Reforma histórica de la Justicia en México

En los primeros minutos de ayer, 11 de septiembre, el Senado aprobó en lo general, por más de dos tercios de los votos (86 contra 41), la reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el propósito de sanear al Poder Judicial.

A menos de 20 días de que concluya el actual sexenio, se logró, con apego intachable a los procedimientos institucionales, la más relevante modificación a las estructuras legales que persistían del régimen que terminó formalmente el 30 de noviembre de 2018, y se da paso a una nueva etapa de la vida pública del país. En términos políticos, la larga y accidentada sesión senatorial de ayer y de esta madrugada representa una nueva y contundente derrota a las fuerzas derechistas en general, particularmente a las que se presentaron en coalición a la elección presidencial del pasado 2 de junio.

Por lo demás, la aprobación del componente más disputado del paquete de reformas constitucionales conocido como plan C marca el final de la burocracia que se adueñó del Poder Judicial y que lo convirtió en un reducto para la impunidad, la corrupción, el tráfico de influencias, el intercambio de favores, el nepotismo y el más ofensivo derroche de recursos públicos para sufragar la vida principesca de sus más altos funcionarios.

Ciertamente, la entrada en vigor de las reformas constitucionales tiene sus tiempos, pero es claro que la transformación del Poder Judicial empezará a surtir efecto desde el tramo inicial del próximo sexenio, lo que permite augurar mayor margen de acción para la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y mayor capacidad para aplicar las políticas públicas de su proyecto de gobierno sin tener encima la espada de Damocles de los fallos judiciales –particularmente, amparos y suspensiones– que se han emitido a favor de corporaciones y delincuentes y que tanto obstaculizaron la realización de obras y acciones de gobierno a AMLO.

Por otra parte, la composición de los tribunales mediante la elección de jueces, ministros y magistrados de entre candidatos seleccionados por su idoneidad para tales cargos, no exenta de riesgos, es un avance sin precedente en la democratización general del país y en la erradicación del carácter oligárquico que ha revestido el poder público en general desde hace décadas.

Si la coalición derechista perdió la votación dentro del recinto alterno de Xicoténcatl, en la calle perdió la credibilidad y la legitimidad que hubieran podido quedarle: las violentas incursiones a la sede principal del Senado y las torpes provocaciones de manifestantes en contra de la reforma mencionada exhibieron la bancarrota política de quienes se empeñaron, con arrogancia y a destiempo, en defender los privilegios de la casta judicial.

Con todo, el asalto al edificio de Insurgentes y Reforma y las agresiones a los efectivos del orden desplegados posteriormente alrededor de la casona de Xicoténcatl no sólo expresan la desesperación de una oposición sin rumbo, proyecto ni prestigio, sino que marcan un precedente indeseable en el país. Salvadas las diferencias, lo que debió ser una manifestación pacífica se convirtió en algo no muy distinto a lo que protagonizaron las hordas de Donald Trump el 6 de enero de 2021 en el Capitolio en Washington: el intento de interrumpir mediante la fuerza un acto institucional.

Afortunadamente, la situación no derivó en confrontaciones mayores ni en actos represivos. Ahora resulta imperativo que los opositores a la reforma judicial depongan actitudes irracionales y autoritarias, pongan fin a los paros injustificados de labores en el Poder Judicial y acaten la voluntad de una incontestable mayoría ciudadana, transformar aspectos torales de la vida institucional de México. No es aceptable que a nombre de trabajadores del Poder Judicial y de quienes se presentan como garantes de la ley y guardianes de la justicia se rompan puertas, se destrocen instalaciones o se agreda a personas, sean trabajadores o legisladores.

El intento de reventar la discusión de una iniciativa respaldada por tres cuartas partes de la ciudadanía significa desconocer la soberanía del voto popular