Represión a nueva ola de protestas de agricultores en Perú deja tres muertos

Tras la aprobación el martes de la nueva Ley Agraria en Perú, se han registrado nuevos choques entre policías y trabajadores agrarios. La represión dejó un saldo de tres muertos y 25 heridos.

La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) advirtió que la nueva ley agraria tiene “serias deficiencias técnicas que ponen en riesgo de desaparición 200 mil puestos de trabajo formales directos e indirectos”.

Para maquillar el ataque a los campesinos, el Congreso de Perú aprobó un bono del 30 % sobre el bajísimo sueldo mínimo de los trabajadores agroindustriales, que provocó la aguda crisis laboral que afronta ese sector desde hace casi un mes.

Poco después del visto bueno parlamentario a la Ley Agraria, que aún debe ser promulgada por el Gobierno para entrar en vigencia, los trabajadores agrarios han vuelto a calles en la provincia de Virú, del departamento norteño de La Libertad, para mostrar su descontento por la nueva normativa.

Conforme a medios locales, con imágenes de los hechos, los trabajadores intentaron bloquear pacíficamente la carretera Panamericana Norte, pero fueron reprimidos por la policía. Sin embargo, lograron su cometido horas después a la altura de Virú. Fue allí que, en su intento de despejar la vía, los agentes policiales lanzaron bombas lacrimógenas y dispararon con fuego real.

El jefe de la Oficina Defensorial de La Libertad, José Agüero Lovatón, informó que la violenta represión a las protestas se cobró la vida de tres personas y dejaron heridas a otras 25 y un bebé que resultó afectado por los gases lacrimógenos. 

Las autoridades peruanas confirmaron la muerte de dos personas por impacto de bala policial durante las protestas. La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, expresó su aversión ante esta medida de la policía y condenó “estos lamentables hechos”.

En la primera ola de protestas agrarias, también varios campesinos perdieron la vida por el accionar represivo de la policía. Al respecto, las organizaciones pro DDHH denunciaron la “violencia excesiva ejercida por la Policía contra los manifestantes y periodistas” durante las movilizaciones.