustancial y generoso, que no se advierte en ninguna parte de la realidad económica.

Es importante señalar que sus centros de pensamiento y la prensa empresarial en bloque, volvieron a agitar la regresiva idea del salario mínimo diferencial por regiones, que supondría una baja general de salarios en las zonas más pobres y un retorno a la regresiva política vigente hasta 1983, al tiempo que cerraba filas en torno a la política económica general del gobierno y proyectos claves del ajuste como la reforma laboral y sobre todo la reforma pensional.

La necesidad de movilización

La derrota de la propuesta sindical es una lucha más que se abandona si tan siquiera comenzar. Las centrales son estructuralmente débiles en la mesa de concertación donde juegan contra la coordinación económica y política del gobierno y los gremios patronales, y lo son también en el terreno de la gran prensa empresarial que defiende las políticas económicas neoliberales. Su fuerza debería estar entonces en la calle, por lo que la pequeña concentración del 10 de diciembre en Bogotá en medio de las negociaciones, enlazada con las jornadas de protesta nacional de noviembre-diciembre, es una muestra positiva de la vía de movilización por esa demanda común que las lentas y corporativistas organizaciones sindicales, ya sean concertacionistas o clasistas, que afrontan este escenario hace ya 3 décadas, se han negado a desarrollar, aunque su urgencia hoy es clara.

El periodo de negociación del salario mínimo debería ser clave para las organizaciones sindicales, pues supone un momento de discusión pública sobre la política salarial y las condiciones de trabajo donde las trabajadoras esbozan reflexiones clasistas y una perspectiva crítica sobre sus condiciones de vida, es además un periodo donde las posturas de las centrales tienen su mayor proyección mediática y pueden despertar una importante simpatía de masas y es adicionalmente un escenario donde los gobiernos dejan ver con mayor claridad sus políticas económicas y sus muy restrictivas proyecciones concretas sobre las condiciones salariales y sociales de la población. Es en general una oportunidad desperdiciada que genera una sensación de frustración entre las trabajadoras y en contraposición forja un sentido de unidad y fortaleza entre la burguesía.

En un país en donde son tan pocas las convenciones colectivas de trabajo y la negociación salarial por empresa o industria es tan débil, la negociación del salario mínimo nacional es una oportunidad para llegar a la mayoría precarizada y desorganizada de la clase trabajadora y proyectar una identidad obrera y popular común más allá de marcos locales y sectoriales. La negociación interpela de manera viva a los 2.5 millones de personas y 11% de la población asalariada que gana el salario mínimo sobre todo concentradas en el comercio y los servicios, pero es además importante para una población obrera que por absoluta mayoría y en un 80% devenga menos de dos de estos salarios, y urgente para 12 millones de personas y el 50% del total de la población trabajadora que recibe ingresos incluso menores al salario mínimo, sobre todo en las regiones apartadas del centro y para sectores como las mujeres, la juventud y la población negra.

En ese sentido pensamos que la tarea de reconstruir la organización sindical de la clase trabajadora en clave democrática, unitaria y federalista e impulsar una tendencia sindical libertaria para ese propósito, sigue siendo fundamental.

¡Arriba las que luchan!

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