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Chile :: 06/01/2005

Sobre el verdadero significado de la ley de reparaciones a los torturados

Colaboradores Anónimos Hommodolars
Texto de Alfredo Martinez, ex preso politico, en torno a las reparaciones propuestas por el gobierno chileno una vez conocidos los informes sobre la tortura en los 17 años de dictadura (difunde Kolectivo Hommodolars)

El día viernes 24 de diciembre del 2004 como regalo de navidad, fue publicada en el diario oficial la Ley de Reparación aprobado el 14 y 15 de diciembre por la Cámara y el Senado de República respectivamente. Todo fue muy rápido, extraño y espurio, nadie en el Poder Legislativo levanto un dedo para siquiera intentar cambiar aunque fuese una coma al texto original enviado por el Señor Presidente de la República, a pesar de las muchas declaraciones emitidas por los parlamentarios de la Concertación, los días previos, en orden a la necesidad de hacer una verdadera justicia y reparación, algunos Parlamentarios incluso usaron él termino: "aunque duela", como una forma de interpretar el espíritu que la Ley debería consignar para hacer justicia, otros como los parlamentarios de nuestra zona, no tuvieron vergüenza de presentarse a la Asamblea de la Agrupación Local de Ex pp. y torturados, para ofrecer el apoyo, decir lo justo de la necesidad de reparar, dijeron que trabajarían en buscar una buena formula para lograr los objetivos esperados, pero sin embargo, el día 14 y 15 de diciembre, de ellos nada se supo, se los trago la tierra, para transformarse en los fantasmas que siempre son cuando las personas necesitan de buenas leyes. Los parlamentarios demostraron ser entes sin escrúpulos, gente sin ética, que se burla de las necesidades de las personas.

El Gobierno y los Partidos Políticos que lo apoyan, han hipotecado una vez más los intereses de la gente, del pueblo, utilizaron el tema de las Violaciones a los Derechos Humanos en Chile, en función de sus propios intereses, a ellos solo les interesa estar en el Poder, sacar provecho de ello, congraciarse con los poderes fácticos del país, servirles eficientemente a las Empresas Transnacionales, olvidándose de los verdaderos problemas de la gente y del verdadero significado del compromiso que ellos mismo adquirieron, para hacer Justicia y Reparar. Todo quedo solo en un eslogan, en una utilización publicitaria que lleva a confusión a la opinión pública. Ricardo Lagos, dijo que el costo de Reparación significaba el equivalente a construir una carretera entre Santiago y Puerto Montt, que también significaba el costo de miles de desayunos que se le entregan a los niños pobres del país, todo era mentira, mentir y mentir que algo queda, esto fue denunciado en su momento por las Organizaciones Nacionales y Regionales de los Expp. y torturados.

Los Ex prisioneros y torturados sabemos que Chile es un país, con la más mala distribución de la riqueza, brecha que incluso se ha acrecentado durante los últimos 14 años, también los resultados conocidos e indesmentibles en la educación, dicen que el país esta pésimo en ese frente, la cesantía se mantiene en altos índices y el sistema no es capaz de resolverla, la salud se equipara a la de los países más pobre de la tierra, acrecentando su deterioro intencionalmente para privatizarla, transformándola en un negocio. Los políticos, los parlamentarios, nada hacen para mejorar las malas condiciones que afectan al pueblo. Sabemos que tenemos una clase política cara dura y que poco podemos esperar de ellos, que se aprovechan de la mala información que tiene la gente, y todo lo manipulan. Por ello nos obligamos, nosotros los Ex Prisioneros Políticos a informar a la opinión publica sobre los reales alcance de la Ley de Reparación número 19.992 para que se conozca su verdadero alcance evitando con ello confusiones y malas interpretaciones.

La Ley N° 19.992 entrega una pensión vitalicia de $112.000, a todos aquellos 28.000 Ex Prisioneros Políticos, calificados por la Comisión Valech, pero dice que esta es incompatible con una pensión de Exonerado Político y resulta que un 75% de los Expp. También son Exonerados, por lo tanto, este beneficio no lo pueden recibir, aquellas personas que reciben pensión como Exonerados. Lo paradojal de esta situación es que el Gobierno, mañosamente ha equiparado las definiciones de exonerado y prisionero político como iguales, algo totalmente aberrante e inconcebible, de lo cual se deduce al final que el 75% no tiene derecho al benéfico de la pensión.

La Ley N° 19.992 se refiere a un beneficio de Educación y dice muy claramente que tienen derecho a ese beneficio, quienes al momento de su detención estaban estudiando y por lo tanto, sus estudios fueron interrumpidos, en este caso también existe un engaño, ya que en tal situación no debería encontrarse un 5% de entre los 28.000 calificados.

Sobre el aporte en salud, dice la Ley que, los 28.000 Expp. Calificados por la Comisión Nacional, serán atendidos a través del sistema Prais. El sistema Prais, es un proyecto que existe hace más de 10 años, al alero y con aportes especiales del mismo Ministerio de Salud y que en la práctica no aporta una real solución, los que hacen uso de este sistema son tratados como indigentes, con muy mala atención ya que en este punto no debemos olvidar que en sí el sistema de salud pública del país funciona mal, al margen que no en todos los centros de atención del país conocen de la existencia de este proyecto. Por último en este punto, no se puede obviar decir que todos además cancelamos el 7% correspondiente a FONASA.. Este punto también es cero aporte.

En resumen y siendo los puntos anteriormente detallados los más importantes, se concluye que la Ley N° 19.992, no cumple ningún objetivo de reparación. El Presidente de la República, no toma en consideración las recomendaciones efectuadas por la Comisión, a la que también había mandatado con ese fin, por lo tanto, el costo de la Ley esta muy lejos de ser lo que el Gobierno publicita y sería sano que ahora que se sabe todo sobre la Ley de Reparación, se revisaran los reales costos, para que no se responsabilice a los Ex Prisioneros Políticos, de recibir lo que no reciben.

De lo Jurídico, ni hablar, se establece en la Ley una moratoria de 50 años, para poder hacer uso de los testimonios que se entregaron a la Comisión Valech, lo que significa que mientras tanto pueden continuar paseándose por las calles de Chile, los torturadores y sus protectores.

La ciudadanía, el pueblo de Chile, ahora objetivamente puede sacar sus propias conclusiones sobre la Ley N°19.992, de la actitud de los Parlamentarios y estos explicar si es que pueden, como la votaron y el doble discurso que siempre utilizan, cuestión a tener muy presente en el futuro. No queremos ni necesitamos más Judas, que venden y engañan a los pobres del país, es hora de decir basta y demostrarle a los que usufructúan del poder que las cosas tienen que cambiar, para no tener más leyes como la N° 19.992.

Alfredo Martínez C.

Agrupación Regional de Ex pp.

 

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