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Un caído más del magisterio democrático: David Gemayel Ruiz Estudillo
La Gendarmería Nacional y el Ejército Mexicano agredieron y golpearon a los trabajadores de la educación, estudiantes normalistas e integrantes del pueblo solidario que participaban, el 8 de diciembre pasado, en el boicot masivo contra la evaluación punitiva del magisterio chiapaneco, la cual se desarrollaba en la Escuela de Protección Civil, a la altura del crucero Llano San Juan, municipio de Ocozocoautla, Chiapas, cerca de la capital de la propia entidad, resultando muerto el profesor David Gemayel Ruiz Estudillo, socio de la Sección 40 (estatal) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, varios compañeros heridos y detenidos Alexander Lázaro Vicente, Óscar Oliver Espinoza Argüello, Eduardo de Jesús Bolaños Nanguse, Jorge Luis Guzmán Siu, Faustino Gómez Hernández y Luber Lauro López Domínguez. Estos hechos son un resultado directo de la política neoliberal y antinacional de la administración peñista.
En la forma indicada, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, con la utilización de diversos cuerpos policíacos y las fuerzas armadas, continúan intentando imponer la llamada reforma educativa, que como lo han sostenido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, otros sindicatos democráticos, partidos políticos de izquierda y analistas políticos e informadores, es, en realidad, una vulgar reforma laboral y administrativa, que está muy lejos de abordar los problemas centrales de la educación en México.
Nada tiene de raro, entonces, que tales métodos represivos gubernamentales hayan producido muchos heridos y presos políticos.
Para asombro de los sindicalistas magisteriales del extranjero, por primera vez en la historia universal un gobierno al servicio de la gran burguesía mexicana y los gobiernos y empresas trasnacionales de Estados Unidos, moviliza, en México, más policías y soldados que los trabajadores “vigilados”, golpeados y aprehendidos. Ya se dio la situación de que por cada maestro posible participante en la famosa evaluación… ¡intervinieron más de tres elementos de las fuerzas represivas! Con esto, seguramente, Aurelio Nuño debe haber roto más de un récord en América Latina y el mundo.
En la historia de México, jamás un bravucón de arrabal había lanzado tantas amenazas contra un grupo de trabajadores como Aurelio Nuño Mayer. Este señor mejor debería ser alcaide de una cárcel de alta seguridad y no secretario de Educación Pública. Si este golpeador al servicio de la oligarquía nacional y el capital extranjero se compara con Narciso Bassols, Ignacio García Téllez, Gonzalo Vázquez Vela y Luis Sánchez Pontón, queda reducido a su verdadera estatura política: un cantinflesco burócrata, apoyado por gente armada para imponer… ¡una dizque reforma educativa! A lo que han llegado los destructores de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y otras industrias entregadas a sus contlapaches de Estados Unidos, Canadá y Europa.
Pese a la agresiones ilegales y anticonstitucionales del gobierno entreguista de Peña Nieto, el movimiento magisterial democrático se mantiene en pie y con gran capacidad de convocatoria en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y otros estados. Con seguridad, sabrá responder en forma correcta a la política criminal de los vendepatrias en el poder y conducir a sus compañeros de gremio a la derrota y derogación de la llamada reforma educativa, para, a la larga, implantar con la participación de los profesores de base una verdadera reforma educativa, en beneficio del pueblo mexicano y no de sus explotadores y opresores.
De cara a los hechos del 8 de diciembre, la Sección 7 del SNTE, que agrupa a los trabajadores federales de la enseñanza del estado de Chiapas, plantea que repudia y responsabiliza a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco Coello por la muerte de David Gemayel Ruiz Estudillo “quien fue arrollado por un camión de la policía”; exige la libertad inmediata e incondicional de los compañeros detenidos; proclama responder a la política represiva oficial con las tácticas propias de la lucha sindical; responsabiliza a los gobiernos federal y local de la integridad de los trabajadores en lucha, y se pronuncia contra la impunidad de la agresión.
Para el movimiento social democrático de nuestro país es de cardinal importancia rodear de solidaridad activa a los integrantes de la CNTE y a todo el magisterio en lucha.
