Se cumplen tres años del asesinato de la lideresa hondureña Berta Cáceres

Este 2 de marzo, se cumplen tres años del asesinato de la lideresa campesina y referente del feminismo hondureño, Berta Cáceres. Ante este aniversario, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), al que pertenecía Cáceres, convocó a una acción global para denunciar la muerte, en manos de sicarios, de la también ambientalista.

Nacida el 4 de marzo de 1972 en la comunidad de La Esperanza, fundadora, en 1993, del COPINH, Berta tuvo un reconocimiento internacional como defensora de la naturaleza y de los derechos de las mujeres.

El 30 de noviembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia de Honduras condenó a siete personas de las ocho acusadas por el asesinato de Cáceres y la tentativa de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro. El crimen se consumó pese a que Cáceres contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para protegerla de las constantes amenazas que recibía.

Los sentenciados fueron Mariano Díaz, Douglas Bustillo, ambos ex oficiales del Ejército de Honduras, y Sergio Ramón Rodríguez, este último ejecutivo de la Empresa Desarrollos Energéticos (DESA). Además, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte fueron condenados por los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa del ambientalista mexicano.

Desde el COPINH, propusieron que el 2 de marzo, frente a las embajadas de Honduras en el mundo, se levante un altar, al mismo tiempo de que se exija la captura de los autores intelectuales del crimen y la cancelación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. A su vez, se pidió que se realice una campaña por las redes sociales con las etiquetas #JusticiaParaBerta #FaltanLosAtala #3AñosSinJusticia.

Berta fue asesinada en medio de una fuerte lucha contra el proyecto Agua Zarca, el cual no fue consultado con el pueblo lenca de Honduras y afecta a las comunidades indígenas de los municipios de Intibucá, San Francisco de Opalaca y San Francisco de Ojuera.

El COPINH advirtió que DESA “se constituyó como una estructura criminal que desarrolló sus ataques sistemáticos en contra de Berta Cáceres”. Para la organización indígena y campesina, estos ataques se pudieron realizar gracias al financiamiento y respaldo de bancos y empresas que apoyaron el proyecto al que se oponían los pueblos de la zona. El Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco de Desarrollo Holandés, el Banco Finlandés para el Desarrollo Industrial y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada son algunas de esas instancias.

La situación de violencia estatal y paramilitar en Honduras es crítica. El lunes último, fueron asesinados los líderes ambientalistas tolupanes, Salomón Matute y Juan Samuel Matute, del departamento de Yoro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en Honduras, organización que lucha por la defensa del medio ambiente y contra hechos de corrupción en el país.

El sábado pasado, Austra Berta Flores, madre de Berta, declaró a la prensa que “no hemos parado día y noche pidiendo justicia porque se van a cumplir tres años de su horrendo asesinato y aún no estamos conformes con la Justicia de nuestro país”.

La madre de la activista denunció que las autoridades de Honduras la han excluido a ella y su familia del proceso legal para esclarecer la muerte de la lideresa. “Se nos sigue negando la información, pero seguiremos batallando, haciendo movilizaciones y denunciando públicamente” la impunidad que prevalece en el caso, subrayó Flores, de 85 años.

No obstante, Austra Berta insistió en que debe investigarse y castigarse a los autores intelectuales de la muerte de su hija. “Todavía no se han dictado los años de sentencia para cada uno de los gatilleros (sicarios) y los autores intelectuales están completamente en la impunidad”, enfatizó Flores, que también ha sido una defensora de los derechos de los indígenas y la preservación del medio ambiente en Honduras. “Los autores intelectuales ni siquiera se mencionan”, por lo que la familia “vamos a seguir luchando hasta llegar a las últimas consecuencias”, enfatizó la madre de Berta.

El Ministerio Público de Honduras solicitó, a inicio de febrero, la apertura de juicio oral contra Roberto David Castillo, ex presidente ejecutivo de DESA, acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato. Según la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Castillo, detenido en marzo de 2018, fue el encargado de “proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya condenado por el crimen de la ambientalista”.

Austra Berta describió a su hija como una mujer “llena de vida, una luchadora incansable, defensora de la madre tierra, el agua, la vida y la vida de los indígenas”, y aseguró que el crimen de la lideresa de la etnia lenca “aún vive en la impunidad”. “Aunque ella no vuelva, no la volvamos a ver y a tocar, pero que, por lo menos, se haga justicia, que vayan a la cárcel esos asesinos asquerosos que le quitaron la vida a mi hija”, expresó.